Mikel Buesa: Crisis económica y crisis política. Una política económica para España

López Miér 01 Abr 2009, 22:35

Muy buen artículo de Buesa. Destaco lo siguiente como propuestas de política económica:

En cuanto a la reactivación de la demanda de inversión, se debe destacar que la única política eficaz es aquella que concentra el esfuerzo extraordinario de la inversión pública en la construcción de infraestructuras generadoras de externalidades sobre el sector privado, que incrementan su productividad. Ello es necesario para que, con los recursos que se obtengan en el futuro pueda financiarse el endeudamiento en el se incurre en el momento actual.

La política de inversiones del Gobierno, reflejada en los Presupuestos Generales del Estado, no se orienta por estos principios (...).

Asimismo, al margen de la política presupuestaria, en diciembre el Gobierno creó un Fondo Estatal de Inversión Local —el fondo de las peonadas de Zapatero— con la finalidad de financiar obras municipales y así generar empleo. Este fondo fue dotado con 8.000 millones de € —financiados con la emisión de deuda— y ha sido distribuido entre los más de 8.100 municipios españoles de forma proporcional a su población. Los 30.900 proyectos acogidos al fondo se refieren a infraestructuras y equipamientos urbanos, salvo en los contados casos —un 3,4 por 100— que aluden a inversiones de carácter productivo. Se trata, por tanto, de inversiones que no van a generar efectos sobre la productividad del sector privado y, en consecuencia, no van a propiciar ganancias en el crecimiento de la economía (...).

Por otra parte, la creación de empleo con estas peonadas de Zapatero va a ser muy escasa. Se ha previsto así que encontrarán trabajo en las obras municipales 277.500 personas; pero como esas obras tienen una duración limitada a unos pocos meses, en términos de puestos de trabajo anuales, la creación de empleo beneficiará, como máximo, a 160.000 trabajadores. Sin embargo, conviene anotar que no todos los parados van a tener las mismas oportunidades (...).

Las peonadas de Zapatero son, en resumen, un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas en materia de política de inversiones públicas. Sus efectos sobre el empleo van a ser de poca entidad y muy limitada duración, van a generar desigualdades entre los parados en razón de su lugar de residencia, van a carecer de incidencia sobre el desarrollo de la economía a largo plazo y, como resultado de todo ello, van a implicar un enorme derroche de recursos.

El tercer objetivo de la política económica al que antes aludía, se refiere a la reasignación intersectorial de los recursos de capital para favorecer el cambio en el modelo productivo. No se me oculta que, debido a los excesos intervencionistas del pasado, los economistas y, más aún, los políticos liberales son reacios a tratar esta cuestión. Sin embargo, hay que recordar que la asignación de recursos a determinados sectores de la economía puede estar sujeta a importantes fallos del mercado, principalmente por la existencia de costes hundidos y de externalidades pecuniarias y tecnológicas, así como por la aversión al riesgo en el mercado de capitales. Estos fallos del mercado actúan como barreras a la inversión y pueden ser corregidos mediante intervenciones públicas temporalmente limitadas y sujetas a reglas estrictas de evaluación y control. Una política industrial, extendida sobre las manufacturas y los servicios, sería así no sólo posible sino que también estaría justificada.

¿Cuál es la política industrial del Gobierno de Zapatero? Un repaso a los Presupuestos de este año señala que la consideración del sector de servicios —más allá de algunas instalaciones turísticas— brilla por su ausencia (...).

Finalmente, debo referirme a la cuestión de la competitividad microeconómica. Las políticas que inciden sobre ella son múltiples, aunque cabe destacar, como las más relevantes, las que aluden a la regulación del mercado de trabajo, la educación, las regulaciones administrativas, la supervisión de los mercados financieros, las barreras del mercado interior y la innovación tecnológica. Veámoslas de una forma sintética.

La regulación del mercado de trabajo requiere, en mi opinión, cambios urgentes orientados a su unificación normativa con objeto de acabar con la dualidad que separa al segmento de trabajadores fijos del de trabajadores temporales. Además, entiendo que la ordenación del despido —que actualmente supone una barrera a la contratación de trabajadores— debe aproximarse a las condiciones promedio de los países de la Unión Europea; es decir, un sistema de despido justificado con indemnizaciones máximas de 13 meses de salario y con una protección del desempleo hasta 22 meses. Y también considero que debe reducirse la carga fiscal del trabajo soportada por las empresas, pues no sólo es una de las más elevadas de Europa, sino que frena la competitividad de nuestro comercio exterior. Una sustitución parcial de las cotizaciones sociales por un recargo en el IVA —que, además de ser uno de los más bajos de la Unión Europea, tiene la ventaja de no gravar las exportaciones— sería muy beneficiosa para el conjunto de las empresas y, por ende, para la generación de empleo.

La educación es también crucial para la competitividad. Una reciente investigación publicada por el Banco de España ha puesto de relieve, a este respecto, que la calidad del capital humano está descendiendo en los últimos años, y que la causa principal de este fenómeno es la reducción de la aportación que a ella hace la educación. Los altos niveles de fracaso escolar —por encima del 30 %— y los bajos resultados en la transmisión de conocimientos, son los indicadores principales del mal funcionamiento de nuestro sistema educativo. Por ello, es impostergable su reforma, lo que exige revisar esa sorprendente concepción de la igualdad que se ha desplazado desde la idea de que todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades educativas a la de que todos tienen que alcanzar la misma titulación. Requiere también restablecer la disciplina en las aulas y revisar los programas docentes. Y reclama devolver al Estado las competencias que están ahora en manos de las Comunidades Autónomas, para dotar al sistema de una concepción unitaria, ajena a los intereses de las oligarquías locales y a los ensueños nacionalistas.

Asimismo ha de actuarse sobre el marco regulador de los numerosos sectores de la economía, principalmente en los servicios, propiciando su liberalización, la supresión de trabas a la creación y cierre de empresas, y la reducción de cargas administrativas sobre éstas. Sobre este último punto, el Banco de España ha estimado que la rebaja en esas cargas incrementará el PIB en 0,27 puntos porcentuales durante diez años. Y recordemos que, en términos de empleo, ello equivale, céteris páribus, a la creación, casi sin costes, de 53.400 puestos de trabajo al año. Es decir, un tercio de los que, sólo durante un año, se derivarán de las peonadas de Zapatero gastando 8.000 millones de €. Una mención especial cabe hacer, en capítulo de la política económica, al marco de supervisión de los mercados financieros, pues sus deficiencias son notorias. Una mayor independencia a los órganos encargados de ella, reforzando su capacidad investigadora y sancionadora —en especial en el mercado de valores— y estableciendo reglas más estrictas para preservar la solvencia de las entidades que operan en esos mercados, son las reformas más urgentes. Y se precisa, además, una política activa para suprimir las barreras del mercado interior que se han derivado de las regulaciones proteccionistas de las Comunidades Autónomas —incluyendo tanto las de carácter sectorial como las de naturaleza lingüística—, así como de sus prácticas discriminatorias en materia de licitación y contratación pública.

Finalmente, debe reforzarse el sistema nacional de innovación en su segmento más débil; es decir, en todo lo relativo a las empresas innovadoras. La innovación es el resultado de las actividades de creación de conocimiento; unas actividades que están sujetas a importantes fallos de mercado que la actuación del Estado debe compensar. De ahí que deba reclamarse un mayor compromiso del sector público en la financiación de la investigación industrial —incluyendo la simplificación de los incentivos fiscales—, una mejora de las instituciones reguladoras de los derechos de propiedad industrial e intelectual, y una ampliación de las infraestructuras de apoyo a la creación y difusión de la tecnología.

http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=3118