Propuesta gubernamental de reforma de las Administraciones Públicas

REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Gobierno propone eliminar los Defensores del Pueblo autonómicos y los tribunales de cuentas

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el informe para la reforma de las administraciones que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades

REPÚBLICA / EP | MADRID PUBLICADA EL 20-06-2013

El Gobierno sugerirá a las comunidades autónomas que eliminen determinados organismos cuyas funciones podrán ser asumidas a nivel estatal, entre ellas los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, o las agencias de protección de datos, entre otros. Esta es una de las propuestas que recoge el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA) tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la administración autonómica. Los detalles del informe apenas han trascendido, aunque el Gobierno lleva dos días presentando su reforma a bombo y platillo, pero aún así ya han sido contestados por un partido nacionalista. Se trata de Unió cuyo líder, Josep Antoni Duran i Lleida, ha calificado el trabajo de la CORA de "reforma encubierta del actual modelo competencial". En su cuenta Twitter, Duran se ha comprometido a preparar documentación para demostrar que, en lugar de las Autonomías, es el Estado "quien debe hacer los deberes" para evitar duplicidades. "Lo que debe hacer Rajoy es suprimir el Ministerio de Sanidad, el organismo Red de Parques Nacionales, el Imserso, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), el Instituto Nacional del Consumo (INC)....". Todo apunta que estamos en los prolegómenos de otro debate a cara de perro entre los gobiernos autonómicos y el central. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha revelado este jueves que el déficit autonómico se negociará en función de cómo aplique cada comunidad los recortes. Cataluña y otras autonomías están tan necesitadas de un déficit diferenciado que relaje sus deberes para este año que tal vez acaben pasando por el aro de la reforma administrativa. Pero no será un camino fácil. El Gobierno insiste en que no habrá destrucción de empleo, sobre lo que hay dudas teniendo en cuenta que se suprimen o se absorben determinados organismos.

El Gobierno de Mariano Rajoy propone la eliminación de los Defensores del Pueblo que existen en muchas las comunidades autónomas como una medida de ahorro, según se recoge en el informe sobre la reforma de las administraciones públicas que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones.

En ese extenso documento, que se dará a conocer públicamente este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se incluye el calendario de aplicación de las  medidas y el coste estimado de muchas de ellas. El gasto que implica mantener los defensores del pueblo autonómicos es una de las cifras que ha calculado el Ejecutivo, que aboga por su eliminación porque existe esa institución a nivel nacional, presidida en este momento por la exministra Soledad Becerril.

Fuentes del Ejecutivo han admitido que hay CC.AA en las que el Defensor del Pueblo autonómico, como ocurre en Cataluña con el Sindic de Greuges, tiene un “valor político mayor” y han subrayado que serán las comunidades autónomas las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Eso sí, el Ejecutivo ha recordado que Murcia y Castilla-La Mancha ya suprimieron sus defensores del pueblo autonómicos sin que ello haya supuesto un perjuicio para los ciudadanos de esas autonomías.
“Las CCAA pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto organización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos”, señala el Gobierno en un breve resumen del informe de la CORA adelantado este jueves a los medios de comunicación, en el que también se alude a la posibilidad de reducir el tamaño de las asambleas legislativas.

Fuentes de Moncloa han recalcado que la filosofía de este documento de la CORA –que estará encima de la mesa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio– no es la “desconfianza” sino la colaboración y la cooperación conjunta en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.  Así, según estas fuentes, este informe lo que se ofrece es una “guía” para avanzar en el camino de la eficacia y el ahorro.

Órganos estatales que pueden asumir la función

En el mismo capítulo de racionalización del sector público, el Gobierno plantea a las comunidades que por parte de órganos estatales se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos, un ofrecimiento que hace tras haber analizado “el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal con igual o mejor calidad”.

Éste es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos y órganos de defensa de la competencia, entre otros.

También se incluyen otras medidas que abogan por la “compartición de medios” entre las distintas Administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.

Ademas, se prevé la conexión de las bases de datos y los registros públicos estatales y autonómicos en distintos ámbitos, de especial relevancia para, por un lado, disponer del título habilitante en todo el territorio nacional para desempeñar una actividad; por otro, para conocer la totalidad de actuaciones públicas en cada sector (prestaciones asistenciales, subvenciones, ayudas a la actividad

Control de la creación de nuevos organismos

En el apartado de racionalización de la administración institucional, el Gobierno apuesta por aprobar una nueva Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, con el fin de disponer de un texto completo y codificado de la organización administrativa.

Según añade, la creación de cualquier nuevo organismo o entidad pública deberá ir acompañada de una justificación estricta de las razones que lo motivan, en la que se valore la existencia de posibles duplicidades, y los medios humanos, materiales y financieros de que va a disponer para desempeñar su función, lo que será “evaluado periódicamente”, de modo que, en caso de no subsistir las razones o los recursos que fundamentaron la constitución de la entidad, se procederá a su extinción.

republica.com

cgomezr escribió:En concreto, creo que UPyD debería abstenerse. Es la mejor forma de expresar que no es que esté en contra de esas medidas, pero que le parecen obviamente insuficientes.

cgomezr escribió:En concreto, creo que UPyD debería abstenerse. Es la mejor forma de expresar que no es que esté en contra de esas medidas, pero que le parecen obviamente insuficientes.

Vindicta escribió:

cgomezr escribió:En concreto, creo que UPyD debería abstenerse. Es la mejor forma de expresar que no es que esté en contra de esas medidas, pero que le parecen obviamente insuficientes.

TITULAR:

UPYD VOTA EN CONTRA DE SUS PROPIAS MEDIDAS

Comentarios de Meneame:

- Anda ¿no eran estos los regeneradores?
- Son como todos.
- Marianooo, otros que te imitan en el cumplimiento de sus propuestas
- Ya os lo dije: UPyD son tan mentirosos como los demás
- ¿En algún momento pensásteis que eran diferentes?


Pero bueno, tampoco nos vamos a sorprender ya.

No habrá verdadera reforma de la
Administración sin tocar el modelo de Estado

21 de Junio de 2013

El Gobierno ha dedicado la semana a la propaganda de una reforma de la Administración que hasta el viernes no iba a llevar al Consejo de Ministros, y que todavía no se ha explicado en sede parlamentaria. Los medios están informando al respecto con la consabida muletilla “a falta de conocer la letra pequeña”. En las leyes la letra pequeña importa tanto como la grande, pero parece que con ese ensalmo ya conjuran el peligro de estar hablando sobre lo que no se conoce.

Por supuesto, hay comentarios pertinentes que son posibles sin conocer la letra pequeña ni aun la grande. El problema principal de la Administración en España es el modelo de Estado, un sistema inestable y sin terminar que ha desvertebrado el país haciendo proliferar las duplicidades, el despilfarro y la corrupción. El grifo de las competencias se quedó abierto en la Transición y ha inundado todo el edificio constitucional. El nacionalismo ha encontrado un hábitat ideal para crecer, reproducirse y convertir su retórica en dominante. Para adaptarse, los partidos viejos se han organizado en baronías y son, en la práctica, coaliciones de intereses locales. Por poner un ejemplo pequeño pero significativo: en el ya tradicional conflicto territorial sobre el Condado de Treviño, tanto el PP como el PSOE dicen una cosa en Burgos y la contraria en Álava. Sólo UPyD ha defendido lo único racional (su integración en Álava) tanto en el País Vasco como en Castilla y León.

El modelo territorial, nuestro Estado de las autonomías, sólo puede reformarse mediante cambios profundos en la Constitución. Llama la atención que Rajoy y Rubalcaba se hagan la foto del acuerdo, que anuncien que trabajarán juntos en modernizar la Administración y que nadie caiga en la cuenta de que con los representantes que sus partidos tienen en el Congreso y en el Senado podrían llevar a cabo esa reforma constitucional que la situación pide a gritos. Ni la contemplan. De hecho, si algún sentido tiene esa foto es la de apuntalar el bipartidismo, el sistema que es todo uno con el Estado autonómico.

Así las cosas, es natural que más de la mitad de las medidas que anuncia el Gobierno sean recomendaciones a las Comunidades Autónomas. “España es un país de recomendar”, ha dicho Rosa Díez, portavoz de UPyD, preguntada por lo que se sabe del plan. Es muy improbable que las baronías locales atiendan las recomendaciones si les suponen perder influencia y puestos de confianza desde los que extender sus redes clientelares. Pero incluso si, movidos por la asfixia financiera, decidieran hacer caso y eliminar las escandalosas fuentes de derroche, ¿qué garantía tenemos de que no volverán a aparecer en cuanto cambie algo el ciclo económico y aumente la recaudación? ¿Cómo vamos a estar seguros de que el despilfarro no se canaliza por vías alternativas si los órganos supervisores siguen estando controlados por el bipartidismo? Se trata de garantizar a largo plazo el uso racional, eficaz y justo de los recursos públicos. El pacto que se necesita es el de la refundación del Estado.

Por lo demás, es evidente que pueden hacerse muchas cosas antes de reformar la Constitución. Habrá que ver cuáles propone el Gobierno. Después habrá que ver en cuántas da marcha atrás. Y finalmente habrá que ver qué texto llega al Congreso de los Diputados. Porque no sería la primera ni la segunda vez que por el camino que va desde la propaganda hasta el BOE se pierden el objetivo, la voluntad y hasta la vergüenza.

upyd.es

alfonsoIX escribió:No entiendo esta obsesión con instituciones que velan por la defensa del ciudadano ante las Administraciones, la claridad de las cuentas públicas o descongestionar la labor asesora del Consejo de Estado.

Xaviar escribió:

3- ¿Descongestionar la labor asesora del Consejo de Estado? ¡Pero si el CdE es uno de los órganos con menos funciones útiles y más de adorno de todo el organigrama estatal! Sólo sirve para consultar y está formado, principalmente, por excargos políticos. Si a duras penas es necesario uno estatal, menos uno por autonomía.

Xaviar escribió:

alfonsoIX escribió:No entiendo esta obsesión con instituciones que velan por la defensa del ciudadano ante las Administraciones, la claridad de las cuentas públicas o descongestionar la labor asesora del Consejo de Estado.

xDDD

1- Los Tribunales de Cuentas autonómicos sirven justo para lo contrario, para opacar las cuentas. Piensa que los controla la misma Asamblea Legislativa autonómica cuyas cuentas deben estudiar. Vamos, lo mismo que el Tribunal de Cuentas con las cuentas del Estado. Función, por tanto, muy prescindible. A parte de que el Tribunal de Cuentas es un destino soñado donde tocárselos a dos manos.

2- Los defensores autonómicos son otro cargo soñado donde tocarse las napias a dos manos. Ya el mismo defensor a nivel nacional trabaja relativamente poco...

3- ¿Descongestionar la labor asesora del Consejo de Estado? ¡Pero si el CdE es uno de los órganos con menos funciones útiles y más de adorno de todo el organigrama estatal! Sólo sirve para consultar y está formado, principalmente, por excargos políticos. Si a duras penas es necesario uno estatal, menos uno por autonomía.