Medidas contra la crisis

Weno,pues os dejo aquí 10 medidas contra la crisis,un poco más perfiladas

10 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS Y PARA ACABAR CON EL PARO MEDIANTE LA REDISTRIBUCIÓN DE RENTAS Y SALARIOS, EL AHORRO Y LA INVERSIÓN PRODUCTIVA.

1.- Redistribución salarial. Nadie por debajo de 1.000 euros de salario mensual, nadie por encima de 10.000 euros mensuales de salario.
Sólo la aplicación de esta medida a un 0,2% de la población activa española –los cerca de 40.000 consejeros, ejecutivos y altos cargos de las grandes empresas y del Estado– supondría un ahorro anual que permitiría que los 2,4 millones de trabajadores españoles cuyo salario actual es inferior a 1.000 euros mensuales, pasarán a cobrarlos inmediatamente. Y aún quedarían 3.546 millones de euros sobrantes para cubrir los salarios de 250.000 nuevos puestos de trabajo productivos.

2.- Reducción de un 20% en los gastos del Estado, empezando por los gastos superfluos e innecesarios y sin tocar los gastos verdaderamente sociales (pensiones, desempleo, educación, sanidad,...).
El ahorro generado por esta medida (de alrededor de 72.000 millones de euros al año) sería suficiente para crear casi dos nuevos millones de puestos de trabajo productivos de un valor añadido medio-alto cada año.

3.- El dinero público del rescate bancario (240.000 millones de euros) dedicado a la financiación para la inversión de pequeñas y medianas empresas y para el consumo de las familias.
Si el Estado ha puesto a disposición de los bancos 250.000 millones de euros –dinero público, dinero de todos– y éstos no lo están revirtiendo en créditos a la sociedad, que el Gobierno dedique ese dinero a financiar directamente, al igual que ha hecho hasta ahora con los bancos, con préstamos, avales y garantías a pequeñas, medianas empresas y autónomos que lo necesitan para mantener o ampliar sus negocios y a las familias. Financiación cuyo interés –al tratarse de dinero público sin ánimo de lucro– debería estar a la misma tasa a que hoy presta el dinero el BCE, es decir, al 1%. (ICO)

4.- Un sistema impositivo sobre la renta personal en una escala del 0 al 9. En la que se potencie el ahorro de las rentas más bajas con un 0% de impuestos y se penalice fiscalmente, hasta con un 90% de impuestos, a las grandes fortunas improductivas (que pasen de tanto).
No es un sistema fiscal justo aquel en el que la carga principal de los impuestos recae sobre las rentas el trabajo, como es el caso de España. Que un trabajador español con un sueldo de 2.000 euros mensuales tenga que tributar a hacienda mientras las grandes fortunas del país pagan un 1% de los beneficios que obtienen en sus multimillonarios fondos de inversión especulativa es una burla para todos. Lo mismo que el hecho de que no exista una ley penalizando y sancionando fuertemente a todos aquellos, personas y empresas, que evaden sus fortunas a paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.

5.- Un nuevo impuesto de sociedades, en una escala del 0 al 90% también, donde paguen más quienes más beneficios obtienen de acuerdo a su capital.
Un 1,9% de grandes empresas en España, que obtienen el 58,6% de las ganancias empresariales anuales tributan un 20% menos que el millón largo de pequeñas y medianas empresas que deben contentarse con repartirse el 41,4% de las ganancias restantes.
Sólo con que a los bancos y monopolios del IBEX-35 se les aplicara el doble de impuestos sobre beneficios que se le aplica a las pequeñas y medianas empresas –puesto que duplican los beneficios obtenidos por 1,2 millones de pymes–, y que al resto de bancos de tamaño medio y al conjunto de empresas calificadas como “grandes” por Hacienda, se les aplicara la misma carga fiscal que a las PYMES, el Estado recaudaría 66.630 millones de euros más cada año.
Lo que permitiría congelar o reducir a un 5% los impuestos a las empresas en dificultades y aún sobrarían miles de millones para crear nuevos empleos productivos o atender y mejorar los gastos sociales.

6.- Una escala de 10 niveles de desgravación en el impuesto de sociedades, de acuerdo con el grado de reinversión productiva de los beneficios.
Quien más beneficios dedique a crear nueva riqueza social y nuevos puestos de trabajo productivos, más desgravación en el impuesto de sociedades. Ni estímulo ni desgravación para quien no reinvierta beneficios en la mejora, ampliación o modernización de la empresa.

7.- 10 medidas de aplicación inmediata para la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población y el bienestar del conjunto del país.
Tanto en cuestiones básicas como sanidad, educación o vivienda. Como en cuestiones tan necesarias como la sostenibilidad del desarrollo económico, el medio ambiente,...

8.- 10 medidas para la creación de riqueza y empleo.
Transformando las Cajas de Ahorro, como entidades sociales sin ánimo de lucro que son, en un instrumento financiero público de tipo confederal, centralizado por el gobierno y controlado y supervisado por los impositores, sus verdaderos dueños. Y esto para promover un plan de choque contra el paro y de apoyo a las PYMES.

9.- 10 objetivos de desarrollo e innovación
Transformando drásticamente el modelo productivo, desde el “monocultivo” de la construcción hacia los sectores más competitivos y de mayor valor añadido. Con investigación y desarrollo de energías alternativas y un plan de inversión en I+D+I.

10.- Medidas para la ampliación y diversificación de mercados.
Cortando con la dependencia actual de nuestra economía, cuya producción y exportación está dirigida a unos pocos mercados de la UE.

Y todo esto va acompañado de medidas políticas

1.- Ampliación del parlamento nacional a 400 diputados, cada uno de los cuales es elegido en una circunscripción electoral con un censo máximo de 90.000 votantes. Cada uno de los diputados responde de esta forma directamente ante los votantes de su circunscripción y no ante la cúpula de su partido que lo ha colocado en la lista en un puesto elegible.
Los diputados elegidos por este medio lo son porque consiguen la mayoría simple de los votos emitidos o una diferencia del 15% sobre el segundo más votado. En caso contrario, se procede a una segunda vuelta a la que concurren los dos candidatos más votados que pueden establecer pactos, alianzas o coaliciones con los candidatos que no han superado el corte de la primera vuelta. El diputado electo de esta forma es la representación en el parlamento (ya sea nacional, autonómico o municipal) de la voz y de los intereses de los votantes de su circunscripción y responde directamente ante ellos de su actuación política de acuerdo a los compromisos adquiridos durante la campaña, compromisos de los que debe responder y sobre los que los electores han de tener la capacidad de hacer que se cumpla efectivamente el mandato dado por las urnas.

2.- Establecimiento de mecanismos efectivos, constitucionalmente sancionados, de control y fiscalización de los votantes sobre los representantes que han elegido mediante Asambleas de Electores.
En tanto que los diputados electos representan a su circunscripción, los electores de ésta –hayan votado o no a ese candidato– tienen el derecho y el deber de fiscalizar políticamente su actuación. El programa electoral defendido por el candidato es un contrato con los electores de su circunscripción, y como tal debe rendir cuentas pública y periódicamente ante sus votantes del grado de cumplimiento efectivo de dicho contrato. La ley debe regular y facilitar la creación de Asambleas de Electores en cada circunscripción. Asambleas donde los cargos electos están obligados a responder periódicamente ante los ciudadanos de esa circunscripción de su actividad política y donde los votantes tienen el derecho de pedir cuentas a sus representantes del grado de cumplimiento efectivo del programa por el que fueron elegidos.

3.- Una nueva regulación constitucional del sistema de referéndum, tanto nacionales, autonómicos, municipales o de circunscripción, como uno de los medios más directos y representativos de la participación democrática de los ciudadanos en la vida política del país.
Activar y potenciar los referéndum donde los ciudadanos puedan expresar de forma directa y sin intermediarios su posición y su voluntad ante cuestiones de especial trascendencia en el ámbito nacional, autonómico o municipal es un aspecto indisociable de la profundización de la democracia y de asegurar que la voz y la decisión de la mayoría cuentan en la vida política del país. Los resultados de los referéndum serán vinculantes para los gobiernos del ámbito que se trate. Para poner en marcha el mecanismo del referéndum se necesitará la presentación de un número de firmas igual al 2% del censo electoral en al ámbito nacional, del 5% en el autonómico y municipal y del 10% en la circunscripción.
De especial importancia para la vida democrática tiene la regulación de los referéndum revocatorios a nivel de circunscripción. En el que los votantes tengan la capacidad de revocar y destituir a sus representantes elegidos si consideran que éstos están incumpliendo, de forma flagrante e incondicional, el mandato otorgado por los electores. Para poner en marcha el referéndum revocatorio serán necesarias la presentación de un número de firmas equivalente al 15% del censo electoral de la circunscripción. Y la revocatoria sólo será efectiva si la aprueban en referéndum más del 50% del censo de dicha circunscripción. En la cual se abriría, a continuación, un nuevo proceso electoral

4.- Una nueva ley de financiación de partidos y sindicatos basada en el principio democrático de la autofinanciación. Las cuentas de todos los organismos del Estado, así como la de los cargos electos y altos cargos de la administración, deben ser abiertas, detalladas y públicas
Nueva ley de financiación que acabe con la dependencia de las subvenciones del Estado y de la condonación de las deudas por parte de la banca que no son sino otras formas de dependencia y de control ajenas a su militancia y a sus votantes. Cada candidato estará obligado por ley a crear un fondo especial de campaña, donde están recogidos y serán de conocimiento público todos los ingresos y los gastos de su campaña electoral. La Junta Electoral Central y las provinciales –cuyos criterios de selección y composición deberán revisarse– son las encargadas de asegurar (y sancionar en caso contrario) la transparencia y veracidad de dichas cuentas.
Todos los cargos electos, así como los altos funcionarios, asesores, gestores y ejecutivos de empresas públicas, etc nombrados por éstos, estarán obligados por ley a hacer presentación pública de todo su patrimonio y las rentas familiares de todo tipo que perciben al ser nombrados o elegidos, y al finalizar su mandato.

5.- Una ley específica que trate a la corrupción y a los corruptos como uno de los más graves delitos penales, puesto que atenta contra el patrimonio público, el dinero que es de todos.
De la misma forma que existe una acusada sensibilidad social contra delitos especialmente repugnantes y se han reforzado las leyes, los tribunales y los castigos contra este tipo de delitos, debe procederse exactamente igual contra la corrupción y los corruptos. Ya existe en nuestro ordenamiento jurídico la capacidad y la posibilidad de dar a la corrupción el tratamiento que se da a otras formas del crimen organizado. Deben ampliarse los años de cárcel por los delitos de corrupción, los condenados deben responder con su patrimonio de devolver hasta el último euro de lo robado. Las responsabilidades, si no penales sí al menos políticas y administrativas, deben extenderse a aquellos organismos encargados de fiscalizar las cuentas de los organismos e instituciones donde han anidado tramas de corrupción y no lo hicieron.