El peor escenario posible tras el 28-N

Karl Marx dejó escrito que los sucesos históricos más importantes ocurrían primero en Francia para trasladarse más tarde a otros países, y creo que lo mismo podría afirmarse de Cataluña con relación al resto de España. Las reformas regresivas introducidas por el gobierno español este último curso son sólo un tímido remedo de las políticas anunciadas por los nacionalistas catalanes tras su holgada victoria en los comicios autonómicos celebrados el 28 de noviembre de 2010, y representan una avanzadilla de lo que se avecina si el Partido Popular (PP) consigue desbancar al Ejecutivo socialdemócrata en las elecciones generales del año que viene.

La última payasada a gran escala protagonizada por el nacionalismo étnico catalán, la estúpida parodia de referendo secesionista orquestada en Barcelona y en otras localidades catalanas el pasado 10 de abril, apenas ha logrado disimular el impacto ocasionado por una más reciente y dramática noticia: el anuncio de recortes presupuestarios en diversas áreas de la Administración pública de Cataluña que ponen en peligro, especialmente, la estabilidad de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, la sanidad y la educación. El grupo político que ocupa el palacio de la Generalitat, la coalición CiU, formada por los partidos nacionalistas conservadores Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), verdadero arquetipo de la corrupción política en nuestro país, ha desbordado con creces su programa electoral, ya de por sí muy reaccionario, mediante esta alevosa imposición de unos recortes sociales calificados de “ahorro” por el cínico presidente de la Comunidad Autónoma, el convergente Artur Mas.

Semejante impostura, anunciada sin haber sondeado al conjunto de la ciudadanía que costea el Estado social y que sufrirá los efectos de esta política y sin haberse reunido ni con los profesionales de los sectores implicados ni con los sindicatos, se concretará en diferentes aspectos, como la reducción de las contrataciones en los centros sanitarios, la consiguiente ralentización de la actividad profesional desarrollada en los mismos y el efecto de saturación de las ya sobradamente infladas listas de espera. De igual modo, salta por los aires el modelo de proximidad geográfica que acercaba los servicios sociales a la población y evitaba viajes forzosos. Se paralizarán proyectos en marcha, nuevos hospitales y ambulatorios, y otros tantos no llegarán a implementarse. Dicho de manera más contundente y clara: el tijeretazo acarreará la destrucción de puestos de trabajo de gran repercusión social. Numerosos médicos, enfermeros, auxiliares y otros profesionales sanitarios o que trabajan en este ámbito serán despedidos mientras otros muchos no llegarán a ser contratados nunca. Tan sólo en el Hospital Clínico de Barcelona, uno de los más prestigiosos de Europa, perderán su empleo unos 450 trabajadores.

El sindicato CCOO habla de unos 5.000 despidos en toda Cataluña y otras fuentes los ascienden a 7.500. La sanidad concertada amenaza con ERE y rebajas salariales. Quirófanos y consultas médicas que serán cerradas o bien nunca llegarán a ver la luz, citaciones e intervenciones quirúrgicas que serán aplazadas hasta provocar la desesperación de los pacientes y de sus familias, anulaciones y retrasos de consecuencias imprevisibles, 2.000 camas perdidas, altas médicas anticipadas, farmacopea necesaria tras la hospitalización y las operaciones que ya no será prescrita, servicios de urgencias limitados, reducción drástica de los gastos de funcionamiento y de mantenimiento de las instalaciones, privatización de la gestión... En definitiva, un recorte que ha llegado a los 850 millones de euros y que podría elevarse a los 1.000 pasado un año. Se nos repite la conocida canción de que el sistema es insostenible, pero un solo dato viene a poner las cosas en su sitio: Boi Ruiz, responsable del Departamento de Salud, es deudor de intereses mercenarios, presidente de la Unió Catalana d´Hospitals, patronal del sector hospitalario. La consigna de este mero pivote de la clase empresarial que trafica con la salud de los seres humanos en Cataluña es la involución desde una sanidad pública de calidad al binomio formado por un modelo asistencialista de mínimos ligado a la posición hegemónica de la salud mercantilizada. Ahí está el anuncio de aumento de la desgravación a los contratantes de un seguro médico privado, así como las declaraciones del consejero de Economía, Departament d´Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, apostando por eliminar parte de los servicios y de las prestaciones garantizadas por el ente público tras el paso del anterior gobierno autonómico. El copago sanitario, ya inducido por el ex presidente de la Generalitat José Montilla, es un proyecto latente de CiU que está siendo defendido sin ambages por el actual consejero mientras nos avisa del coste económico de los medicamentos en cada receta o del coste de las consultas médicas mediante la colocación de carteles en las paredes de los centros de salud.

Pero la tragedia acaba dando paso a la farsa, como diría Marx, y el fichaje del polémico ex vicepresidente catalán Josep Lluís Carod Rovira, otro destacado miembro de la secta nacionalista, como “asesor” en la sanidad concertada, en la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla de Tarragona concretamente, y cobrando un estratosférico sueldo de 6.000 euros mensuales, supone una bofetada en plena cara a todos los trabajadores que serán despedidos por culpa de los recortes, a los que no llegarán a cubrir ninguna plaza vacante y a todos los usuarios. Carod Rovira, conocido por sus salidas de tono, sus caros y contraproducentes viajes alrededor del mundo financiados, claro está, con el dinero del contribuyente, y por su todavía no aclarada reunión clandestina con la organización nacionalista-terrorista ETA, pertenece a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el mismo partido que presentó una iniciativa hace un mes con la voluntad de poner límites temporales a las retribuciones públicas de los ex presidentes del gobierno español Felipe González y José Mª Aznar y regular su actual régimen de incompatibilidades. Este recurso, que se sumaba a otra iniciativa análoga presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD), choca estrepitosamente con la actitud mostrada por ERC ante este mismo tipo de privilegios cuando los está disfrutando Carod.

Por su parte, el responsable de Bienestar Social (Departament de Benestar Social i Família), Josep Lluís Cleries, hombre muy vinculado a la Iglesia Católica y a sus instituciones de carácter social en Cataluña, ya ha advertido sobre el probable retraso en la implementación de la Ley de Dependencia (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), la medida asistencial más importante de nuestra reciente democracia, que ha contado con un desarrollo renqueante en Cataluña y que, conviene tenerlo muy presente, contó con el voto en contra de CiU y de los nacionalistas vascos. Le ha faltado tiempo a Cleries para insistir en su rechazo y el de su partido a dicha ley, el mismo tiempo que le ha faltado para suprimir las ayudas económicas a las parejas con hijos pequeños, a las familias monoparentales y a las numerosas, y para seguir las directrices que también mutilan los recursos con los que cuenta el departamento y condicionan desfavorablemente a los centros e instituciones públicos dedicados a la asistencia social y a la intervención socioeducativa. Una ofensiva reaccionaria en toda regla que afecta a sectores y necesidades sociales que están desbordados, víctimas de la mala planificación y de la agenda oculta que guarda el gobierno. El ámbito de la enseñanza, las universidades y la investigación reciben un golpe mortal. Prosigue el despliegue de la racista y neoliberal Llei d´Educació de Catalunya (LEC), al tiempo que las clases impartidas en vergonzantes barracones afianzan su patética existencia. Por otro lado, la subida de las tasas universitarias y de otros estudios superiores se añade a unos recortes que dinamitarán las ayudas a los estudiantes, constreñirán sus derechos, reducirán las plazas de docentes y paralizarán la colaboración con instituciones extranjeras. Justicia puede sufrir un embate definitivo. La consejera Pilar Fernández Bozal amenaza con el fin de la atención jurídica gratuita. Esto implica, nada más y nada menos, la práctica desprotección, la inseguridad jurídica y la indefensión de los grupos sociales más débiles, de los más pobres, de los inmigrantes en espera de recibir la documentación pertinente y de las minorías segregadas. ¿Acaso un retorno a la arcaica y oscura época anterior al ius peregrini romano? Por no hablar de los regímenes políticos recientes fundamentados en la desigualdad legal entre las personas.

Recortes todos ellos, en fin, que nos han sido metidos con calzador mediante la franquista excusa del documento presentado por una comisión de tecnócratas que, ¡menuda casualidad más curiosa!, parece un auténtico decálogo de principios orientativos de un programa político propio de la ideología nacionalista y liberal-conservadora. Es el Pensamiento Único neoliberal, adaptado al contexto manejado por el catalanismo, que cierra su propio círculo vicioso pretendiendo atraparnos en su interior al conjunto de los catalanes. Lo dicho, intereses particulares y particularistas acechan en las sombras.

Artur Mas y su tropa tienen el guión preparado desde hace mucho tiempo. Culpan a España y a su capital, Madrid, de todos los males en la coyuntura que sea. El nacionalismo catalán ha basado su discurso en ese único argumento, pero los datos objetivos nos han ido demostrando algo muy distinto una y otra vez. Sin ir más lejos, y en función de lo que nos ocupa, el nuevo sistema de financiación autonómica aprobado en 2009 permitirá que la Comunidad de Madrid aporte 3.319 millones de euros al denominado Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales (el 60% de estos fondos), la instancia que garantiza financiar las políticas sociales (sanidad, educación, servicios sociales y Ley de Dependencia) de todas las comunidades autónomas a través de la solidaridad interregional. Madrid, como comunidad más dinámica económicamente y al alza, será la principal aportante. Sin embargo, la contribución de los madrileños al conjunto de la nación se concentra fundamentalmente en la recaudación obtenida por el Estado, vía IRPF, IVA e Impuestos Especiales, una cifra que supera en más del doble a la que recabarán los ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid.

¿A quién pretende engañar el presidente de la Generalitat a estas alturas? ¿Qué ha pasado con su promesa de reducir el tamaño de la hipertrofiada burocracia que caracteriza a la Administración pública catalana? La reducción de 15 a 12 consejerías es un cambio engañoso. Cargos como el Secretari del Govern o el Secretari General de la Presidència cuentan con una comparsa burocrática equiparable a la de un departamento o consejería. Otro tanto puede decirse de la omnipresente usurpación de funciones realizada por Josep Antoni Duran i Lleida, supuesto Secretario General de CiU que más bien ejerce de plenipotenciario en el gobierno sin pertenecer formalmente a éste. Todo un alarde antidemocrático.

Hemos de tener en cuenta que el despilfarrador sistema autonómico que padecemos no es en absoluto ajeno a unos nacionalistas que lo critican pese a haber estado haciendo su agosto gracias a él, sino que fue planteado como respuesta a los privilegios exigidos por éstos. Ha tenido que ser una entidad privada, la Fundación Progreso y Democracia, ligada al partido UPyD, la que este año pasado realizara un valioso estudio analizando el coste de las autonomías con base en criterios de eficacia y eficiencia. La cifra resultante del gasto innecesario debido a las duplicidades, a la fragmentación de los servicios, a la hiperregulación y a todo tipo de prestaciones superfluas asciende a unos escalofriantes 26.108.665.000 euros. Vale la pena añadir que Cataluña se encuentra liderando este despilfarro, un descontrol que ha disparado la deuda y agravado la crisis económica. Recordemos que estamos hablando de la comunidad más endeudada de España y que proseguirá la emisión de bonos.

Mientras tanto, los políticos de CiU no quieren saber nada de esta realidad y se limitan a demandar un neofeudalista concierto económico. Pretenden que nos olvidemos de lo que significaron el paradigma nacionalista y su línea de actuación política desde la época de los gobiernos presididos por Jordi Pujol, fundamentados en la megalómana y paranoica construcción de una nación ficticia y, en consecuencia, de la penosa utilización de los fondos públicos para tal empresa. “Política lingüística”, un cuerpo policial “propio”, televisiones y radios, prensa hipersubvencionada, reproducción de instituciones y funciones propias del Estado, como el Defensor del Pueblo o el Defensor del Menor, institutos estadísticos, meteorológicos y toda clase de organismos, empresas públicas o semipúblicas, consorcios, fundaciones, asociaciones y entidades de todo tipo… Redes clientelares, nepotismo, amiguismo, fulanismo, enchufismo, corrupción.

¿Cómo se atreve Artur Mas a afirmar que las “embajadas” catalanas se centrarán en promover nuestra economía en el exterior cuando ya está pensando en inaugurar una nueva sede en el Vaticano y rubricar el apoyo estratégico de la Iglesia a la causa catalanista? ¿Cómo puede entenderse que la Generalitat desperdicie 256 millones de euros al año en el alquiler de oficinas, muchas de ellas en zonas residenciales de alto estánding? ¿Cómo justificar el lujo oriental que rodea a nuestros parlamentarios, caso de la aparatosa flota de coches oficiales de gama alta? ¿Por qué un diputado catalán cuesta casi el doble que un diputado nacional? La respuesta es definitiva y rotunda: son los intereses de clase de la burguesía catalana montados sobre el caballo de Troya nacionalista. Todas las castas político-burocráticas regionales querrán seguir sacando tajada de este mal ejemplo si no nos decidimos a plantarles cara de una vez por todas.

No hemos hablado todavía de la parte del león, y es que CiU lleva tres décadas prestando su apoyo a los sucesivos gobiernos nacionales en lo que a políticas fiscales regresivas se refiere. Recordemos, sólo a modo de ejemplo ilustrativo, que fue CiU la fuerza política que presentó la enmienda que impedía a Hacienda investigar los posibles fraudes cometidos por las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), vehículos legales de la evasión de impuestos. Repito: es tan sólo un ejemplo, puesto que el déficit de la Administración pública ha sido provocado tanto por la recesión económica como por la bajada de impuestos, y otra de las medidas estrella del reciente gobierno ha consistido precisamente en la práctica supresión del impuesto sobre sucesiones mediante las bonificaciones. Estado central y CCAA vuelven a ponerse de acuerdo en la ya consabida línea político-económica de evidente contenido neoliberal, un impuesto que el anterior gobierno que ocupaba la Generalitat había reservado a las rentas más altas queda ahora fulminado. Otra nueva aparente incoherencia tras la imposición de los recortes sociales.

El presidente Mas se mofó cruelmente de los ciudadanos proclamando hace un mes, en uno de los más abiertamente panfletarios programas de la televisión nacionalista catalana, que su formación política siempre había priorizado el Estado del Bienestar en Cataluña. ¿Cómo se puede ser tan demagogo? Todos los gobiernos o regímenes nacionalistas han tenido como santo y seña la llamada “construcción nacional”, esa absurda entelequia que esconde la depredación de unas élites insaciables, y los gobiernos convergentes que ha estado padeciendo Cataluña durante 23 años no fueron la excepción ni mucho menos. No sólo eso, sino que acabaron situando nuestra región entre las más deficitarias de la UE en gasto público por habitante. Por si faltaran datos lo suficientemente demoledores, Cataluña es la comunidad autónoma española en la que se da un mayor agravio comparativo entre la calidad de los servicios públicos y sus equivalentes privados. Ahí está el grosero patrocinio de la sanidad y la educación privada y concertada. ¿Todavía queda alguna duda sobre la naturaleza facinerosa de los recortes? Es cierto que el tripartito “de izquierdas” que gobernó Cataluña durante los años 2003 y 2010 (PSC, ERC e ICV-EUiA) ha visto su imagen dañada como consecuencia de la crisis, pero no es menos cierto que nunca supo desmarcarse del pujolismo ni lo intentó, que el hooliganismo y las corruptelas practicadas por ERC no fueron contestadas, y también que la potenciación de la maquinaria nacionalista identitaria ha seguido enturbiando la agenda política. Esta infiltración nacionalista de la izquierda catalana nos ofreció uno de sus frutos podridos en las pasadas elecciones con el humillante derrumbamiento del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y el desesperante retorno del catalanismo más conservador. CiU, la secta de los fariseos en Cataluña, punta de lanza de la reacción en España, zapadores del PP y de la nueva ola neocon que nos viene encima, derecha rancia disfrazada de centro moderado, lobby del Gran Capital con denominación de origen. Artur Mas, presidente del gobierno autónomo de Cataluña, y sus devaneos familiares con el fraude fiscal, nuevo Mr. X de la cleptocracia catalanista, vocero y máximo instigador oficial de la desobediencia criptofascista ante la democracia española.

Diego Vega (25.04.2011) en Alternativa Ciudadana Progresista