Manuel Sarachaga: Por qué es imposible sin las CCAA

Ahora que la situación de las finanzas públicas es poco menos que dramática, el gobierno de la nación se ha visto obligado a aceptar que no es posible seguir dilapidando más recursos públicos y que es urgente corregir el rumbo. El Plan de Estabilidad presentado en enero tiene por objetivo reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) desde el actual 11,4% del PIB (primera estimación de 2009) hasta el 3% en 2013, cumpliendo de esta manera con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Esta impresionante reducción del déficit, equivalente al 8,4% del PIB (unos 85.000 millones de euros), pretende ser lograda en parte por el ajuste automático que la mejora en el crecimiento económico ejerce sobre ingresos y gastos (2,7%), quedando el grueso de la reducción a expensas de las actuaciones discrecionales de las AAPP (5,7%). La mayor parte de este esfuerzo corresponderá al Estado (un 5,2%), mientras que las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales deberán poner en marcha medidas para reducir el resto (0,5%).

Analicemos brevemente si este Plan es verosímil.

En cuanto a la primer parte de la reducción –la proveniente de los efectos positivos que la mejora económica tendrá sobre ingresos y gastos (2,7%)-, obviamente sólo será posible si se cumple el escenario económico que la sustenta. Según las proyecciones del Plan, nuestra economía crecerá en términos reales el 2,9% en 2012 y el 3,1% en 2013 (4,9% y 5,2% en términos nominales). Sin entrar ahora en la complejidad de las bases de nuestro crecimiento económico en los próximos años, esta previsión no deja de ser un nuevo e increíble ejercicio de optimismo, especialmente cuando el propio gobierno reconoce que el avance de la productividad apenas se situará en el 1% y el desempleo se mantendrá por encima del 15% al final de este periodo.

Respecto al segundo capítulo de la reducción –ajuste discrecional del déficit de las diferentes AAPP-, el Plan contempla, en la parte correspondiente al Estado (5,2%), unos mayores ingresos (1,1%) y una reducción del gasto a través de unos inconcretos planes de austeridad (4,1%).

Al margen de las dudas que suscita el incremento previsto en los ingresos, lo más difícil de asumir es la previsión de ajuste del gasto. Dejando a un lado a la Seguridad Social (cuyo superávit se verá reducido del 0,8% del PIB al 0,2% en el periodo 2010-2013), comprobamos que la Administración General del Estado apenas controla el 25% del total de recursos públicos (casi un 12% del PIB). Siendo conscientes de que tiene un escaso margen de maniobra sobre una buena parte de los mismos, no es difícil concluir que será imposible minorar sus gastos en tres años en un importe equivalente al 4,1% del PIB, incluso aunque se tomen medidas como recortar de forma drástica el presupuesto inversor o reducir la masa salarial de los empleados públicos estatales.

El resto del ajuste discrecional ha de provenir de las Entidades Locales y a las CCAA. Las primeras se encuentran en tal grado de dificultades financieras que es una quimera pensar que van a poder contribuir a mejorar las finanzas públicas. Y a las segundas el gobierno de la nación les ha solicitado que pongan en marcha planes de austeridad para reducir el gasto público en 10.000 millones (1% del PIB), lo cual no es mucho pedir, dado que gestionan aproximadamente un 36% del gasto público total (un 17% del PIB), y teniendo en cuenta además que el propio Estado les va a aportar a través del nuevo sistema de financiación una cantidad adicional aun mayor (11.000 millones adicionales). Pues bien, así y todo, la mayor parte de ellas ya han manifestado su intención de no contribuir al esfuerzo solicitado en la contención del gasto. Todo un ejercicio de responsabilidad.

Que el Plan de Estabilidad sea papel mojado es grave, pero lo verdaderamente preocupante son los profundos defectos que al respecto muestra nuestra estructura económica institucional, que a la luz de la crisis podemos observar con claridad.

Por una parte, hemos constatado que nuestro Estado descentralizado es financieramente insostenible. El propio análisis que contiene el Plan de Estabilidad demuestra que nuestras finanzas públicas cuentan con un déficit estructural superior al 5%, que en la fase expansiva se encontraba oculto por la avalancha de ingresos obtenidos. Esta realidad va a obligar a reestructurar a corto plazo la arquitectura del gasto público en todas las AAPP, y a acometer serias y profundas reformas a medio y largo plazo que permitan ganar en eficiencia en el gasto y rectificar su tendencia de crecimiento.

Por otra, es indudable que el imprescindible ejercicio de disciplina fiscal no será posible sin el concurso activo de las CCAA. Resulta absurdo perseguir un “Pacto de Estado” al margen de quien también es parte del Estado y gestiona más de un tercio de los recursos. El gobierno de la nación debe hacer uso de los mecanismos de coordinación y control que legalmente tiene a su alcance para recuperar las riendas del país, actualmente en manos de 17 insaciables reinos de taifas. Éste ha de ser un primer paso tras el cual debe redefinirse el reparto competencial de forma que, partiendo de la experiencia de los últimos 30 años, nos permita seguir avanzando como nación.

Pero la principal conclusión que podemos obtener es que, ante la urgente necesidad de cambios y la decepcionante respuesta de los actuales gestores públicos -y de quienes esperan su turno para serlo-, tendremos que ser los ciudadanos quienes, ejerciendo como tales, cobremos conciencia de esta realidad, apartemos del poder a quienes nos conducen hacia el desastre y obliguemos a nuestros gestores a actuar en consecuencia. El proceso jamás seguirá el camino inverso.