La justicia de la UE ratifica que las ‘vacaciones fiscales’ del País Vasco son ilegales

La justicia de la Unión Europea ratifica que las ‘vacaciones fiscales’ del País Vasco son ilegales
La Comisión reclama a España una sanción de 236.044 euros por cada día transcurrido hasta que acate la sentencia; y otros 25.817 euros por cada día desde diciembre de 2006.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este jueves que las llamadas vacaciones fiscales vascas son ilegales. La justicia europea ha dictado que las ayudas concedidas a empresas nuevas en País Vasco en los años noventa son ilegales. No cabe más recurso contra esta sentencia, que ratifica otra anterior que ya daba la razón a la Comisión Europea.

La decisión afecta a una de las tres medidas conocidas como vacaciones fiscales: la exención fiscal del impuesto de sociedades concedida a las empresas constituidas en 1993 y 1994. Las otras dos (el crédito fiscal del 45% del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos y en la reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada desde 1995) están aún pendientes de fecha de pronunciamiento.

El Tribunal General (antes, Tribunal de Primera Instancia) ya se pronunció en este mismo sentido, pero la decisión fue recurrida por las tres diputaciones del País Vasco. Los jueces, ahora, han confirmado la decisión de primera instancia y han afirmado que las diputaciones no tienen razón al argumentar que la larga duración del procedimiento que inició la Comisión Europea en 1995 les hizo pensar que no había problemas con las ayudas, ya que ellas mismas contribuyeron a que el proceso se alargase con su falta de colaboración y al no notificar las medidas.

Cuantiosa multa contra España

La sentencia, conocida este jueves, rechaza igualmente el argumento de las diputaciones forales de que el Tribunal de Primera Instancia cometió errores de procedimiento y violó el derecho a un proceso justo al rechazar la solicitud de los recurrentes de que se exigiera a la Comisión Europea que aportase al proceso toda la documentación relativa a la denuncia de 1994. Dicha solicitud no contenía indicios serios que hicieran pensar que alguno de los documentos que podía aportar la Comisión fuese pertinente para la resolución del litigio.

El Ejecutivo de la Unión Europea reclamó, entonces, imponer una sanción de 236.044 euros por cada día que transcurriera desde que el Tribunal volviera a pronunciarse sobre el asunto, hasta que España acate la sentencia (desde los noventa), y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.

Fuente: La Voz de Barcelona

Adrian PF escribió:Una duda, ¿acatar la sentencia que supodría: abolir el privilegio foral?

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