La poca verguenza del PP y el PSC, se abstienen en la votación para crear la comisión sobre el concierto económico

PSC y PP se abstienen en la votación para crear la comisión sobre el concierto económico

La comisión se crea para aprobar un texto que ‘permita recaudar, gestionar, inspeccionar y liquidar nuestros impuestos y equiparar los ingresos a los del concierto económico’.

El Parlamento autonómico ha aprobado una moción, presentada por ERC, que pone en marcha la creación de una comisión parlamentaria que tiene como objetivo, únicamente, la presentación de una propuesta de pacto fiscal o concierto económico. Esta sería la iniciativa que CiU presentaría al Gobierno, tras las elecciones de 2012.

CiU y ERC, tal y como anunciaron este martes, han pactado aprobar el punto de la moción referido al concierto económico. ICV-EUiA y Solidaritat se han sumado al acuerdo. Sin embargo, PSC y PP se han abstenido. Ciudadanos ha votado en contra. Al final, 82 votos a favor; 4, en contra (los tres de Ciudadanos y el de Manuela de Madre, del PSC, por error); y 44 abstenciones.

El punto de la moción aprobada, que PSC y PP se han abstenido, especifica que la comisión se crea con la voluntad de consensuar un nuevo modelo de financiación que ‘permita recaudar, gestionar, inspeccionar y liquidar nuestros impuestos y equiparar los ingresos a los del concierto económico’.

Compromiso del PP

Ya en la sesión de la mañana, Alicia Sánchez-Camacho (PP) se ha comprometido con Artur Mas (CiU) a colaborar en la comisión parlamentaria: “Me comprometo a hablar en la comisión del pacto fiscal. No es la solución, no la compartimos, pero sí nos ofrecemos a hablar de ello“. Por lo que dejaba abierta la puerta, incluso, a votar a favor la creación de la comisión parlamentaria. Finalmente, tras un mediodía de negociaciones, el PP se ha abstenido.

En el debate de la moción, ya por la tarde, José Antonio Coto (PP) ha recriminado a ERC la propuesta. Por su parte, Albert Rivera (Ciudadanos) ha recordado que han sido el único partido que no ha presentado enmiendas a la propuesta de ERC porque “o pagan impuestos los ciudadanos o pagan tributos los territorios” y la diferencia, ha defendido, es que el concierto económico es “un privilegio fiscal carlista”.

En ese sentido, el presidente del partido liberal-progresista ha criticado la abstención del PSC y el voto a favor de ICV-EUiA sumándonse a una propuesta que, en Italia, por ejemplo, defiende la Liga Norte, “la derecha más recalcitrante” de Europa.

Fuente: La Voz de Barcelona

Alejandro Villuela escribió:Entonces quitemos el concierto a todos

Pedro_Pablo escribió:

Alejandro Villuela escribió:Entonces quitemos el concierto a todos

De acuerdo, conciertos fuera, según tengo entendido y si no me corregís UPyD defiende eliminar todos los conciertos.

Upeidista de Sevilla escribió:Yo, es que antes de la explicacion de Isla, ya estaba a favor de eliminar estos conciertos.
Son privilegios, y para que haya privilegios , otros deben de tener menos.
Por tanto, seria posible un concierto economico para cada una de las CCAA??
Y ahora a ver que dicen PSOE pero sobre todo PP.

163. - La financiación de las Comunidades Autónomas: el sistema de financiación autonómica ha entrado en crisis debido a la insuficiencia de sus previsiones de actualización, a la presión política del nacionalismo catalán para apartar a Cataluña de la solidaridad interregional, a la persistencia de los privilegios derivados del régimen foral del País Vasco y Navarra, y al hecho de que no se haya integrado en él el régimen económico-fiscal de Canarias. La resolución de esa crisis requiere la integración de todas las CC.AA. en un sistema común y solidario de financiación, a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos.

164. - El sistema de financiación autonómica resultante de la reforma debe responder a los principios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia, de manera que proporcione los recursos que se requieren para el ejercicio de las competencias autonómicas sin que éste implique privilegios para unos españoles en detrimento de otros. Ello hace que rechacemos las pretensiones de bilateralidad planteadas por el nacionalismo catalán, así como sus propuestas de nivelación parcial con las que se pretende garantizar sólo una parte de las competencias autonómicas, pues de ello se pueden derivar severas desigualdades entre los ciudadanos, dependiendo de la parte del territorio nacional en el que vivan. Asimismo, la financiación autonómica debe diseñarse con criterios de simplicidad y transparencia, evitando la proliferación de fondos de compensación de situaciones particulares o específicas de determinadas Comunidades Autónomas, pues ello no conducirá sino a aumentar las desigualdades regionales.

165. - En la perspectiva de los ingresos de las Comunidades Autónomas, consideramos desacertada la transferencia de determinados impuestos a las Comunidades Autónomas —como el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales— en cuantías que impliquen dejar en sus manos la mitad o más de la correspondiente recaudación. Aunque un alto grado de corresponsabilidad fiscal es deseable, en el actual nivel competencial de las Comunidades Autónomas, su logro implica una transferencia de impuestos a todas luces excesiva que deja al Estado muy disminuido para poder afrontar los graves problemas por los que atraviesa la economía. Por ello, tal como antes se ha señalado, hubiese sido preferible que, antes de modificar en profundidad el Sistema de Financiación Autonómica, se hubiese entrado en el debate sobre el reparto territorial de las competencias —y del poder que se asocia a ellas— a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos, eficacia en la prestación de los servicios públicos y eficiencia en la asignación de los recursos presupuestarios. Si se hubiese operado de esa manera, el paquete fiscal a transferir habría sido muy inferior al propuesto.

166. - En particular, consideramos no deseable aumentar el porcentaje transferido del IRPF, dado que este impuesto es uno de los pocos instrumentos de que dispone el Estado para desarrollar una política redistributiva. Y menos aún la ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas con respecto a dicho impuesto, pues ello puede afectar gravemente a su carácter progresivo, con la consiguiente pérdida de equidad en la distribución de la renta entre los españoles. Tampoco es aceptable el nivel y, sobre todo, la pretensión de ceder competencias normativas en el IVA y los Impuestos Especiales. Las diferencias territoriales en los impuestos actuarán como incentivos a la movilidad del capital, con lo que se deslocalizarán las empresas hacia las Comunidades Autónomas de menor carga impositiva. Por tanto, es previsible que la diferenciación fiscal entre las Comunidades Autónomas en cuanto a los impuestos actúe como un poderoso elemento de ruptura de la unidad de mercado en favor de las más ricas, añadiendo un problema adicional a los ya graves que se derivan de la crisis económica. El sistema de financiación de las Comunidades debería cumplir los criterios de transparencia (de forma que los ciudadanos conozcan qué parte de los impuestos que pagan van destinadas a financiarlas) y corresponsabilidad (para que asuman el coste de la impopularidad de subir los impuestos, cuando corresponda hacerlo).

167. - La financiación local. La política territorial española debe prestar una especial atención al tradicionalmente relegado ámbito local. Es necesario definir con precisión las tareas y competencias de los ayuntamientos, así como dotarlos de un nuevo modelo de financiación, que les dote de suficientes recursos para hacer frente a sus importantes funciones. Para ello, además de los tributos propios, hay que aumentar su participación en los tributos del Estado y de las propias Comunidades Autónomas. Con carácter inmediato han de promoverse medidas para combatir la preocupante morosidad que existe en el ámbito de las administraciones locales.

folken90 escribió:Hombre, que el Estado tenga que decidir dónde se hacen todos los colegios y hospitales de España me parece tremendamente complicado. Creo que lo de devolver la competencia al Estado es más para que recupere la capacidad legislativa en el tema que para que se dedique a decidir el Gobierno dónde se coloca una escuela en un pueblo que ni conocen a 400 km de Madrid (el programa de 2008 de UPyD así lo recoge).

Pero eso no viene mucho a cuento. Y lo de que cada uno recaude sus impuestos a mí no me parece mal, si luego se paga al Gobierno central el dinero que hay que pagarle para que luego pueda haber redistribución y se puedan mantener los servicios que aporte el Estado. Porque el problema surge cuando pasa lo que dice Isla, que se negocia cada vez con el Gobierno central a ver si le recortamos más o menos (y con un gobierno débil como el actual, pues ya me imagino que se le recorta bastante si tienes derecho de veto en el Congreso) y pagas en función del poder de negociación y no de tus ingresos ni nada.

Por cierto, lo que dice UPyD:

163. - La financiación de las Comunidades Autónomas: el sistema de financiación autonómica ha entrado en crisis debido a la insuficiencia de sus previsiones de actualización, a la presión política del nacionalismo catalán para apartar a Cataluña de la solidaridad interregional, a la persistencia de los privilegios derivados del régimen foral del País Vasco y Navarra, y al hecho de que no se haya integrado en él el régimen económico-fiscal de Canarias. La resolución de esa crisis requiere la integración de todas las CC.AA. en un sistema común y solidario de financiación, a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos.

164. - El sistema de financiación autonómica resultante de la reforma debe responder a los principios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia, de manera que proporcione los recursos que se requieren para el ejercicio de las competencias autonómicas sin que éste implique privilegios para unos españoles en detrimento de otros. Ello hace que rechacemos las pretensiones de bilateralidad planteadas por el nacionalismo catalán, así como sus propuestas de nivelación parcial con las que se pretende garantizar sólo una parte de las competencias autonómicas, pues de ello se pueden derivar severas desigualdades entre los ciudadanos, dependiendo de la parte del territorio nacional en el que vivan. Asimismo, la financiación autonómica debe diseñarse con criterios de simplicidad y transparencia, evitando la proliferación de fondos de compensación de situaciones particulares o específicas de determinadas Comunidades Autónomas, pues ello no conducirá sino a aumentar las desigualdades regionales.

165. - En la perspectiva de los ingresos de las Comunidades Autónomas, consideramos desacertada la transferencia de determinados impuestos a las Comunidades Autónomas —como el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales— en cuantías que impliquen dejar en sus manos la mitad o más de la correspondiente recaudación. Aunque un alto grado de corresponsabilidad fiscal es deseable, en el actual nivel competencial de las Comunidades Autónomas, su logro implica una transferencia de impuestos a todas luces excesiva que deja al Estado muy disminuido para poder afrontar los graves problemas por los que atraviesa la economía. Por ello, tal como antes se ha señalado, hubiese sido preferible que, antes de modificar en profundidad el Sistema de Financiación Autonómica, se hubiese entrado en el debate sobre el reparto territorial de las competencias —y del poder que se asocia a ellas— a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos, eficacia en la prestación de los servicios públicos y eficiencia en la asignación de los recursos presupuestarios. Si se hubiese operado de esa manera, el paquete fiscal a transferir habría sido muy inferior al propuesto.

166. - En particular, consideramos no deseable aumentar el porcentaje transferido del IRPF, dado que este impuesto es uno de los pocos instrumentos de que dispone el Estado para desarrollar una política redistributiva. Y menos aún la ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas con respecto a dicho impuesto, pues ello puede afectar gravemente a su carácter progresivo, con la consiguiente pérdida de equidad en la distribución de la renta entre los españoles. Tampoco es aceptable el nivel y, sobre todo, la pretensión de ceder competencias normativas en el IVA y los Impuestos Especiales. Las diferencias territoriales en los impuestos actuarán como incentivos a la movilidad del capital, con lo que se deslocalizarán las empresas hacia las Comunidades Autónomas de menor carga impositiva. Por tanto, es previsible que la diferenciación fiscal entre las Comunidades Autónomas en cuanto a los impuestos actúe como un poderoso elemento de ruptura de la unidad de mercado en favor de las más ricas, añadiendo un problema adicional a los ya graves que se derivan de la crisis económica. El sistema de financiación de las Comunidades debería cumplir los criterios de transparencia (de forma que los ciudadanos conozcan qué parte de los impuestos que pagan van destinadas a financiarlas) y corresponsabilidad (para que asuman el coste de la impopularidad de subir los impuestos, cuando corresponda hacerlo).

167. - La financiación local. La política territorial española debe prestar una especial atención al tradicionalmente relegado ámbito local. Es necesario definir con precisión las tareas y competencias de los ayuntamientos, así como dotarlos de un nuevo modelo de financiación, que les dote de suficientes recursos para hacer frente a sus importantes funciones. Para ello, además de los tributos propios, hay que aumentar su participación en los tributos del Estado y de las propias Comunidades Autónomas. Con carácter inmediato han de promoverse medidas para combatir la preocupante morosidad que existe en el ámbito de las administraciones locales.

folken90 escribió:Hombre, que el Estado tenga que decidir dónde se hacen todos los colegios y hospitales de España me parece tremendamente complicado. Creo que lo de devolver la competencia al Estado es más para que recupere la capacidad legislativa en el tema que para que se dedique a decidir el Gobierno dónde se coloca una escuela en un pueblo que ni conocen a 400 km de Madrid (el programa de 2008 de UPyD así lo recoge).

Pero eso no viene mucho a cuento. Y lo de que cada uno recaude sus impuestos a mí no me parece mal, si luego se paga al Gobierno central el dinero que hay que pagarle para que luego pueda haber redistribución y se puedan mantener los servicios que aporte el Estado. Porque el problema surge cuando pasa lo que dice Isla, que se negocia cada vez con el Gobierno central a ver si le recortamos más o menos (y con un gobierno débil como el actual, pues ya me imagino que se le recorta bastante si tienes derecho de veto en el Congreso) y pagas en función del poder de negociación y no de tus ingresos ni nada.

Por cierto, lo que dice UPyD:

163. - La financiación de las Comunidades Autónomas: el sistema de financiación autonómica ha entrado en crisis debido a la insuficiencia de sus previsiones de actualización, a la presión política del nacionalismo catalán para apartar a Cataluña de la solidaridad interregional, a la persistencia de los privilegios derivados del régimen foral del País Vasco y Navarra, y al hecho de que no se haya integrado en él el régimen económico-fiscal de Canarias. La resolución de esa crisis requiere la integración de todas las CC.AA. en un sistema común y solidario de financiación, a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos.

164. - El sistema de financiación autonómica resultante de la reforma debe responder a los principios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia, de manera que proporcione los recursos que se requieren para el ejercicio de las competencias autonómicas sin que éste implique privilegios para unos españoles en detrimento de otros. Ello hace que rechacemos las pretensiones de bilateralidad planteadas por el nacionalismo catalán, así como sus propuestas de nivelación parcial con las que se pretende garantizar sólo una parte de las competencias autonómicas, pues de ello se pueden derivar severas desigualdades entre los ciudadanos, dependiendo de la parte del territorio nacional en el que vivan. Asimismo, la financiación autonómica debe diseñarse con criterios de simplicidad y transparencia, evitando la proliferación de fondos de compensación de situaciones particulares o específicas de determinadas Comunidades Autónomas, pues ello no conducirá sino a aumentar las desigualdades regionales.

165. - En la perspectiva de los ingresos de las Comunidades Autónomas, consideramos desacertada la transferencia de determinados impuestos a las Comunidades Autónomas —como el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales— en cuantías que impliquen dejar en sus manos la mitad o más de la correspondiente recaudación. Aunque un alto grado de corresponsabilidad fiscal es deseable, en el actual nivel competencial de las Comunidades Autónomas, su logro implica una transferencia de impuestos a todas luces excesiva que deja al Estado muy disminuido para poder afrontar los graves problemas por los que atraviesa la economía. Por ello, tal como antes se ha señalado, hubiese sido preferible que, antes de modificar en profundidad el Sistema de Financiación Autonómica, se hubiese entrado en el debate sobre el reparto territorial de las competencias —y del poder que se asocia a ellas— a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos, eficacia en la prestación de los servicios públicos y eficiencia en la asignación de los recursos presupuestarios. Si se hubiese operado de esa manera, el paquete fiscal a transferir habría sido muy inferior al propuesto.

166. - En particular, consideramos no deseable aumentar el porcentaje transferido del IRPF, dado que este impuesto es uno de los pocos instrumentos de que dispone el Estado para desarrollar una política redistributiva. Y menos aún la ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas con respecto a dicho impuesto, pues ello puede afectar gravemente a su carácter progresivo, con la consiguiente pérdida de equidad en la distribución de la renta entre los españoles. Tampoco es aceptable el nivel y, sobre todo, la pretensión de ceder competencias normativas en el IVA y los Impuestos Especiales. Las diferencias territoriales en los impuestos actuarán como incentivos a la movilidad del capital, con lo que se deslocalizarán las empresas hacia las Comunidades Autónomas de menor carga impositiva. Por tanto, es previsible que la diferenciación fiscal entre las Comunidades Autónomas en cuanto a los impuestos actúe como un poderoso elemento de ruptura de la unidad de mercado en favor de las más ricas, añadiendo un problema adicional a los ya graves que se derivan de la crisis económica. El sistema de financiación de las Comunidades debería cumplir los criterios de transparencia (de forma que los ciudadanos conozcan qué parte de los impuestos que pagan van destinadas a financiarlas) y corresponsabilidad (para que asuman el coste de la impopularidad de subir los impuestos, cuando corresponda hacerlo).

167. - La financiación local. La política territorial española debe prestar una especial atención al tradicionalmente relegado ámbito local. Es necesario definir con precisión las tareas y competencias de los ayuntamientos, así como dotarlos de un nuevo modelo de financiación, que les dote de suficientes recursos para hacer frente a sus importantes funciones. Para ello, además de los tributos propios, hay que aumentar su participación en los tributos del Estado y de las propias Comunidades Autónomas. Con carácter inmediato han de promoverse medidas para combatir la preocupante morosidad que existe en el ámbito de las administraciones locales.

Isla escribió:

folken90 escribió:Hombre, que el Estado tenga que decidir dónde se hacen todos los colegios y hospitales de España me parece tremendamente complicado. Creo que lo de devolver la competencia al Estado es más para que recupere la capacidad legislativa en el tema que para que se dedique a decidir el Gobierno dónde se coloca una escuela en un pueblo que ni conocen a 400 km de Madrid (el programa de 2008 de UPyD así lo recoge).

Pero eso no viene mucho a cuento. Y lo de que cada uno recaude sus impuestos a mí no me parece mal, si luego se paga al Gobierno central el dinero que hay que pagarle para que luego pueda haber redistribución y se puedan mantener los servicios que aporte el Estado. Porque el problema surge cuando pasa lo que dice Isla, que se negocia cada vez con el Gobierno central a ver si le recortamos más o menos (y con un gobierno débil como el actual, pues ya me imagino que se le recorta bastante si tienes derecho de veto en el Congreso) y pagas en función del poder de negociación y no de tus ingresos ni nada.

Por cierto, lo que dice UPyD:

163. - La financiación de las Comunidades Autónomas: el sistema de financiación autonómica ha entrado en crisis debido a la insuficiencia de sus previsiones de actualización, a la presión política del nacionalismo catalán para apartar a Cataluña de la solidaridad interregional, a la persistencia de los privilegios derivados del régimen foral del País Vasco y Navarra, y al hecho de que no se haya integrado en él el régimen económico-fiscal de Canarias. La resolución de esa crisis requiere la integración de todas las CC.AA. en un sistema común y solidario de financiación, a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos.

164. - El sistema de financiación autonómica resultante de la reforma debe responder a los principios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia, de manera que proporcione los recursos que se requieren para el ejercicio de las competencias autonómicas sin que éste implique privilegios para unos españoles en detrimento de otros. Ello hace que rechacemos las pretensiones de bilateralidad planteadas por el nacionalismo catalán, así como sus propuestas de nivelación parcial con las que se pretende garantizar sólo una parte de las competencias autonómicas, pues de ello se pueden derivar severas desigualdades entre los ciudadanos, dependiendo de la parte del territorio nacional en el que vivan. Asimismo, la financiación autonómica debe diseñarse con criterios de simplicidad y transparencia, evitando la proliferación de fondos de compensación de situaciones particulares o específicas de determinadas Comunidades Autónomas, pues ello no conducirá sino a aumentar las desigualdades regionales.

165. - En la perspectiva de los ingresos de las Comunidades Autónomas, consideramos desacertada la transferencia de determinados impuestos a las Comunidades Autónomas —como el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales— en cuantías que impliquen dejar en sus manos la mitad o más de la correspondiente recaudación. Aunque un alto grado de corresponsabilidad fiscal es deseable, en el actual nivel competencial de las Comunidades Autónomas, su logro implica una transferencia de impuestos a todas luces excesiva que deja al Estado muy disminuido para poder afrontar los graves problemas por los que atraviesa la economía. Por ello, tal como antes se ha señalado, hubiese sido preferible que, antes de modificar en profundidad el Sistema de Financiación Autonómica, se hubiese entrado en el debate sobre el reparto territorial de las competencias —y del poder que se asocia a ellas— a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos, eficacia en la prestación de los servicios públicos y eficiencia en la asignación de los recursos presupuestarios. Si se hubiese operado de esa manera, el paquete fiscal a transferir habría sido muy inferior al propuesto.

166. - En particular, consideramos no deseable aumentar el porcentaje transferido del IRPF, dado que este impuesto es uno de los pocos instrumentos de que dispone el Estado para desarrollar una política redistributiva. Y menos aún la ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas con respecto a dicho impuesto, pues ello puede afectar gravemente a su carácter progresivo, con la consiguiente pérdida de equidad en la distribución de la renta entre los españoles. Tampoco es aceptable el nivel y, sobre todo, la pretensión de ceder competencias normativas en el IVA y los Impuestos Especiales. Las diferencias territoriales en los impuestos actuarán como incentivos a la movilidad del capital, con lo que se deslocalizarán las empresas hacia las Comunidades Autónomas de menor carga impositiva. Por tanto, es previsible que la diferenciación fiscal entre las Comunidades Autónomas en cuanto a los impuestos actúe como un poderoso elemento de ruptura de la unidad de mercado en favor de las más ricas, añadiendo un problema adicional a los ya graves que se derivan de la crisis económica. El sistema de financiación de las Comunidades debería cumplir los criterios de transparencia (de forma que los ciudadanos conozcan qué parte de los impuestos que pagan van destinadas a financiarlas) y corresponsabilidad (para que asuman el coste de la impopularidad de subir los impuestos, cuando corresponda hacerlo).

167. - La financiación local. La política territorial española debe prestar una especial atención al tradicionalmente relegado ámbito local. Es necesario definir con precisión las tareas y competencias de los ayuntamientos, así como dotarlos de un nuevo modelo de financiación, que les dote de suficientes recursos para hacer frente a sus importantes funciones. Para ello, además de los tributos propios, hay que aumentar su participación en los tributos del Estado y de las propias Comunidades Autónomas. Con carácter inmediato han de promoverse medidas para combatir la preocupante morosidad que existe en el ámbito de las administraciones locales.

Totalmente de acuerdo con lo que propone a nivel de fiscalidad UPyD pero disiento de que cada cual recaude sus impuestos. Esto es una petición del mundo nacionalista en la que han tenido además parcialmente éxito, primero habría una cogestion y luego la recaudación pasaría totalmente a sus manos con una finalidad, discutir luego cuál es la parte que se entregaría al Estado.
No solamente se rompería el principio de igualdad entre todos los españoles sino que además una Hacienda troceada en quince trocitos haría mucho más complicado perseguir el fraude fiscal.
De hecho las haciendas forales vascas son opacas y según las malas lenguas, han servido de tapadera para reclutar clientes "políticos".

El PP reclama limitar la solidaridad y que
se reconozca “la singularidad” de Cataluña
en el sistema de financiación
La ponencia política que se debatirá en el próximo congreso del partido defiende “un autonomismo diferencial” para Cataluña, y reclama que ‘la suma del esfuerzo fiscal de todos los catalanes sea más adecuado al gasto invertido por parte de del Estado en Cataluña’.


Millo, con el texto de la ponencia política en la mano, durante su presentación ante los medios (foto: PPC).

El portavoz del PP en el Parlamento autonómico de Cataluña, Enric Millo, ha explicado este martes las líneas generales de la ponencia política que, como responsable de la misma, presentará en el congreso del partido previsto para los próximos 5 y 6 de mayo.

En una rueda de prensa, Millo ha señalado que el PP de Cataluña “apuesta por un autonomismo diferencial y por el reconocimiento de la singularidad de Cataluña dentro de España, porque defendemos permanecer unidos para prosperar con más fortaleza y capacidad de éxito”. Y, para justificar este planteamiento, ha apelado al “hecho diferencial catalán”.

Un discurso propio de los nacionalistas

El dirigente popular ha subrayado que el modelo de financiación propuesto para la Generalidad debe ser “equilibrado, justo, solidario y sostenible y que se define en base a esta singularidad para Cataluña dentro de la LOFCA”. Esto se traduciría en un modelo basado en la ‘suficiencia financiera’ para ‘atender las competencias’ recogidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Este sistema, según los populares, debería tener “fórmulas dinámicas que permitan la actualización anual” de la participación de la Generalidad en los impuestos gestionados por la Administración General del Estado.

El PP ha desarrollado la ponencia en unos términos muy similares a los de las formaciones nacionalistas en cuestiones económicas, llegando a reclamar ‘un principio de ordinalidad más coherente’ que suponga que ‘la suma del esfuerzo fiscal de todos los catalanes sea más adecuado al gasto invertido por parte de del Estado en Cataluña’. Este aspecto ha sido defendido por Millo con un discurso más propio de su época como dirigente de Unió Democràtica de Catalunya y portavoz adjunto de CiU en la Cámara autonómica.

Limitar la redistribución fiscal interterritorial

Sin embargo, la parte más polémica del documento -supervisado por la presidenta el PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho- es la que señala que debe mantenerse ‘el principio de la solidaridad con aquellos territorios que tienen más dificultades para desarrollarse, pero que sea una solidaridad no ilimitada y finalista‘.

Los populares han considerado que, “con este planteamiento, el PPC puede conectar con la Cataluña real“, aspirando a “ser partido de gobierno también a la Generalidad de Cataluña, en un plazo de tiempo no muy lejano”.

“Tenemos voluntad de liderar el Gobierno [autonómico] catalán en un futuro no muy lejano, porque somos el único partido que representa los valores de un centro derecha moderno en el que confían la mayoría de ciudadanos de la Unión Europea”, ha indicado Millo.

“Refundación de un partido de gobierno”

Para compensar estas propuestas programáticas, que han calificado como punto de partida para “la refundación de un partido de gobierno”, el PP también se reivindicará como la formación “de aquellos catalanes que se sienten tan catalanes como españoles”. “Somos el único partido que puede ser alterativa a una nacionalismo que ha ido derivando hacia un soberanismo independentista que no responde de ninguna manera a las necesidades actuales de los catalanes, sino que nos empobrece y empequeñece”, ha apuntado Millo.

El dirigente popular ha avanzado que la ponencia también profundizará en la defensa de “los principios del humanismo cristiano”; “una sociedad civil rica, independiente y plural, no subvencionada y no adoctrinada por el nacionalismo oficial”; y “un bilingüismo integrador”, sobre cuya aplicación concreta no ha dado más pistas.

En los últimos meses los principales pesos pesados del partido, en sus intervenciones públicas, han venido anunciando el giro catalanista del PP. El propio Millo aseguró hace unas semanas que el actual modelo de financiación autonómica “perjudica” a Cataluña e instó a limitar la solidaridad entre las diferentes CCAA. Mientras que Sánchez-Camacho abogó recientemente por un modelo autonómico asimétrico.

Críticas por parte del resto de formaciones

El resto de formaciones con representación en el Parlamento autonómico, en cambio, se han mostrado escépticos con estas propuestas del PP. El portavoz de CiU en la Cámara autonómica, Jordi Turull, ha advertido que “de lo singular se pasa muy rápidamente a lo folclórico”, y ha reclamado al PP de Cataluña que actúe como los populares vascos y navarros, y defienda un modelo similar al concierto económico en el que la Generalidad tenga “la llave de la caja”.

Laia Bonet (PSC) ha señalado que “no le parecen demasiado creíbles” estos planteamientos del PP y les ha exigido acciones en esa línea. Mientras que Anna Simó (ERC) ha rechazado cualquier propuesta que no pase por no salir de la LOFCA. Solo Ciudadanos ha criticado la propuesta de un trato “diferencial” para la Generalidad, aunque el líder de la formación, Albert Rivera, sí se ha mostrado partidario de mejorar la LOFCA. Por último, Alfons López Tena (Solidaritat) ha acusado a los populares de “actuar siempre a favor de España” y “en contra de Cataluña”.

La Voz de Barcelona

Alejandro Villuela escribió:Una cosa, y si los impuestos se recaudasen a nivel nacional (no por territorios) y se administrasen a nivel nacional (haceindo hospitales y escuelas el estado) Y luego existiesen impuestos autonómicos y municipales.

Así se acabaría el problema actual.

El PP catalán de Sánchez-Camacho abraza
el concierto económico de CiU
La ponencia política del XIII Congreso del PP catalán propone defender que la Generalidad tenga un sistema de financiación ‘hasta conseguir un resultado similar al de los territorios forales’.

El PP de Cataluña se refunda en el PP catalán. Más bandera (de Cataluña) y apostar por el concierto económico como un objetivo de máximos. O, como lo define CiU, el pacto fiscal; lo que traducido al lenguaje de los populares significa autonomismo diferencial. Todo esto queda recogido en la ponencia política que se aprueba este fin de semana en el XIII Congreso del PP catalán.

Millo, junto a técnicos y ayudantes de la organización del XIII Congreso del PP catalán,
preparando el cónclave 'popular' de este fin de semana (foto: PPC).

El texto de la ponencia política, firmado por Enric Millo, Alejandro Fernández, Antoni Bosch, Dolors López y Juan Milián, hace una valoración en positivo de los últimos cuatro años del mandato de Alicia Sánchez-Camacho al frente del PP catalán. Y se hace referencia al XII Congreso, el de 2008, que la actual líder del partido venció no sin dificultades y ayuda de la calle Génova de Madrid:

‘El Partido Popular de Cataluña llegaba a aquel congreso dividido, sin influencia política en el Parlamento [autonómico], sin el gobierno de importantes ayuntamientos y visto con cierta reticencia por gran parte de la sociedad catalana. El partido llegó dividido al congreso, pero salió de él más unido que nunca y con la ambición de revolucionar por primera vez la política catalana’.

El PP catalán quiere salir del XIII Congreso como la ‘única alternativa real al nacionalismo’, que ha emprendido, según los ponentes, ‘una deriva cada vez más radical, que se basa en la ruptura del marco de convivencia de 1978′. Una referencia clara a CiU, partido al que califican de practicar un ‘radicalismo identitario’ desde el Palacio de la Generalidad. Y con la que el PP ha pactado los presupuestos autonómicos de 2011 y 2012.

La ponencia política marca las prioridades del PP catalán para los próximos años, prioridades entre las que no se encuentran la aplicación de la Constitución y el cumplimiento de las sentencias judiciales que la Generalidad se niega a aplicar en el ámbito escolar. Así, las prioridades son: ’la lucha contra la crisis y el desempleo, las políticas de austeridad y de crecimiento, las políticas sociales, la ayuda a las familias, la regeneración política, la lucha contra la inmigración ilegal, y el fomento de la seguridad y la convivencia’.

Un modelo fiscal que dé como resultado el del País Vasco y Navarra

Pero si hay un aspecto que destaca por encima de los demás en la ponencia política del PP catalán es la apuesta por el concierto económico para la Generalidad. Un aspecto que lleva a los populares a las posiciones que defienden CiU, ERC, ICV-EUiA, y en menor medida el PSC. Así, el texto recoge que los populares defenderán un ‘autonomismo diferencial’ que permita que Cataluña ‘sea reconocida en su singularidad dentro de España’.

Es decir, el PP catalán ‘defiende un modelo fiscal singular que permita el equilibrio territorial, la cohesión social y la sostenibilidad’ basado en que, para que la Generalidad preste los servicios que tiene transferidos, la Administración autonómica debe tener ‘una participación en el conjunto de figuras tributarias que asegure prestar con los mejores niveles cualitativos y cuantitativos el conjunto de competencias de las que se disponen y se es responsable’.

¿Cómo proponen los populares llevar a cabo su propuesta? Con un modelo como el del concierto económico:

‘El objetivo de suficiencia de recursos por parte de la Generalidad de Cataluña exige un grado de autonomía financiera que permita disponer de la capacidad normativa, de gestión, liquidación, recaudación e inspección, que asegure los márgenes suficientes para poder determinar y establecer las modificaciones adecuadas en las diferentes figuras tributarias para cubrir las necesidades de ingresos para hacer frente a diferentes compromisos de gasto’.

Además, esta propuesta debe mantener la ordinalidad: ‘Cataluña debe seguir siendo un territorio de impulso del resto de la economía española pero este impulso no puede suponer pérdida de posiciones entre los recursos obtenidos a partir de la suma de las bases imponibles de todos los sujetos pasivos y el gasto de la Administración General del Estado en los diferentes territorios de ámbito autonómico. Hay que mantener un principio de ordinalidad coherente antes y después de la aplicación de los mecanismos de compensación interterritorial’.

Y, por si quedaban dudas, la ponencia política especifica claramente cuál es el modelo fiscal del PP catalán:

‘El pacto de financiación debe garantizar la igualdad en el acceso a los servicios sociales básicos. Las transferencias entre CCAA deben comportarse también unos objetivos en desarrollo que asegure un menor esfuerzo fiscal por parte de los territorios aportadores netos de recursos hasta conseguir un resultado similar al de los territorios forales, por lo que es necesario que este esfuerzo de solidaridad necesaria sea acondicionado en el tiempo, y de carácter finalista’.

Toda una declaración de intenciones de la que CiU, y en especial el presidente de la Generalidad, Artur Mas, tomará buena nota para presionar a Sánchez-Camacho e instarle a que el PP catalán se sume a la propuesta de concierto económico que la Generalidad presentará al Gobierno.

Optimismo frente al nacionalismo

Sorprendentemente, el texto de la ponencia política, que defiende la práctica independencia económica para Cataluña, al estilo de los derechos forales (figura jurídica que el Tribunal Constitucional ha dejado limitada al País Vasco y Navarra), sí aporta puntos de vista muy críticos con el nacionalismo secesionista.

Palabras más mencionadas en el texto de la ponencia política del PP catalán.

Así, el PP catalán apunta que desde el nacionalismo se está despreciando a los ciudadanos ya que pretenden constantemente ‘segregar y dividir a los catalanes en dos clases de ciudadanos: los partidarios de la independencia y aquellos que no comparten estas ideas’. Una situación y una ‘agenda separatista’ que consideran ‘nefasta para los intereses de los catalanes’ y que ‘solo provoca división entre Cataluña y el resto de España y también dentro de la propia sociedad catalana’.

Además, se apunta en el texto de la ponencia, ‘la estrategia de la tensión y del cuanto peor mejor de los separatistas conduce a una inestabilidad política y jurídica que fomenta la huida de las inversiones y de los capitales, siempre cobardes ante futuros políticos inciertos’.

Frente a esto, los populares, ‘como millones de catalanes, no va a caer en esa trampa’. Y esperan poder transmitir ‘un mensaje de esperanza ante los que han creído que el nacionalismo es una lacra irreversible y que nos llevan irremediablemente a la separación de Cataluña del resto de España’.

Finalmente, el PP catalán lanza un mensaje optimista, a la vez que acusa a los medios de comunicación de hacerse eco de los planes secesionistas que incluyen ‘la distorsión de los conceptos y el juego con los significados de las palabras’:

‘El nacionalismo puede ser superado. Ha de ser superado. El separatismo no es una opción en la Europa del siglo XXI. La sociedad plural puede hacerle frente y vencerlo. A pesar de la insistencia de un discurso oficial que contrapone siempre lo español y lo catalán, la mayoría de catalanes sigue sintiendo como propias ambas pertenencias con mucha más naturalidad de lo que parece al escuchar a algunas minorías ruidosas. En este sentido denunciamos la manipulación que existe hoy en la sociedad catalana para crear un clima de opinión favorable a la separación de Cataluña. [...] Cataluña siempre tendrá más fuerza defendiendo sus intereses como parte de España que en la soledad en el imposible caso de ingresar en la Unión Europea como país independiente. Además, el separatismo es un problema en el sistema internacional que sólo conlleva oposición y marginación’.

Además de la ponencia política, los 1.008 compromisarios al congreso popular votarán una ponencia económica, una ponencia social y una de estatutos del partido. Tan solo se han recibido 40 enmiendas. Al cónclave conservador se espera que asistan, además de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, que será el presidente del congreso, Ana Mato, presidenta de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La Voz de Barcelona

Nafarra escribió:Quitar el concierto y convenio económicos a CAV y CFN respectivamente sería echar mas leña al fuego al problema vasco-navarro ya existente. Sobre todo en CFN.

Adrian PF escribió:

Nafarra escribió:Quitar el concierto y convenio económicos a CAV y CFN respectivamente sería echar mas leña al fuego al problema vasco-navarro ya existente. Sobre todo en CFN.

Ese es el principal problema, que tenemos políticos cobardes que temen enfrentarse a la adversidad y coger el toro por los cuernos.

Nafarra escribió:

Adrian PF escribió:

Nafarra escribió:Quitar el concierto y convenio económicos a CAV y CFN respectivamente sería echar mas leña al fuego al problema vasco-navarro ya existente. Sobre todo en CFN.

Ese es el principal problema, que tenemos políticos cobardes que temen enfrentarse a la adversidad y coger el toro por los cuernos.

No creo que la cobardía tenga nada que ver. Si quitas los fueros sabes a donde llevas a la CAV y CFN. Hacia la soberania (aunque ya es una opción fuerte). Otra cosa es que te refieras a que tienen cobardía porque no sacarían los tanques en caso de rebeldía popular en CAV y CFN.