Editorial: La dignidad de Cataluña

La dignidad de Catalunya

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: “Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica”. Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.

La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el “corazón de la democracia”. Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal -un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo- no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de “símbolos nacionales” (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos -que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo-, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual.

Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

Fuente: E-noticies (pdf) -texto en catalán-

OPINIÓN | 12 periódicos catalanes presionan al Constitucional
Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio

Actualizado jueves 26/11/2009 05:50 horas

EL MUNDO contestará mañana viernes con todo detalle al inaudito editorial conjunto con el que 12 periódicos catalanes tratan de presionar hoy al Tribunal Constitucional, pero una primera lectura arroja la inmediata conclusión de que es imposible acumular más falacias en menos espacio. Estos colegas aseguran que "los acontecimientos han empujado a actuar al TC como una cuarta cámara", confrontando al Alto Tribunal con el Congreso, el Parlament y la "voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas".

Falso: el TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución. Por cierto, muchos más que los que respaldaron el Estatut. También alegan que "una parte significativa del Tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles".

¿Sólo son "irreductibles" aquellas posiciones que no tragan con las agresiones a la Constitución incluidas en el Estatut? Luego añaden, en el colmo de la hipocresía, que "está en juego... el espíritu que hizo posible la pacífica transición", cuando lo cierto es que han sido los promotores del Estatut, dejando al margen a la media España representada por el PP, los que quebraron ese consenso. Encima, advierten que "lo pactado obliga", soslayando el control de legalidad que es la última obligación de toda sociedad democrática.

No, aquí no está en juego "la dignidad de Catalunya", como dicen estos colegas, sino la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática.

Fuente: El Mundo

El presidente de la Generalidad agradece a la prensa catalana, y a toda la sociedad civil que se ha adherido, la editorial de apoyo al Estatuto.

El presidente de la Generalidad, José Montilla, quiere agradecer a la prensa editada en Cataluña, y al resto de medios de comunicación y entidades civiles que se han adherido, la editorial conjunta de apoyo a la costitucionalidad del Estatuto.

El jefe del Gobierno catalán asegura sentirse “identificado” con el contenido del texto editorial, que ha recibido “con satisfacción” i que califica “de iniciativa histórica”.

El presidente quiere agradecer la publicación de este texto conjunto “tanto por su simbolismo, como porque refleja perfectamente la amplia unidad que hay en la sociedad catalana en la defensa del Estatuto y de la vía institucional para expresar los deseos y aspiraciones del país”.

El presidente reitera que tanto el mismo como el Gobierno en su conjunto están “comprometidos en la defensa del pacto político que los catalanes han ratificado con su voto”, y afirma que el gesto de las empresas editoriales “ha supuesto un gran apoyo en la tarea de hacer llegar a todas partes la voz y la voluntad de los ciudadanos de Cataluña”.

Fuente: Comunicado del Departamento de la Presidencia de Generalidad (PDF), en catalán. (la traducción la hecho yo mismo)

La prensa catalana se hace búlgara

Irene Lozano

Salí ayer de casa temprano, con el temor de que los tanques estuvieran en la calle para enfrentarse a unos forajidos que pisoteaban la dignidad de Cataluña. Doce periódicos catalanes publicaban con gran despliegue tipográfico el mismo editorial. Pensé que, si la prensa catalana se hacía búlgara, sólo podía deberse a que había tenido lugar un golpe de Estado con implantación de la sharia incluida. Pero no. Los semáforos funcionaban, las farolas lucían. En Barcelona, ni los mercados estaban desabastecidos ni los aviones aterrizaban puntuales en el Prat: normalidad absoluta.

Lo único anormal se encontraba en los quioscos: la decisión de gran parte de la prensa catalana de cancelar por un día el pluralismo. Grave medida cuando proviene de las propias empresas periodísticas y, además, quiere dar una respuesta extraordinaria a un proceso ordinario. A la oligarquía catalana podrá no gustarle, pero la revisión de las leyes por un tribunal -llámese Constitucional, Supremo o como se quiera-, no sólo es habitual, sino que debe serlo. Forma parte del sistema de controles entre poderes que funciona en todos los países democráticos, y también en España. Desde luego, aquí tiene sus limitaciones, y el partidismo y la desidia del Constitucional dañan su credibilidad. Sin embargo, no es serio cuestionar los procedimientos cuando no convienen, como hace ahora la prensa o la clase política catalana. Tampoco lo es, por cierto, negar validez al referéndum del Estatuto catalán por la alta abstención si previamente no se decreta la nulidad de las consultas con una participación inferior al, pongamos, 50%.

Hay cada vez más gente que confunde la democracia con las votaciones y esto resulta preocupante. El marco legal, es decir, la Constitución y, por tanto, su garante, el Tribunal Constitucional, no sólo puede abolir leyes o artículos que lo contradigan, sino que debe hacerlo. Por definición, la voluntad popular, por muy democrática que sea, está constreñida por ese marco: en realidad, la Constitución existe para asegurar que los ciudadanos no votemos cualquier cosa. Si se aprobara en referéndum privar de subsidio de desempleo a los católicos, el Tribunal Constitucional lo vetaría, por más que lo hubiera refrendado el 99% de la población.

Aunque parezca paradójico, esa limitación a la voluntad popular constituye la principal garantía de la democracia, que no consiste sólo en votar, sino en hacerlo con arreglo a un sistema de derechos y libertades. Ese sistema es fruto de un pacto, el de la Constitución de 1978, y si en algo le doy la razón al Gran Hermano editorialista catalán, es cuando sentencia que "lo pactado obliga". Por supuesto, esa obligación no es eterna, porque los pactos se pueden revisar y modificar. Pero también los cambios constitucionales tienen sus procedimientos, y no se pueden dictar con un editorial monolítico lanzado a modo de fuego graneado.

La prensa catalana se ha alineado ayer, sin fisuras, contra un principio básico del juego democrático, el de los checks and balances, los controles y equilibrios. Y al hacerlo no da fe de lo crítico del momento, sino de haberse convertido en una casta. Porque es propio de las castas con poder el pedir la suspensión de las reglas cuando creen que éstas les impedirán conservar la hegemonía.

Fuente: Estrella Digital

UPyD: el editorial es una muestra cutre del caciquismo del siglo XXI

EFE Vitoria

El parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, ha opinado hoy que el editorial de apoyo al Estatut publicado por doce diarios catalanes es "una muestra cutre del caciquismo del siglo XXI".

En los pasillos de la Cámara Vasca, Maneiro ha lamentado que, "gracias a Zapatero", en lugar de un "Estado descentralizado, se ha instaurado la negociación bilateral de los Estatutos, que rompe la igualdad, la solidaridad y la defensa de lo que nos une a todos los españoles".

Ha considerado que el Estatut es "claramente inconstitucional" y ha señalado que se debe respetar lo que al respecto diga el Tribunal Constitucional, al que ha instado a hacer pública una sentencia "cuanto antes mejor".

Fuente: ADN - Bilbao

EDITORIAL
El texto y su contexto
La prensa de ámbito catalán espolea la oposición a una sentencia adversa sobre el Estatuto

El pronunciamiento conjunto de 12 diarios de ámbito catalán en defensa de la integridad del Estatuto y en contra de los recortes de esta norma que debate el Tribunal Constitucional ha levantado una oleada de reacciones. En Cataluña, en forma de adhesión muy mayoritaria de todo tipo de entidades sociales, económicas o deportivas, mientras que en el resto de España no han escaseado las voces que califican esta iniciativa como una "presión insoportable" al alto tribunal. Por los escasos precedentes, y también por su contenido, el texto y su contexto merecen algunas reflexiones.

Ante todo es preciso subrayar que, a título individual o colectivo, estos rotativos ejercen el legítimo derecho a la libertad de expresión, como lo hacen quienes suelen pronunciarse en términos opuestos. Pero cada uno de estos diarios viene expresando idénticas o parecidas opiniones, por lo que no es ocioso señalar que nos hallamos ante una iniciativa de carácter eminentemente político, destinada más a incidir en la realidad, e incluso a ejercer una especie de liderazgo de sustitución, que a describirla o valorarla. No es fácil dilucidar si esa función corresponde o no a los medios de comunicación, o si éstos deben limitarse a ejercer y organizar el pluralismo y la libertad de expresión.

Sembrar dudas sobre la legitimidad de la diezmada "corte de casación" que juzga el Estatuto, o instar a los magistrados a respetar el pacto constitucional para así preservar "el marco de convivencia español", como hace el citado editorial, puede en rigor describirse como una presión al tribunal. Idéntica calificación merecen las declaraciones del presidente, José Montilla, y otros líderes en respuesta a la proyectada supresión del Preámbulo del término "nación", desvelada el domingo por este diario. Menos honesto resulta escandalizarse ante estas advertencias y no hacer lo propio ante las injerencias mayores que protagonizó el PP tras interponer el recurso, con maniobras tan groseras como la recogida de firmas por toda España o la fabricación de falsas causas de recusación para articular en el tribunal una mayoría proclive a sus intereses. Desde la entrada en vigor del Estatuto, nada ha sucedido en torno al Tribunal Constitucional que no pueda ser percibido por cada una de las partes como "presiones insoportables", hasta el punto de que con la sentencia no sólo está en juego el futuro del texto autonómico sino también el del propio alto tribunal.

Que en esta tesitura cabeceras heterogéneas consensúen un texto común debería mover a la reflexión a quienes aún se aferran al cliché de que los partidos catalanes no representan a la ciudadanía, o sostienen que el Estatuto concitó escaso apoyo social porque el referéndum registró una abstención del 50%, soslayando la aplastante mayoría (74%) que votó a favor del texto. En el debe de los promotores hay que apuntar su deslizamiento hacia el frentismo, pues se arrogan el monopolio de la catalanidad y apelan a una unanimidad política impropia de una sociedad moderna y compleja como es la catalana.

Fuente: El País

La FAPE critica el editorial a favor del Estatut por intentar "convertir a los medios en agentes de la política"

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España denuncia esta "iniciativa insólita" por la "intención de echar un pulso al Tribunal Supremo"

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha criticado la iniciativa de doce diarios catalanes de publicar un editorial conjunto en defensa del Estatuto porque, a su juicio, tiene "una evidente intención de echar un pulso al Tribunal Constitucional". Se trata, según la presidenta de la FAPE, Magis Iglesias, de una "iniciativa insólita que no podemos encontrar acertada puesto que defendemos el pluralismo informativo como un valor de democracias actuales como la nuestra".

"A la vista de que este gesto ha tenido lugar antes de conocerse la sentencia del TC, parece una evidente intención de echar un pulso al Tribunal, hacer una demostración de fuerza, y por lo tanto parece una pelea más en que la que se quiere convertir a los medios de comunicación en agentes de la política", ha denunciado la presidenta de la FAPE en unas declaraciones facilitadas a EFE por escrito.

Los rotativos catalanes que se han sumado a esta iniciativa inédita son El Periódico, La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa. Para Iglesias, esta iniciativa "extraordinaria" sería "sólo justificable" cuando la vida de una persona o la libertad estuvieran en peligro, "lo que no es el caso", ha apostillado.

"Ni siquiera durante las tensas horas que precedieron a la muerte de Miguel Ángel Blanco ni en el 23-F los medios españoles actuaron así", ha recordado Magis Iglesias, quien ha añadido que en todas esas ocasiones y en otras, los medios de comunicación han preferido preservar su personalidad.

En este sentido, la presidenta de la FAPE ha mostrado su preocupación por que se haya podido comparar "el espacio del periodismo con el ejercicio de la política".

Fuente: Estrella Digital