Españoles, ¡la fiesta ha terminado!

Españoles, ¡la fiesta ha terminado!

@Álvaro Anchuelo - 03/02/2010

Los datos económicos publicados el pasado viernes deberían suponer un definitivo toque a rebato para la adormecida sociedad española. Hasta ahora, una mayoría de nuestros conciudadanos ha preferido creer que la crisis que atravesamos tenía un carácter meramente transitorio. Todo consistiría en aguantar uno o dos años, hasta que las cosas volviesen por sí solas a ser como antes. Sólo ahora comienza a calar la desagradable verdad, que una antipática minoría ha venido repitiendo: tal vuelta atrás no es posible. Pasaron, para no volver en mucho tiempo, los dorados días de la especulación inmobiliaria y el crédito fácil.

El mecanismo psicológico que ha llevado a esta actitud es sencillo de comprender, aunque denota el grado de infantilismo que colectivamente hemos alcanzado. Se basa en la comodidad, la pereza, la autocomplacencia, la actitud del niño (o del avestruz) que cierra los ojos para no ver lo que querría que no existiese. “Sigamos como si nada sucediese, a ver si algún día nos despertamos y resulta que se trataba de una pesadilla”.

Tales actitudes han sido también propagadas y cuidadosamente alimentadas por nuestros gobernantes. Primero, no había crisis. Luego, existía, pero se trataba de un problema de esos codiciosos capitalistas americanos, que bien merecido lo tenían. No era algo que tuviese nada que ver con nosotros. Pasadas las últimas elecciones generales, resultó que sí tenía que ver con nosotros después de todo, pero poquito. Estábamos mucho mejor que el resto, con un sistema financiero modélico y unas finanzas públicas envidiables. Las últimas noticias oficiales sobre la crisis nos informaban de que ya había pasado. Como algunos con sentido del humor apuntaron, se trataría en ese caso de la crisis más breve de la Historia: antes de comenzar, ya habría terminado. “Los bancos no tienen ningún problema serio, las pensiones están garantizadas, en el mercado de trabajo los derechos sociales se ven ejemplarmente respetados…”. Gracias a la baja deuda pública de partida, todo consistiría en endeudarnos (ahora el sector público en vez del privado) para seguir manteniendo nuestro habitual tren de vida.

¿No le recuerda al lector todo esto la manera en la que nos comportamos con los niños pequeños cuando hay que ponerles una inyección? “No, Juanito, si no vamos al practicante, sino al parque. Bueno, sí que estamos en el practicante, pero sólo hemos venido a que nos de un globito. Vaya, sí que te ha pinchado, pero eso no duele nada y, además, ha terminado ya”. Quiero creer que los españoles no somos todavía tan tontos como nuestros gobernantes parecen creer. Habríamos sido capaces de entender a unos dirigentes serios y competentes, que nos hubiesen dicho: “el PIB, lo que producimos entre todos, está cayendo. Si la tarta se reduce, es imposible que todos sigamos como hasta ahora o mejor. Acordemos colectivamente cómo repartir los costes lo más justamente posible y de forma que salgamos de ésta cuanto antes. Hay que hacer sacrificios y diseñar un plan integral consensuado contra la crisis”. Se ha preferido huir hacia delante, recurrir a mansalva al endeudamiento público y decir a todos los grupos afectados (automóvil, minería del carbón, bancos y cajas, Comunidades Autónomas…) que serían rescatados con el dinero de todos, que parece que no es de nadie.

Lo que los datos del viernes indican es el previsible final de esa escapada, que apostaba todo a una recuperación internacional que se está produciendo, pero lentamente y dejándonos de momento al margen. Han vuelto las oscuras golondrinas de la economía española, que ya creíamos encerradas en el baúl de los recuerdos: el paro, el déficit y la deuda. Reflejan también los datos cómo estos asuntos no son cosas de políticos y economistas, sino temas que ponen en cuestión nuestros planes de futuro y el bienestar que creíamos automáticamente garantizado (uno más de nuestros supuestos nuevos derechos).

Numerosos analistas han repetido y diseccionado esos datos, por lo que nos limitaremos aquí a comentarlos a muy grandes rasgos. Nos enteramos, en primer lugar, de que el déficit público fue en 2009 del 11´4% del PIB, presentando una “ligera desviación al alza” sobre las sabias previsiones oficiales. Traducido al castellano: en 2009 las administraciones públicas gastaron unos 114 000 millones (sí, no hay error, ciento catorce mil millones) de euros más de los que ingresaron. En diciembre de 2009, con el ejercicio casi terminado, se preveía un 9´5%, que ya parecía bastante ¿Cómo han podido, a esas alturas, equivocarse en un 2% del PIB (20 000 millones de euros)? Eso por no hablar de la previsión inicial, cuando comenzó a elaborarse el presupuesto de 2009, que era del 1´9% del PIB. Quien no lo crea, puede verlo en la web del propio Ministerio de Economía, concretamente en la página 27 del archivo pdf, que se corresponde con la página 25 del llamado Libro Amarillo.

No nos preocupemos, sin embargo, puesto que simultáneamente se anuncia un recorte de 50 000 millones de euros en el gasto público. Tal recorte se anuncia para calmar el nerviosismo de los mercados financieros, temerosos de que los problemas griegos se contagien a España. Esto encarecería el coste de emitir nueva deuda pública española, lo que resultaría desastroso en las actuales circunstancias. Lo malo es que, cuando uno profundiza mínimamente en ese recorte, se encuentra con que es (como siempre) más publicidad que otra cosa. El recorte se reparte en cuatro años, hasta el 2013. Se incluyen en él 8 000 millones de recorte ya previstos en los Presupuestos Generales para 2010, con lo que en este año el recorte adicional sería de sólo 5 000 millones. Tampoco se toca la estructura del Estado autonómico o se exige la necesaria cooperación a las Comunidades, de las que se espera (no se sabe en base a qué) un recorte de sólo 10 000 de los 50 000 millones, compartido con los ayuntamientos. El resto los recortará la administración central, afectando una vez más a partidas estratégicas como las infraestructuras. La lucha contra el fraude continúa abandonada y sólo se espera de ella que aumente la recaudación en 250 millones por año.

Dicho de otra manera: después de tirar el dinero a mansalva (11 000 millones para la financiación autonómica, 12 000 por los 400 euros del IRPF durante dos años, 8 000 del primer fondo de inversión local, 5 000 del segundo, cheques bebé, eliminación del impuesto sobre los patrimonios altos…) el gobierno se ve obligado a realizar un ajuste duro, subiendo los impuestos y recortando el gasto incluso estratégico, todavía en plena crisis.

El segundo descubrimiento del viernes fue el de que no queda dinero en la hucha ni para garantizar las pensiones, cosa impensable para el gobierno hasta el día anterior al anuncio. Parece que el propio ministro de Trabajo desconocía tanto el problema como la medida propuesta. Se ha optado por elevar la edad de jubilación a los 67 años, sin distinguir entre profesiones, en vez de incentivar de verdad la jubilación tardía voluntaria. Todo ello en un país en el que la edad de jubilación efectiva es menor que la legal, está en 63.5 años, debido a la práctica perniciosa de las prejubilaciones. En algunos sectores existen prejubilados de 52 años. Esta práctica ha de penalizarse fiscalmente, pues el prejubilado agota los períodos de prestación por desempleo como si fuese un parado, con el consiguiente coste para las arcas públicas ¿O tendrán los albañiles que seguir trabajando hasta los 67 para sufragar a los prejubilados de actividades más cómodas quince años más jóvenes? Aún así, de nuevo, la medida tiene un menor contenido del que parece a primera vista. Comenzará a aplicarse en el 2013 y el aumento será paulatino, de dos meses por año, hasta llegar a los 67 años en 2025 ¡Cuán largo nos lo fiáis! ¿Pensarán seguir gobernando hasta entonces?

No debe tampoco olvidarse que estos problemas en el sistema de pensiones se han anticipado sobre lo previsto por la mala política económica general del gobierno. La caída del número de cotizantes a la Seguridad Social ha sido dramática tras el estallido de la crisis. Esto permite relacionar el anuncio de las pensiones con la tercera noticia del viernes, los datos sobre el mercado de trabajo de la EPA del cuarto trimestre de 2009. En esto, la simple enumeración de algunos datos exime de todo comentario. Hay ya en España 4 300 000 parados, de los cuales un millón y medio son parados de larga duración. Durante 2009, el paro aumentó en 1 100 000 personas. La tasa de paro ronda el 19%, duplicando la de la Unión Europea. Para los jóvenes menores de 25 años la tasa es del 39% y para los inmigrantes del 29´7%. Hay 1 200 000 hogares con todos sus miembros en paro. De los empleos existentes, un 25% son temporales. En fin, ¡como para presumir de la defensa de los derechos de los trabajadores!

De cara al futuro inmediato, un problema añadido lo constituye la falta de credibilidad del actual gobierno. Para que las medidas de política económica sean eficaces, es necesario que los ciudadanos confíen en sus gobernantes. La desinformación, el engaño y los repetidos errores no favorecen precisamente la credibilidad. Por otro lado, la crisis española no es sólo económica, también tiene un componente institucional ¿Cómo separarla del coste de un Estado autonómico mal diseñado y de las ineficiencias de todo tipo que genera (falta de políticas comunes, descoordinación, ruptura del mercado interno, costes administrativos, cajas de ahorro regionalizadas, deficitarias televisiones autonómicas, menor movilidad de las personas por la discriminación lingüística…)? ¿Puede un gobierno que ha promovido activamente todo esto corregirlo ahora? ¿Puede hacerlo el gran partido de la oposición, que más bien parece la otra cara de la misma moneda, coautor de los desmanes recién enumerados? Corresponde a los ciudadanos demostrar a unos y otros que su voto no está cautivo. Sólo así será posible el cambio radical que necesitamos, al que no deben ser ajenos ni el sistema electoral ni la propia Constitución. Yes, we still can (I hope)!