Propuesta de reforma fiscal de UPyD

PROPUESTA DE REFORMA FISCAL DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

1º) BAJADA DE IMPUESTOS A QUIENES PAGAN DEMASIADO:
• IRPF:
- Derogación del gravamen complementario.
- Bajada adicional de un punto en los tipos de gravamen de los tres tramos más bajos de la escala.
- Fusión del 5º con el 4º tramo, dejándolos en 5.
- Actualización del mínimo personal y familiar de acuerdo con la inflación.
- Los “mileuristas” (las personas que ganen menos de 14.000 euros al año) no pagarán IRPF.

• IVA:
- Bajada del IVA cultural (teatro, cine…) del tipo normal (21%) al reducido (10%).
- Igualar libros electrónicos y periódicos electrónicos con las versiones en papel (IVA super-reducido del 4%).
- Bajada del IVA al material escolar (del 21% al 10%).
- Facilitar trámites, derecho (no obligación) de declarar por medios electrónicos.

• IBI:
- Tratamiento más favorable de la vivienda habitual mediante una reducción del 20% en la cuota (con un límite de 150 euros).

• Impuesto de Sociedades:
- Revisar las medidas de emergencia adoptadas en esta Legislatura, de forma que el beneficio definido a efectos fiscales se ajuste mejor al beneficio contable.
- Evitar el “efecto salto” en los tipos de gravamen que desincentiva el crecimiento de las empresas.
- Tratamiento de las situaciones concursales que favorezca el mantenimiento de la actividad.

• Impuesto del Patrimonio:
- Reducir los tipos en la tabla del impuesto, para que supongan un nivel de presión fiscal equivalente al que suponían cuando se aprobaron (corrigiendo así el efecto provocado por la disminución de los tipos de interés nominales con el fin de evitar la confiscatoriedad).

• IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana):
- Evitar que grave las ejecuciones hipotecarias.


• Supresión del Impuesto sobre los depósitos bancarios.

• Disminución (del 10%) del impuesto especial sobre la electricidad.

• Reducción paulatina de 2 puntos (equivalentes al 7%) en las cotizaciones a la Seguridad Social, en el marco de una mayor financiación del Sistema a través de los Presupuestos Generales del Estado (entre otras medidas, asumiendo la financiación presupuestaria de viudedad y orfandad) y del ahorro de las bonificaciones a las distintas modalidades de contratación  (innecesarias con un contrato único indefinido).

• Disminución de trámites y costes de cumplimiento.

• Mejora de la calidad legislativa y la seguridad jurídica.

• Disminución de la litigiosidad (consultas administrativas vinculantes, mayor especialización en fiscalidad del personal de los Tribunales Contencioso-Administrativos) y de los plazos de resolución de los litigios.

• Dotar de mayores competencias y medios al Defensor del Contribuyente.

2º) QUE PAGUEN MÁS QUIENES PAGAN MENOS DE LO QUE DEBEN.
2. A. LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.
Resulta imposible lograr un sistema fiscal equitativo con 8 puntos del PIB (80.000 millones de euros) que se dejan de ingresar cada año por el fraude fiscal.
• Concienciación ciudadana mediante:
- Campañas en los medios de comunicación.
- Contenidos en el sistema educativo.

• Organización de la AEAT. Elaborar un Estatuto Orgánico de la AEAT que garantice su independencia. Nombramiento del Director de la AEAT por mayoría cualificada del Congreso de los Diputados y por un período de cinco años. Determinación de los puestos de trabajo que podrán cubrirse mediante libre designación, reduciendo su número al mínimo imprescindible. Los demás puestos de trabajo deberán adjudicarse mediante concurso de méritos.

• Medios materiales y humanos de la AEAT:
- Tasa de reposición en las bajas del 100 por ciento.
- Plan plurianual de refuerzo de los medios materiales y humanos de la AEAT, que permita alcanzar en el año 2020 unos ratios similares a los del resto de países de la Unión Europea.

• Coordinación entre Administraciones Tributarias. Reforzar la coordinación entre las Administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, bajo el liderazgo de la AEAT, de modo que se garantice su efectiva y eficiente actuación en la lucha contra el fraude fiscal. Esta coordinación es especialmente necesaria en el caso de las administraciones forales.

• Coordinación con la Seguridad Social. Reforzar el intercambio de información con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, así como potenciar las actuaciones conjuntas de ambas instituciones en la persecución del fraude en aquellos sectores con gran volumen de economía sumergida.

• Coordinación internacional. La lucha contra el fraude fiscal internacional exige incrementar la cooperación internacional. A tal efecto se incrementará la participación y colaboración de la AEAT en las iniciativas de diversas instancias internacionales (OCDE, UE, G-20) relativas a intercambio de información fiscal y de experiencias sobre control fiscal. Especialmente en relación con las operaciones instrumentadas a través de paraísos fiscales.
• Policía fiscal. Suscripción de un convenio entre la AEAT y el Ministerio del Interior para la creación una Policía Fiscal, que permita utilizar medios de investigación policial y la creación de unidades especializadas en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. En dicha policía se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto con unidades operativas de Vigilancia aduanera.

• Límite temporal de las actuaciones inspectoras. Se modificará la normativa actual, que sanciona el incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras con la prescripción sobrevenida de la obligación tributaria.

• Incremento del plazo de prescripción administrativa de 4 a 5 años, igualándolo con el plazo vigente a efectos penales. Elevar este plazo hasta los 10 años en los siguientes supuestos:
- Cuando el obligado tributario haya utilizado negocios, entidades o jurisdicciones mediante los cuales dificulte su identificación o la determinación de la cuantía defraudada.
- Cuando el obligado tributario hubiere detentado un cargo público en el año del devengo de la obligación tributaria defraudada o dentro de los tres anteriores.
- Cuando el obligado tributario no hubiere presentado declaración alguna correspondiente al tributo y ejercicio objeto de liquidación, habiendo estado obligado a ello.

• Agravamiento del delito fiscal, estableciendo una pena temporal de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercantiles a los que fueren condenados por delitos fiscales en los que concurran circunstancias especialmente graves (como es el caso de la colaboración en el alzamiento de bienes).

• Planificación de las actuaciones inspectoras. Todas las Administraciones Tributarias ajustarán sus actuaciones de investigación tributaria a las directrices de un Plan anual conjunto de control.
Dicho Plan se inspirará en las siguientes directrices:
- Concentrar las actuaciones en los focos de fraude relevantes.
- Reforzar la actuación inspectora in situ y posibilitar la actuación de incógnito.
- Reforzar el control patrimonial de las personas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados.
- Incluir a los beneficiarios de la amnistía fiscal.
- Incrementar las obligaciones de colaboración de las entidades financieras.

• Dar a los consumidores el derecho a pagar mediante medios de electrónicos cualquier compra superior a 10 euros.





2. B. REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA FISCAL Y LUCHA CONTRA LA ELUSIÓN FISCAL MEDIANTE EL ENSANCHAMIENTO DE BASES IMPONIBLES:
• Transparencia fiscal, similar a la establecida en la mayoría de países de la UE, para que los beneficios no distribuidos se imputen anualmente a los socios, en:
- Instituciones de inversión colectiva.
- Sociedades de profesionales.
- Sociedades de mera tenencia de bienes.
- En el caso de las SICAVs, se requerirá además una participación máxima del 5% en el capital y que la AEAT (en vez de la CNMV) compruebe el cumplimiento de los requisitos exigidos.

• Revisión general de los beneficios fiscales (deducciones, exenciones, bonificaciones) establecidos a nivel central, autonómico y local, que hoy ascienden a 4 puntos del PIB, y mayor transparencia sobre quiénes son sus beneficiarios.

• Modelo holandés:
- Estudiar su implantación en el futuro, integrando en un mismo impuesto renta y patrimonio, e imputando a éste una rentabilidad mínima.
- Dar ya un primer paso en esa dirección, imputando una rentabilidad mínima ligada a la remuneración media de la deuda pública, inicialmente del 2%, a los patrimonios situados fuera de la UE (y, por tanto, menos accesibles a la inspección) que no declaren obtener ese mínimo.

• Impuesto de Sociedades:
- Ampliar la base del impuesto mediante el recorte de deducciones, respetando las de I+D y reinversión.
- Promover la creación de una base imponible común consolidada europea, que se reparta entre países en función de la presencia de la empresa en cada uno de ellos.

• Reducción en 1/3 de los parámetros que permiten el acceso al:
- régimen de estimación objetiva singular en el IRPF.
- régimen simplificado en el IVA.

• IRPF:
- Convergencia en el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital, volviendo a aplicar a éstas, cuando sean de naturaleza plurianual, el sistema de atenuación de la progresividad utilizado en la normativa original del IRPF (es decir, dividiendo la plusvalía entre el número de años en que se ha generado y gravando una anualidad al tipo marginal, las demás al tipo medio del contribuyente).

• Impuesto sobre Sociedades a las entidades financieras:
- Recargo extraordinario de 3 puntos durante 10 años. En vez del impuesto a los depósitos bancarios, pues sólo se paga si existen beneficios y es más difícil de trasladar.

• Impuesto especial sobre determinados medios de transporte:
- Gravar (coches, yates...) con un recargo en la cuota del 5%, que se aplicará sobre el montante del precio que exceda de 30.000 euros.

• Impuesto del Patrimonio:
- Límite conjunto de la cuota del IRPF y Patrimonio calculado sobre la base del patrimonio (no sobre la del IRPF, como sucede ahora).
- Exención de bienes empresariales del 75% (en vez de siempre del 100% como ahora). Podrá seguir siendo del 100%, pero en función del empleo: a razón de 150.000 euros de la base por cada empleado.
- Limitar el margen de las CCAA para alterar o bonificar el impuesto, estableciendo mínimos (basados en los valores medios actualmente vigentes) y bandas que no se puedan sobrepasar.

• Impuesto de Sucesiones y Donaciones:
- Limitar el margen de las CCAA para alterar o bonificar el impuesto, estableciendo mínimos (basados en los valores medios actualmente vigentes) y bandas que no se puedan sobrepasar.

• Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
- Limitar el margen de las CCAA para alterar o bonificar el impuesto, estableciendo mínimos (basados en los valores medios actualmente vigentes) y bandas que no se puedan sobrepasar.

• IBI:
- Limitar al 25% la posibilidad de exención discrecional de los ayuntamientos (hoy del 95%).

• IAE (Impuesto Actividades Económicas):
- Limitar al 25% la posibilidad de exención discrecional de los ayuntamientos (hoy del 95%).

• Fiscalidad ambiental:
- Introducir criterios medioambientales en el IBI, ligados a la certificación y calificación de eficiencia energética de la vivienda.
- Introducir criterios medioambientales en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ligados a las emisiones contaminantes del vehículo.






3º) DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SUPERFLUO.
No pueden disociarse los impuestos que se recaudan del gasto público que se pretende financiar con ellos. Evitar el derroche y el gasto innecesario es una de las formas de legitimar el Sistema Fiscal. Es necesario un recorte estructural del gasto público superfluo.
• Fusión de ayuntamientos.
• Supresión de Diputaciones provinciales.
• Eliminación de organismos administrativos duplicados e innecesarios, especialmente abundantes en las administraciones autonómicas (embajadas autonómicas, Defensores de Pueblo, Tribunales de Cuentas, Consejos Consultivos, CES…).
• Drástica reducción de los 4.000 entes públicos no administrativos de figuras jurídicas variadas (fundaciones, observatorios…).

OCA escribió:¿El IBI no depende de los consistorios? ¿De ser así poco se podría hacer desde el Estado no?   

Nafarra escribió:Veo que habéis renunciado a la supresión foral en una hipotética reforma fiscal.

adriancillo_ escribió:

¿que lso andaluces no son culpables? ¿Quien sino lleva votando 30 años al Psoe? y podriamos decir los mismo de los valencianos y camps en las pasadas elecciones, o el cacique que hay en muchos pueblos de españa, que hace y deshace a su antojo. El Psoe en Andalucia y Camps en Valencia no son impuestos por un ser divino, lo ponen los andaluces y lso valencianos con sus votos. Sabiendo como gestionan.