Manuel Sarachaga: Endeudamiento y ciclo económico

No hay diagnóstico correcto –ni por tanto, soluciones acertadas- sin un enfoque global de los problemas. Durante el largo periodo de aparente bonanza económica, las optimistas conclusiones que se extraían del crecimiento del PIB -análisis económico- no se acompañaban del imprescindible balance de la realidad que reflejaba nuestro endeudamiento -análisis financiero-, auténtica clave de lo que ha ocurrido.

Durante ese periodo de milagro económico, en el cual la economía crecía, creaba empleo, se controlaba el IPC y el déficit público se tornaba en superávit, la deuda de los agentes económicos españoles crecía como en ningún otro lugar del mundo. El ritmo medio de crecimiento de la misma entre 2000 y 2008 fue del 7,4%, una auténtica aberración que sólo podía terminar de una forma –mal- y que no resiste la comparación con otros países desarrollados, como Alemania (0,3%), Japón (0,5%), Italia (3,1%), EEUU (3,5%), Francia (3,9%)… Solamente el Reino Unido, mantuvo un ritmo lejanamente parecido (5,2%), que también está pagando con una dura recesión.

Este insostenible ritmo de endeudamiento disparó la deuda bruta total desde poco más del 120% del PIB a principios de los 90 hasta casi el 350% en 2009.

Endeudarse no es más que disponer hoy de nuestro ahorro futuro. Es birlar al futuro recursos para utilizarlos en el momento presente. Este mecanismo, que las entidades de crédito hacen posible y que el dinero fiduciario permite exprimir casi sin límite, tiene grandes ventajas siempre que el flujo de rentas generadas con esos recursos supere al necesario para atender a su devolución. Si, por el contrario, el caudal de crédito es excesivo y no revierte en mejoras de productividad, termina por estrangular la capacidad de consumo e inversión de empresas y familias, con lo que habremos cavado nuestra tumba financiera. En España, el proceso no fue moderado, ni se destinó a mejorar la capacidad productiva de los sectores más competitivos, sino que básicamente impulsó la demanda interna de forma insostenible, y en consecuencia, también los ingresos y gastos públicos.

Solamente podrá remontar la actividad productiva cuando los agentes económicos nacionales se encuentren en condiciones de reactivar su demanda de bienes y servicios, una vez liquidada una parte sustancial de su deuda. Sólo así podrá fluir de nuevo el crédito -por razones de oferta y de demanda-, podrán las empresas volver a invertir y las familias a consumir. Por otra parte, la recuperación de las economías del entorno será una ayuda impagable para la recuperación de nuestras exportaciones.

Dicho de otra forma: no nos queda más remedio que reajustar a la baja nuestra demanda privada –consumo e inversión- y nuestro gasto público para poder hacer frente a toda la deuda pendiente, nos pongamos como nos pongamos y por mucho que algunos digan que esto es un mero problema de confianza. Es cierto que el fuerte endeudamiento de la década fue de básicamente privado (no sólo de empresas y familias, sino también, y de forma importante, de entidades financieras) y que durante ese tiempo la deuda pública se redujo notablemente, pero ello no debe hacernos pensar que es posible sostener lo insostenible endeudando ahora al sector público para compensar el gasto que el sector privado ya no se puede permitir, en lo que sería una ronda más para el alcohólico con resaca. El ajuste puede ser en todo caso menos abrupto -aunque más duradero- si el gasto público amortigua el golpe, pero se producirá igualmente.

La historia nos demuestra que efectivamente existe una íntima relación entre crecimiento y deuda. Tras un periodo de 10 años de fuerte crecimiento, logrado a costa de endeudarnos hasta las cejas, como el que hemos vivido, la experiencia indica que se produce una primera fase de aproximadamente 2 años de ralentización y finalmente de estancamiento, sin que la deuda se reduzca apenas. Superada la inflexión, se inicia un largo periodo de entre 6 y 8 años en el que los agentes se ven forzados a reducir su endeudamiento. En esta dilatada fase de sangre, sudor y lágrimas, la economía retrocede durante 2-3 años, cada vez con menor intensidad, hasta que se inicia un lento crecimiento, durante otros 4-5 años, hasta que se purgan los excesos crediticios y es posible recuperar los ritmos productivos previos a la crisis.

La lenta fase de recuperación que se inicie en 2011 no se completará probablemente hasta más allá de 2015. Su duración, así como la posibilidad de evitar que se transforme en un largo estancamiento, junto con la capacidad para sostener posteriormente un crecimiento sólido, dependerán de la rapidez del ajuste de la deuda total, tanto privada como pública, y también de otros factores esenciales, entre los que destacan las repetidamente demandadas reformas estructurales que nos permitan mejorar nuestra capacidad competitiva –especialmente las relativas al mercado laboral, sistema financiero, modelo energético y sistema educativo-, y las no menos importantes reformas institucionales que nos permitan ser viables como país -la imprescindible racionalización del insostenible Estado autonómico y la unidad del mercado interior entre ellas-.

Conviene no olvidar el pasado ni confiar en una todopoderosa capacidad del gasto público o en el optimismo irracional de incautos gobernantes como forma de eludir la realidad. No vaya a ser que así consintamos que se sigan retrasando las urgentes medidas que son necesarias, y con ello se dilate y se agrave en exceso el inevitable impacto que el proceso descrito conlleva.