Nota de UPyD respecto al auto sobre la suspensión del Congreso

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 DE MADRID DESESTIMA LA DEMANDA DE SUSPENSION DEL I CONGRESO DE UPYD


La juez Rocío Nieto rechaza todos los argumentos de los expedientados de UPyD y les impone el pago de las costas del procedimiento

13 de noviembre de 2009



Tras la celebración de la correspondiente vista de medidas cautelares el pasado día 11 de noviembre, el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid ha procedido a dictar auto declarando no haber lugar a la suspensión del I Congreso de UPyD solicitada por once afiliados del partido sobre la base de una supuesta vulneración del derecho de asociación y de libertad de expresión, haciendo expresa imposición de las costas a los demandantes.

Los solicitantes del referido procedimiento judicial, actualmente suspendidos de militancia, entendían que los expedientes disciplinarios abiertos contra ellos carecían de la necesaria motivación y encubrían un intento de privarles de sus derechos como afiliados a fin de que no pudieran participar en el I Congreso de UPyD.

Sin embargo, el Juzgado ha entendido que no concurren ninguno de los requisitos necesarios para poder estimar la medida cautelar de suspender el Congreso del partido, pues ni cabe apreciar la existencia de “apariencia de buen derecho” respecto a la supuesta vulneración de derechos, ni la celebración del Congreso de UPyD les genera ningún perjuicio de imposible reparación.

El auto añade que la medida cautelar solicitada resulta “claramente desproporcionada”, pues la suspensión del Congreso supondría “impedir el normal funcionamiento del partido” y “generaría un desmesurado e innecesario perjuicio al demandado”, que podría haberse evitado pidiendo otras medidas menos gravosas. También subraya que los partidos políticos tienen, como cualquier institución pública o privada, la facultad de establecer un sistema disciplinario interno, de modo que la apertura de un expediente no puede considerarse de ningún modo, como afirmaban los demandantes, “la violación de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y tutela judicial efectiva”.

En definitiva, el fallo coincide con el criterio mantenido en la vista por el Ministerio Fiscal y por la representación de UPyD, que siempre ha defendido que los expedientes disciplinarios abiertos estaban justificados por múltiples motivos y que la alegada “falta de democracia interna” y el intento de suspensión del Congreso por parte de este grupo de afiliados no pasaban de ser un intento de conseguir notoriedad y causar el mayor daño posible a la imagen del partido, con la única finalidad de presionar al Consejo de Dirección para obtener ciertos puestos y privilegios frente a los restantes afiliados.

La democracia consiste en el gobierno de las leyes y no en el de las personas, por excepcionales que se consideren a sí mismas o muy notorias que sean. Por eso mismo UPyD mantendrá firmemente el criterio de que todos sus afiliados, sin excepciones y en todos los casos, están obligados a respetar las normas internas que el partido se ha dado a sí mismo con todas las garantías democráticas.
La resolución judicial viene a confirmar, por lo tanto, que el I Congreso de UPyD se celebrará en Madrid los próximos días 20 a 22 de noviembre. Será el primero celebrado en España donde todos los afiliados han podido presentar sus candidaturas a todos los cargos del partido, y donde todos ellos, mediante el voto electrónico, elegirán al Consejo de Dirección del partido para los próximos cuatro años.