Las 17 auditorías que necesita España.

La crisis, que en los últimos meses ha colocado a la empresa España S.A. al borde de la bancarrota, exige un benchmarking interno para comprobar cuáles Administraciones son las imprescindibles y cuáles no.

Benchmarking es un término anglosajón que define la comparación de distintos productos, servicios y métodos de trabajo para saber cuáles son los mejores y más eficientes. La evaluación puede realizarse comparando empresas de un sector o incluso diferentes departamentos dentro de una misma compañía.

El pasado jueves, el Gobierno anunció un escrutinio detallado de las empresas públicas, en especial las dependientes de las comunidades autónomas, ya que deben eliminarse 445 de éstas. En total, los entes estatales, autonómicos y locales superan los 4.000, contribuyendo a un déficit y una deuda que despiertan los recelos de los que quieren invertir en España S.A.

Sin embargo, pese a la perentoria necesidad de estos recortes, el abrumador poder del PP en casi todos los estamentos del país supone una oportunidad única para plantearse de una vez por todas lo razonable de mantener 17 miniestados cuyos tentáculos invaden las competencias del Estado central. Según un informe de UPyD, las duplicidades y redundancias generadas por los cuatro escalones administrativos del país cuestan 32.300 millones de euros al año.
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Además, los aproximadamente 120 tribunales, agencias, observatorios y órganos consultivos repartidos por las regiones han fomentado un paraíso de despachos, ventanillas y documentos.

Las propuestas de ajuste no obedecen a un debate partidista y las críticas (por lo general, documentadas) proceden de todos los frentes políticos. Al citado informe de UPyD se añade otro elaborado por FAES (de clara vinculación al PP) titulado Por un Estado autonómico racional y viable, que defiende grandes acuerdos para reformar la Constitución y redefinir el engranaje nacional.

Algunos peces gordos del PSOE también se han pronunciado al respecto. El pasado 29 de agosto, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, tildó de “disparate” que existan “17 defensores del pueblo, 17 consejos económicos y sociales, 17 defensores del mayor y del menor, 17 consejos consultivos, 17.000 televisiones públicas” y demás organismos.
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Por su parte, tanto el expresidente del Gobierno Felipe González como el candidato socialista a las últimas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, han pedido varias veces la supresión de las diputaciones provinciales.
Pero, con algunas excepciones tras los duros recortes emprendidos en los últimos meses en varias regiones (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña), la mayoría de las estructuras orgánicas permanecen, de momento, inmarcesibles.

Órganos consultivos
Además de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), órgano estatal que vela por el buen cumplimiento de las reglas del mercado, casi todas las autonomías cuentan con su propio Tribunal de Defensa de la Competencia.

Lo mismo sucede con el Tribunal de Cuentas, creado para revisar los balances de los órganos públicos y sufragado con 62 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene clones repartidos por todo el país, aunque en la mayoría de las regiones se les conoce como Sindicatura de Cuentas.

No obstante, la eficacia de éstas despierta algunas dudas. El Tribunal central, presidido por Manuel Núñez, reveló recientemente al informar sobre el uso de subvenciones a pymes que “entre las justificaciones de gastos presentadas por las comunidades autónomas y por el Ayuntamiento de Barcelona existen importes elevados dedicados a comidas, cátering y conferenciantes”.

Es decir, que no fueron las Sindicaturas las que alertaron sobre este despilfarro en sus respectivas regiones, sino la Administración central.

De forma similar, el Defensor del Pueblo dispone de réplicas a su imagen y semejanza, aunque en el plan de recortes aprobado el pasado septiembre el Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) suprimió tanto este organismo como el Consejo Económico y Social, otra instancia reproducida por las comunidades con el CES central como modelo. De momento, ningún otro presidente autonómico ha imitado en este sentido a María Dolores de Cospedal.

Los gobiernos regionales, asimismo, albergan departamentos casi iguales entre sí como los Institutos de Estadística (que compiten con el INE), los observatorios de inmigración y de igualdad, las agencias de protección de datos o las agencias de consumo, estas últimas en clara competencia con el Instituto Nacional del Consumo o el Consejo de Consumidores y Usuarios. Por no hablar de las incontables televisiones autonómicas y locales, que cuestan casi 2.000 millones por año.

Esto tiene un impacto directo en las cuentas. Por ejemplo, más de la mitad de los 3,2 millones de funcionarios del país trabaja para las comunidades: 1,7 millones de personas. Un análisis de la Fundación BBVA indica que uno de cada cinco euros de los salarios que se pagan en toda una comunidad va a parar a trabajadores de su Administración.

Municipios
Un cálculo elaborado el pasado abril por el Círculo de Empresario cifró en 22.000 millones de euros anuales el coste de las diputaciones provinciales. En concreto en España hay 41 diputaciones, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares. Son administraciones intermedias entre las comunidades y los ayuntamientos.

España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. Entre las propuestas de ahorro del Círculo figuraba la fusión de consistorios, una medida que adoptó Italia este verano al eliminar 34 provincias y 1.500 ayuntamientos.

UPyD va más allá y propone recortar nada menos que 16.000 millones de euros mediante la unión del 95% de municipios españoles: en concreto, que se fusionen los 7.370 que cuentan con menos de 10.000 ciudadanos.

Sector exterior
El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) gastó en 2011 186 millones de euros en promocionar a las empresas españolas en otros países. Pero para las comunidades esto no parece suficiente y sólo quieren representarse a sí mismas, por lo que han creado más de 300 embajadas comerciales: oficinas, técnicos, programas de colaboración, etcétera.

El coste conjunto de organismos de promoción exterior como ACC1Ó (Cataluña), Igape (Galicia), Extenda (Andalucía) o Ivex (Comunidad Valenciana) oscila entre los 300 y los 400 millones de euros.

En el informe de UPyD titulado El coste del Estado autonómico, el diputado por Madrid Ramón Marcos Allo critica así este sistema: “¿Cuál sería la imagen que tendríamos si de repente el Estado de Texas abre Embajada en Madrid y dicen ‘esto no tiene nada que ver con la Embajada de EEUU?’ ¿Realmente eso mejoraría su imagen en España y las ganas y garantías de nuestros empresarios de invertir allí?”.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recomendó esta semana a las autonomías que integraran sus delegaciones comerciales en las embajadas españolas.

Universidades
En España existen 50 universidades públicas, que emplean en total a 100.000 personas y reciben 6.700 millones de euros de presupuesto. No obstante, no parece que esta proliferación de centros contribuya al éxito formativo. De todas las universidades públicas del país, sólo diez están entre las 500 mejores del mundo, según la clasificación académica mundial conocida como Ránking de Shanghai.

Por este motivo, el anterior Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dejó abierta una puerta legal para que en el futuro estas instituciones puedan fusionarse, al estilo de las cajas de ahorros.

Inmuebles
La Administración central también podría apretarse el cinturón. Un estudio de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman señala que si el Estado vendiese el 34% de sus edificios (muchos de ellos infrautilizados), se podrían ahorrar 14.000 millones de euros.

Deuda
La red de sociedades y fundaciones sirven como trastero donde las autonomías y los ayuntamientos acumulan buena parte de la deuda que después no consta en los datos oficiales. Desde el inicio de la crisis en 2007 cada nueva empresa pública ha sumado hasta la fecha 90 millones de endeudamiento al erario público. O sea, 10.000 millones en todo el país en los últimos cuatro años.