Editoriales UPyD

Mañana te detendrá un vigilante privado y te castigarán sin juicio

Es un hecho ampliamente demostrado que cuando todo es público, cuando no se deja espacio a lo individual, a lo privado, desaparece la ciudadanía y todo lo que queda son súbditos a merced de un poder absoluto. Pero no es menos evidente que cuando todo se privatiza, cuando lo compartido se reduce al mínimo o simplemente desaparece, lo que queda son personas aisladas en mitad de la selva: algunos, los privilegiados, podrán protegerse y vivir bien (aunque siempre asustados); otros, la mayoría, quedarán al margen del sistema sin ninguna perspectiva de recuperar los derechos perdidos. La igualdad habrá sido liquidada.

Muchas veces, los peores males proceden de una deficiente conexión entre lo público y lo privado. Lo demuestran en España sectores como el eléctrico o el bancario. Probablemente, si se evalúa en su conjunto, el gobierno de Rajoy ha sido un gran nacionalizador. ¿Qué es lo que ha pasado a ser propiedad del Estado, de todos los españoles? Las cajas de ahorros quebradas y sus ingentes pérdidas. Eran entidades de derecho privado, pero sus conexiones con los partidos políticos y con las administraciones explican su desmoronamiento. Ahora todos pagamos su rescate mientras los poderes públicos hacen lo posible por evitar que se depuren responsabilidades.

Así pues, nos hemos quedado con las deudas. En cambio, el Gobierno de Mariano Rajoy está empeñado en desmantelar el espacio público, esencial para la convivencia democrática. No hablamos ya de privatizaciones de empresas públicas como las de los años 80 y 90, sino de algo de consecuencias infinitamente peores. Resulta asombroso que se proponga seriamente una modificación legal que permita a los vigilantes de seguridad contratados por empresas privadas patrullar las calles y practicar detenciones. Desde Max Weber se reconoce al Estado por tener el monopolio de la violencia legítima. El Partido Popular pretende ahora privatizar en parte ese monopolio.

¿Qué intereses tendrán esas empresas privadas? ¿Qué incentivos se darán a los vigilantes? A esta barbaridad se une el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo principal defecto tal vez sea sacar del Código Penal determinadas acciones ilegales y convertirlas en meras faltas administrativas. Esto, que se venderá como una flexibilización de las normas, es en realidad un recorte de garantías, ya que el acusado no tendrá derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir: será el Gobierno el que sancione, y no un juez tras un proceso conforme a derecho. Dicho de otra forma: mañana, en España, una persona podría ser detenida por una empresa privada y sancionada sin juicio previo.

La privatización es una constante de este Gobierno. En general, no es que cedan recursos públicos a particulares, sino que se apropian ilegítimamente de instituciones que deberían ser neutrales. El ejemplo más visible en estos días es la Agencia Tributaria, puesta a disposición de los intereses políticos del PP. El ministro Montoro ya actúa sin disimulo como el dueño del cortijo, señalando como defraudadores a partidos, colectivos o medios de comunicación que le resultan molestos, y cesando a los funcionarios que no se pliegan a sus deseos. ¿Otros casos? Los órganos reguladores como el Consejo de Seguridad Nuclear o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, instituciones clave cuyos miembros representan cuotas partidistas. ¿El peor ejemplo? La politización descarada de la justicia española a través del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

Esta pulsión privatizadora, esta reducción del espacio público es letal para una sociedad que vive la peor crisis económica en 35 años. De hecho, se trata de un círculo vicioso, porque la apropiación por parte del bipartidismo de ámbitos que no le corresponden es uno de los rasgos más acusados de la crisis política que explica, antes que cualquier otra cosa, la virulencia de la económica y social. En realidad, el Estado es más que la definición minimalista de Weber. Adecuadamente dimensionado, eficazmente gestionado y democráticamente diseñado y controlado, es la mejor garantía (quizás la única) para la igualdad, la libertad y la justicia. Y, desde luego, la única esperanza para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

http://www.upyd.es/contenidos/noticias/430/107502-Manana_te_detendra_un_vigilante_privado_y_te_castigaran_sin_juicio

El Valhalla eléctrico y el infierno del tarifazo

El Gobierno va a tratar de que parezca que defiende los intereses de los españoles contra un perverso oligopolio eléctrico que pretende aprovecharse de la situación subiendo la tarifa eléctrica un 11%. ¿Es cierto que el imperio eléctrico contraataca y que el ministro Soria está solo ante el peligro? En absoluto. El sistema energético de nuestro país, del que forman parte las grandes empresas, las administraciones públicas y los órganos reguladores, es una gran familia en la que se ha desatado una riña interna, una lucha de clanes tras la cual los ciudadanos terminaremos por pagar los desperfectos.

Los vikingos creían que, si cumplían con ciertos preceptos, tras la muerte ascenderían de la mano de las valquirias al Valhalla, su versión del paraíso. El Valhalla es, según la mitología nórdica, un enorme y lujoso salón que recuerda, inevitablemente, a la sala donde se celebran los consejos de administración de las empresas eléctricas. Y es que, para los expresidentes, exministros o exconsejeros que han muerto para la política, esos consejos son su Valhalla, el paraíso que se han ganado tras años de soportar a la oposición y cumplir con los diez mandamientos del buen gobernante bipartidista: fingirás que gobiernas; no harás nada contra el establishment; honrarás a los partidos viejos; ofrecerás sacrificios regularmente a los nacionalistas; no despolitizarás la justicia; capturarás al regulador y lo tendrás siempre a mano; santificarás el modelo de Estado; no reconocerás más corrupción que la del prójimo; no mencionarás las subastas eléctricas en vano; no te acercarás a menos de 500 metros de la Ley Electoral.

Pero claro, la vida del vikingo no siempre es fácil, y tampoco la del ministro. Cumplir los preceptos significa en ocasiones perjudicar a las familias, es decir, a los votantes. Si algo demuestra el deficiente funcionamiento del mercado eléctrico español es que, en plena crisis, el precio de la luz no ha hecho otra cosa que crecer. ¿No dice el abc de la economía que si baja la demanda debe bajar el precio? España es ese país prodigioso donde pasa lo contrario. Por tanto, tocaba aplicar el primer mandamiento bipartidista: fingir que se hacía algo. El ministro Soria elaboró una reforma del sector eléctrico.

El galimatías energético es fruto de decisiones políticas negligentes tomadas en los últimos veinte años. Tenemos un sistema tan malo que además de ser ineficiente (la electricidad cuesta en España más que en los países de nuestro entorno) está ampliamente subvencionado. No sólo pagamos la luz con nuestra tarifa, es que además hemos acumulado una deuda de casi 30.000 millones con las empresas. ¿Arreglaba esta disfunción el apaño de Soria? En absoluto. Pero es que, además, lo previsto en la nueva ley fue derogado por su propio partido a instancias del ministro de Hacienda, que se negó a pagar 3.000 millones a las eléctricas como forma de maquillar el famoso déficit eléctrico. Las empresas pusieron el grito en el cielo, por lo que Montoro reculó en parte. Ahora, en una coincidencia poco sorprendente, una subasta eléctrica (el confuso y opaco mecanismo que contempla la ley para fijar los precios de la electricidad) permite subir la factura un 11%.

Y este es el momento del sainete en el que Soria se disfraza de Luke Skywalker para frenar el contraataque del imperio. Pero en lugar de sable láser, tiene a mano al nuevo órgano súper-regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyos miembros han sido elegidos por el tradicional sistema de cuotas entre PP, PSOE y sus satélites nacionalistas. Una llamada y acto seguido la comisión anula la famosa subasta, tan opaca como todas las demás, por "circunstancias atípicas". ¿Han ganado los buenos? ¿Podemos respirar los ciudadanos? Nada más lejos de la realidad. Aquí no hay una guerra, sino una lucha intestina en el seno de la familia. Entre el 11% que querían las eléctricas y el 5% que pretende el Ejecutivo hay margen para la negociación. Al final, se venderá responsabilidad y el mal menor. Falso. Nada habrá cambiado, salvo el precio de la luz, que asfixiará un poco más las economías de los españoles.

UPyD no ha dejado de decirlo. El diputado Carlos Martínez Gorriarán recordaba ayer mismo que el Gobierno participa activamente en la manipulación de los precios eléctricos. Nadie en este gobierno tiene el coraje ni la independencia para afrontar este gravísimo problema como la situación requiere. Pero menos que nadie José Manuel Soria, que ha demostrado una incompetencia por encima de la media del Consejo de Ministros, que ya es decir. Ahora, él y su jefe, Mariano Rajoy, tienen la oportunidad de elegir entre el interés general de España y su futuro asiento en el banquete de Odín. ¿Cuál cree usted, perspicaz lector, que será su decisión?

http://www.upyd.es/contenidos/noticias/430/107883-El_Valhalla_electrico_y_el_infierno_del_tarifazo

Fútbol, política y corrupción

Un representante público tomó en cierta ocasión un taxi para ir a un lugar cercano a la carrera de San Jerónimo, en Madrid. El taxista preguntó a su cliente si no le importaba que en el asiento delantero les acompañara un familiar. El representante accedió y se entabló entre el conductor y el familiar una conversación que tenía como tema el mundo del fútbol, no tanto los resultados o las variantes tácticas como algunos aspectos adyacentes. Hacia el final de la trayecto, cuando pasaban junto al Congreso de los Diputados, el taxista dijo: "ahí no entraba yo ni loco, son todos unos ladrones", a lo que el copiloto manifestó su adhesión.

La corrupción política en democracia es gravísima, porque sucede en un ámbito que no puede resistirla demasiado tiempo. En el fútbol, donde la corrupción es sencillamente la norma, los ciudadanos conviven con ella con naturalidad. Una lista de los presidentes de clubes de primera y segunda condenados por los más diversos delitos ocuparía casi todo este editorial. Estos dirigentes ponen la institución que presiden (y de la que a veces son propietarios) al servicio de sus actos criminales, sin que parezca preocupar a sus cientos de miles o millones de aficionados. Se oirá que tal o cual partido político es una cueva de ladrones, pero jamás se oirá algo similar de un club de fútbol (salvo que se trate, quizás, del 'eterno rival').

Si se da esta asimetría tan peligrosa es también culpa de los partidos políticos tradicionales. Los clubes de fútbol y sus dirigentes forman parte del establishment español. Se dejan ver con los políticos, de los que en ocasiones son amigos. Les invitan a los palcos, a sus fiestas, a sus yates. Y a cambio obtienen un trato preferencial. La Comisión Europea investiga a varios clubes españoles por recibir subvenciones ilegales. El Valencia ha recibido ayudas públicas cuando ya estaba en quiebra, y se da la circunstancia de que ahora pertenece a su principal acreedor, que no es otro que Bankia. Dado que Bankia pertenece al Estado, todos los españoles deberíamos ser valencianistas. Es nuestro equipo, literalmente.

Las operaciones inmobiliarias del Real Madrid con el Ayuntamiento de la capital (en tiempos, sobre todo, de Gallardón) ya fueron denunciadas en su día por UPyD y han merecido la atención de Bruselas. Los lazos del presidente blanco, Florentino Pérez, con ciertos políticos españoles no son ningún secreto. El caso del FC Barcelona es más rico en matices. También se investiga su acceso a subvenciones públicas, pero lo que está fuera de toda duda es que se ha convertido en la principal máquina de propaganda del nacionalismo y del independentismo catalán. Al servicio de unos intereses políticos, sus últimos presidentes han querido vender un paraíso de centrocampismo y valores morales que choca con el escándalo del fichaje de Neymar o el del fraude fiscal de Messi. Quisieron contarle al mundo que Cataluña es como el Barça: pura y moderna; y resulta que a lo que más se parecen es al Madrid y al resto de España.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Ángel Torres, dueño del Getafe, habrían comparecido en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre la sospechosa venta de sus derechos televisivos si el PP no hubiese vetado la petición de UPyD. Cerezo aparece además vinculado al ático marbellí de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Precisamente en Marbella es donde José María del Nido, máximo dirigente del Sevilla, cometió los delitos por los que ha sido condenado recientemente. Y si seguimos haciendo memoria encontraremos decenas de casos. No es que no haya presidentes íntegros, pero parecen ser la excepción. Y en modo alguno estas excepciones son mejor tratadas por los gobernantes.

Es evidente que el bipartidismo siente pánico cuando tiene que enfrentarse con los clubes. Desde que en el año 95 el gobierno de España facilitó que se adulterara la liga para que Celta de Vigo y Sevilla no tuvieran que descender de categoría pese a lo que decía la ley, la política rinde vasallaje al fútbol y al poco ejemplar empresariado que mueve sus hilos. Las deudas de los equipos - la mayoría en quiebra a pesar de las generosas ayudas - tienen con Hacienda son astronómicas, sin que se haga por cobrarlas ni la mitad del esfuerzo que se practica con cualquier pequeña empresa. Los políticos de los viejos partidos llevan la penitencia en el castigo: mientras a los clubes y a quienes los dirigen se les perdona todo (menos perder tres partidos seguidos en casa), a ellos se les tacha de estafadores aunque no estén implicados en ningún caso.

Desde luego, los aficionados al fútbol deberían revisar su escala moral. Pero el bipartidismo tiene la obligación inmediata de cumplir su deber y eliminar cualquier trato de privilegio, para lo que deberían empezar por practicar una completa auditoría a los clubes, tal y como ha pedido al Gobierno Unión Progreso y Democracia.

http://www.upyd.es/contenidos/noticias/430/109231-Futbol_politica_y_corrupcion

Evergetes escribió:Es como decir "los aficionados a la política deberían revisar su escala moral" porque hay políticos corruptos.

miguelonpoeta escribió:

Evergetes escribió:Es como decir "los aficionados a la política deberían revisar su escala moral" porque hay políticos corruptos.

Exacto. En todo caso debería decir algo como que los aficionados que justifican y disculpan esas prácticas blablablá...

El Estudiante. escribió:

miguelonpoeta escribió:

Evergetes escribió:Es como decir "los aficionados a la política deberían revisar su escala moral" porque hay políticos corruptos.

Exacto. En todo caso debería decir algo como que los aficionados que justifican y disculpan esas prácticas blablablá...

Probablemente quien haya redactado dicha Editorial deteste el fútbol .

Xaviar escribió:

El Estudiante. escribió:

miguelonpoeta escribió:

Evergetes escribió:Es como decir "los aficionados a la política deberían revisar su escala moral" porque hay políticos corruptos.

Exacto. En todo caso debería decir algo como que los aficionados que justifican y disculpan esas prácticas blablablá...

Probablemente quien haya redactado dicha Editorial deteste el fútbol .

Seguramente. Yo personalmente creo que deberían editar el texto y quitar esa frase, porque es insultante para cualquiera que le guste el fútbol pero no sea tolerante con la corrupción.