Nuevo e interesante artículo del economista Manuel Sarachaga: "Es hora de obtener conclusiones"

Formar parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde sus inicios fue un éxito indudable para España. Fuimos capaces de superar el reto de las exigencias de Maastricht y de abandonar el tradicional retraso que nos caracterizaba cuando de incorporarse a avances junto con nuestros vecinos europeos se trataba.

Desde entonces hasta la profunda recesión actual, los españoles hemos disfrutado de años de gran crecimiento económico, de importantes avances y de un incuestionable progreso en nuestro nivel de vida. Pero fueron también los años en los que se gestaron los grandes desequilibrios que nos han traído hasta aquí.

El fuerte ritmo de expansión económica y la insuficiencia de ahorro nacional durante ese periodo provocaron un elevado flujo de crédito proveniente de nuestros socios en la UEM, cuyas contrapartidas más visibles han sido un creciente endeudamiento, un constante diferencial de inflación respecto a los países de nuestro entorno y, en consecuencia, una acusada pérdida de competitividad exterior.

Este inmenso caudal de crédito barato -incentivado por los bajos tipos de interés establecidos por el BCE y posibilitado por la casi ilimitada capacidad de expansión crediticia del sistema financiero-, junto con otros factores -legislativos y demográficos, entre otros-, determinaron un desarrollo desequilibrado nuestra estructura productiva, potenciando sectores de baja productividad que acapararon ingentes recursos productivos y lastraron el desarrollo de otros sectores con más futuro pero menos favorecidos por los réditos especulativos que el crédito abundante y barato favorecía.

Este proceso no sólo impulsó determinadas ramas de actividad y elevó el precio de ciertos activos, como inmuebles o activos financieros, sino que toda la economía española terminó por convertirse en una gran “burbuja” en la que los españoles disfrutábamos de una renta per cápita insostenible y basada en un tremendo nivel de endeudamiento. También las administraciones públicas se expandieron al calor de unos ingresos públicos insostenibles. Vivimos durante un tiempo por encima nuestras posibilidades y, lo que es peor, hipotecamos nuestra capacidad de consumo, inversión y generación de ahorro neto en el medio plazo. Una insensatez.

Pero no fue sólo ése nuestro gran pecado. Nuestro país comenzó a fallar en muchos más aspectos esenciales. Un desarrollo autonómico descoordinado, despilfarrador y suicida, una educación en retroceso, un sistema de investigación e innovación casi abandonado, un mercado de trabajo dual y cada vez más rígido, una politización que ha terminado por invadirlo y pervertirlo prácticamente todo… fueron elementos necesarios para agravar la situación en la que nos encontramos y para ensombrecer el futuro que nos espera.

Y no es cierto que esto no se supiera entonces. Nada hicieron quienes estaban entonces en el poder y nada hacen quienes ahora están. Unos nos dijeron que España iba bien y otros nos negaron la crisis mientras nuestro país se nos caía encima, tachando de “antipatriotas” a quienes alertaban de lo que estaba ocurriendo. Ambos nos prometieron el pleno empleo cuando estábamos al borde del abismo. Ambos siguieron y siguen peleando por mantener sus cuotas de poder allí donde lo detentan, a costa de lo que sea.

Reconocida la crisis, quienes ahora nos gobiernan quisieron tomar medidas cuando ya era demasiado tarde y se equivocaron en casi todo. No hace falta más que recordar los 400 euros o el despilfarrador Plan E, que sólo sirvieron para crear un efímero empleo y para terminar con la poca capacidad de reacción del Estado residual que nos queda, ahogado ya en un mar de deuda. La gestión de los recursos públicos ha sido nefasta y nos ha llevado a una situación de déficit insostenible que será un pesado lastre para salir de la crisis.

No son capaces siquiera de hablar con franqueza a los ciudadanos. Incapaces de decirnos que la única vía para salir de la misma será reconocer la realidad de nuestro empobrecimiento y aplicar, en ausencia de moneda propia, una dura pero imprescindible “devaluación interna”, que pasa por reducir precios, costes empresariales y gasto público, como única vía para mejorar nuestra competitividad externa ante una demanda interna que permanecerá estancada mucho tiempo. Incapaces de realizar urgentemente una reforma laboral eficaz que dinamice nuestro mercado de trabajo, de reformar nuestro sistema educativo como piedra angular sobre la que descansa el futuro de nuestro país, de reformar consecuentemente nuestros sistemas de protección social, de reformar nuestro sistema de apoyo a la investigación y a la innovación, de reformar la normativa que regula nuestras politizadas cajas, de reordenar nuestro fallido “Estado de las autonomías”, de definir un creíble plan energético nacional, de poner en práctica un verdadero plan de austeridad pública.…

Hace ya tiempo que los actuales gestores públicos y los que esperan serlo son incapaces de aportar soluciones, porque ellos mismos se han convertido en parte del problema. Y hace ya tiempo que por todo ello los ciudadanos deberíamos ser capaces de obtener conclusiones y de actuar en consecuencia.