Manuel Sarachaga: El drama de las Cajas de Ahorro

Dentro de todas las instituciones que componen nuestro sistema financiero, las Cajas de Ahorro ocupan sin duda un lugar destacado. A través de estas entidades se gestiona el 50% del crédito y el 53% de los depósitos de las empresas y los hogares, lo que deja bien claro su papel clave en la economía española.

Revisando la evolución reciente, podemos comprobar que las Cajas han tomado parte activa en el acelerado proceso de expansión del crédito registrado entre los años 2001 y 2007, especialmente en el relacionado con el sector de la vivienda. Así, en ese periodo su inversión en este sector se multiplicó por 3, liderando claramente este mercado con un 58% del crédito total, 3 puntos más que a comienzos de la década.

El final del ciclo expansivo ha puesto de manifiesto la deficiente gestión realizada. Entre 2006 y 2009 los préstamos de las Cajas de Ahorro a los hogares se redujeron un 53%, mientras los Bancos los recortaban un 44%. En ese mismo periodo, los préstamos de las Cajas a las empresas retrocedieron un 10% (los Bancos sólo los redujeron un 2%). Es decir, las Cajas son las entidades financieras que más están contribuyendo a la restricción crediticia que estrangula a nuestra economía, a nuestras empresas y familias.

Por otra parte, una buena parte de las Cajas se han situado en los últimos puestos en términos de solvencia, liquidez y morosidad en el conjunto de entidades crediticias, y su resultado se está viendo seriamente afectado. Por tanto, y dado que no hay diferencias notables en el negocio realizado por Cajas y Bancos, todo parece indicar que sí lo hay en cuanto a su gestión. El estudio realizado en noviembre de 2009 sobre este asunto por Garicano y Cuñat (London School of Economics) concluye que las Cajas que obtienen peores resultados son aquellas cuyos órganos directivos están más politizados y menos profesionalizados, lo que provoca que las decisiones de inversión estén guiadas por criterios más políticos que técnicos.

Nos encontramos por tanto con que la mitad de nuestro sistema crediticio ha de enfrentarse no sólo a los problemas derivados de la aguda crisis financiera, sino a deficiencias estructurales propias que empeoran su gestión y agravan los efectos de aquella. Si analizamos el origen de tales deficiencias (politización y desprofesionalización de sus gestores), comprobamos que es precisamente la normativa legal la que propicia tal situación. En efecto, la Ley que regula los órganos rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) es el origen de este defecto, que se combina con una regulación autonómica que lo agrava, ya que el actual reparto competencial deja en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA) el control de estas entidades.

La lamentable situación en que se encuentra una buena parte de las Cajas y la irresponsable utilización política a que están siendo sometidas ponen de manifiesto la urgente necesidad de modificar este marco normativo para poner fin a lo que es un verdadero drama para todos los ciudadanos. Las Cajas, en teoría fundaciones privadas creadas para favorecer el crédito a las familias y a las pequeñas empresas, y para revertir sus beneficios a la sociedad, se han convertido en un vergonzoso instrumento político.

El espectáculo que estamos viviendo en todo el territorio español ante la oleada de fusiones no parece afectar al regulador del sistema financiero -el Banco de España-, ni mucho menos al gobierno, que además aporta fondos públicos para apoyar el proceso (el FROB) sin exigir a cambio ninguna enmienda de los citados problemas. Ambos parecen asistir impasibles y consienten que la reestructuración del sector se realice en función de criterios políticos y territoriales, y no sobre la base de criterios técnicos y de mercado. La culminación de este proceso supondrá consolidar y perpetuar en el tiempo el germen de lo que será la destrucción de estas entidades tarde o temprano.

Sólo un pequeño partido (UPyD) ha sido capaz de levantar la voz ante este drama, y ha propuesto en el Congreso modificar la normativa que regula las Cajas de Ahorro para despolitizar y profesionalizar su gestión, devolver el control al Banco de España, ampliar y mejorar sus vías de capitalización, y frenar así este auténtico despropósito. La respuesta de todos los partidos ha sido unánime: nadie (salvo un diputado del PP que oprimió el botón erróneo) apoyó la proposición. Todos ellos sin excepción han quedado retratados, pues todos ellos tienen algo que perder si los actuales privilegios son abolidos.

Es descorazonador comprobar cómo los partidos dan la espalda a los ciudadanos y están de acuerdo en preservar sus cuotas de poder -en esto sí hay un gran pacto-, repartidas a lo largo de los 17 reinos de taifas, aunque esto suponga consentir serios desmanes y causar un grave perjuicio para la economía, las familias y las empresas, así como firmar la sentencia de muerte a medio plazo para estas importantes instituciones.

Este drama se suma a otros muchos que estamos viviendo y que caminan en la misma dirección, que no es otra que degradar desde todos los puntos de vista –económico, social y especialmente político e institucional- a lo que va quedando de este país. Los ciudadanos españoles estamos abocados a una única solución si queremos evitarlo, que es la de despertar y apartar cuanto antes al grupo de irresponsables y mediocres que nos gobiernan o están esperando para hacerlo.