Un "error" de concepto

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 15 miembros nombrados por el Rey; a propuesta directa del pueblo que expresa su voluntad en unas elecciones libres, democráticas y transparentes. La eleccion se realizará mediante listas abiertas, pudiendo cada elector seleccionar hasta un máximo de 9 candidatos. Los candidatos se presentan de forma individual e independiente, adjuntando cada uno su curriculum profesional y académico.de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre los Magistrados que se presenten a las elecciones,y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con mas de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres. En caso de vacate por dimisión, incapacidad o muerte de uno o varios de los mimebros del tribunal ocupará la plaza el siguiente candidato más votado en las últimas elecciones, que no hubiera obtenido el puesto.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato, pudiendo tan sólo ser juzgados por sus acciones en el ejercicio de su cargo por el posterior Tribunal Constitucional electo y por sus acciones no relacionadas con el ejercicio de su cargo por el tribunal que corresponda, cuando hayan cesado de su cargo. Mientras sean miembros del Tribunal Constitucional no pueden ser demandados, comenzando a contar el tiempo para la denuncia y prescripción de sus delitos en el momento en que abandonen el cargo.

Martín escribió:El primer punto provocaría que tuviesemos un "PP judicial" y un "partido socialista judicial español", porque es evidente que Pp y PSOE señalarían a sus candidatos "favoritos", que probablemente serían los que ganarían. No hya un nivel de educación suficiente en España como para esperar que la gente se informe y vote al juez que le parezca mejor en vez de lo que recomienden Rajoy y ZP. Es lo que hay.

El punto 5 me parece que contradice lo de "todos los españoles son iguales ante la ley".

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 15 miembros nombrados por el Rey; a propuesta directa del pueblo que expresa su voluntad en unas elecciones libres, democráticas y transparentes. La eleccion se realizará mediante listas abiertas, pudiendo cada elector seleccionar hasta un máximo de 9 candidatos. Los candidatos se presentan de forma individual e independiente, adjuntando cada uno su curriculum profesional y académico. Se prohibe a los partidos políticos hacer campaña a favor o en contra de algún candidato.de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre los Magistrados que se presenten a las elecciones,y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con mas de quince años de ejercicio profesional. Ningún magistrado que haya sido miembro del Tribunal Constitucional en algun momento durante los 9 años anteriores puede presentarse a las elecciones para ese tribunal.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres. En caso de vacate por dimisión, incapacidad o muerte de uno o varios de los mimebros del tribunal ocupará la plaza el siguiente candidato más votado en las últimas elecciones, que no hubiera obtenido el puesto.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato, pudiendo tan sólo ser juzgados por sus acciones en el ejercicio de su cargo por el posterior Tribunal Constitucional electo y por sus acciones no relacionadas con el ejercicio de su cargo por el tribunal que corresponda, cuando hayan cesado de su cargo. Mientras sean miembros del Tribunal Constitucional no pueden ser demandados, comenzando a contar el tiempo para la denuncia y prescripción de sus delitos en el momento en que abandonen el cargo.

Martín escribió:

Yo propondría que el TC lo eligiese el CGPJ, y que se limitase a decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes (y no se si algo más se me olvida), y no actuar como un tribunal superior al TS (al que se pueda recurrir casi cualquier cosa me refiero)

Darco escribió:

Martín escribió:

Yo propondría que el TC lo eligiese el CGPJ, y que se limitase a decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes (y no se si algo más se me olvida), y no actuar como un tribunal superior al TS (al que se pueda recurrir casi cualquier cosa me refiero)

Eso que dices es básico y así debiera ser. Se ha manipulado el verdadero sentido del TC (además de todo lo demás)

Evergetes escribió:Abstención del 99%, ya te lo digo...

Alejandro Villuela escribió:

Evergetes escribió:Abstención del 99%, ya te lo digo...

Probamos? Es algo demasaido imporante para abstenerse, pero si qujeires podemos añadir la norma de que si la abstencion es superior al 40% los jueces anteriores repiten, si te quedas mas tranquilo...

Alejandro Villuela escribió:

Darco escribió:

Martín escribió:

Yo propondría que el TC lo eligiese el CGPJ, y que se limitase a decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes (y no se si algo más se me olvida), y no actuar como un tribunal superior al TS (al que se pueda recurrir casi cualquier cosa me refiero)

Eso que dices es básico y así debiera ser. Se ha manipulado el verdadero sentido del TC (además de todo lo demás)

OJo, que el CGPJ elija al TC y al TS no es solución mientras al CGPJ lo elija igualemnte el parlamento. Si quereis en vez de hacer elecciones al TC las hacemos al CGPJ, pero es lo mismo.

Evergetes escribió:

Alejandro Villuela escribió:

Evergetes escribió:Abstención del 99%, ya te lo digo...

Probamos? Es algo demasaido imporante para abstenerse, pero si qujeires podemos añadir la norma de que si la abstencion es superior al 40% los jueces anteriores repiten, si te quedas mas tranquilo...

¿Pero tú crees que a la gente le iba a interesar votar a un juez o a otro? ¿En qué los iban a diferenciar? ¿Por su curriculum? ¿Por su ideología política? Porque entonces estaría politizado igual... Y si se ponen hablar de leyes, es que no voto ni yo, qué coñazo, y mira que me gusta la política... Si se llega al 0,000001% de participación ya sería un gran éxito.

Darco escribió:

Alejandro Villuela escribió:

Darco escribió:

Martín escribió:

Yo propondría que el TC lo eligiese el CGPJ, y que se limitase a decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes (y no se si algo más se me olvida), y no actuar como un tribunal superior al TS (al que se pueda recurrir casi cualquier cosa me refiero)

Eso que dices es básico y así debiera ser. Se ha manipulado el verdadero sentido del TC (además de todo lo demás)

OJo, que el CGPJ elija al TC y al TS no es solución mientras al CGPJ lo elija igualemnte el parlamento. Si quereis en vez de hacer elecciones al TC las hacemos al CGPJ, pero es lo mismo.

Mi comentario iba por la parte de que el TC se limitase única y exclusivamente a decidir sobre la constitucionalidad y nada más. Para el resto ya está el TS.

Sobre la elección de los jueces por ahora no me mojo, no tengo nada claro Prefiero leeros

Alejandro Villuela escribió:

Evergetes escribió:

Alejandro Villuela escribió:

Evergetes escribió:Abstención del 99%, ya te lo digo...

Probamos? Es algo demasaido imporante para abstenerse, pero si qujeires podemos añadir la norma de que si la abstencion es superior al 40% los jueces anteriores repiten, si te quedas mas tranquilo...

¿Pero tú crees que a la gente le iba a interesar votar a un juez o a otro? ¿En qué los iban a diferenciar? ¿Por su curriculum? ¿Por su ideología política? Porque entonces estaría politizado igual... Y si se ponen hablar de leyes, es que no voto ni yo, qué coñazo, y mira que me gusta la política... Si se llega al 0,000001% de participación ya sería un gran éxito.

A ver, su trayectoria si que es publica, sabes que tal juez es el que exculpo los Albertos despues de robar a sus clientes y tal otro es el que metio en la carcel a un mafioso aunque habian secuestrado a su hija para forzarle a cambiar de idea.

Evergetes escribió:

Alejandro Villuela escribió:

Evergetes escribió:

Alejandro Villuela escribió:

Evergetes escribió:Abstención del 99%, ya te lo digo...

Probamos? Es algo demasaido imporante para abstenerse, pero si qujeires podemos añadir la norma de que si la abstencion es superior al 40% los jueces anteriores repiten, si te quedas mas tranquilo...

¿Pero tú crees que a la gente le iba a interesar votar a un juez o a otro? ¿En qué los iban a diferenciar? ¿Por su curriculum? ¿Por su ideología política? Porque entonces estaría politizado igual... Y si se ponen hablar de leyes, es que no voto ni yo, qué coñazo, y mira que me gusta la política... Si se llega al 0,000001% de participación ya sería un gran éxito.

A ver, su trayectoria si que es publica, sabes que tal juez es el que exculpo los Albertos despues de robar a sus clientes y tal otro es el que metio en la carcel a un mafioso aunque habian secuestrado a su hija para forzarle a cambiar de idea.

Entonces habría jueces populistas que meten penas exageradas saltándose la ley en casos mediáticos, y se llevarían todos los votos...

Evergetes escribió:

Alejandro Villuela escribió:

Evergetes escribió:Abstención del 99%, ya te lo digo...

Probamos? Es algo demasaido imporante para abstenerse, pero si qujeires podemos añadir la norma de que si la abstencion es superior al 40% los jueces anteriores repiten, si te quedas mas tranquilo...

¿Pero tú crees que a la gente le iba a interesar votar a un juez o a otro? ¿En qué los iban a diferenciar? ¿Por su curriculum? ¿Por su ideología política? Porque entonces estaría politizado igual... Y si se ponen hablar de leyes, es que no voto ni yo, qué coñazo, y mira que me gusta la política... Si se llega al 0,000001% de participación ya sería un gran éxito.

Pedro_Pablo escribió:Alejandro la propuesta es interesante, no menos que algunas de las objeciones que leo. Cada vez tengo menos claro que la democracia sea sólo votar cada cuatro años y ya está. Tu propuesta quieras que no hace que el ciudadano sea más decisivo.

Te pongo alguna objeción que se me ocurre a vote pronto. ¿Y si el número de jueces que se presentan es muy grande? ¿No sería un follón a la hora de votar? ¿Cómo podrías verificar que el currículum de un determinado magistrado es impepinablemente cierto? Si los ciudadanos eligen a los gobernantes que eligen, véase Zapatero, ¿cómo podríamos evitar que alguien que no tiene repajolera idea sobre derecho vote a un energúmeno? Para empezar yo tengo muy poca idea en la materia. ¿No sería mejor que los votasen gente del gremio, por decirlo así?

Hurty1311 escribió:Sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que eres tú el que comete otro error de concepto planteando la cosa como si en la justicia se tuviese que representar nada.

Los ciudadanos tienen que votar el legislativo y el ejecutivo para elegir que les representen y la justicia no tiene que representar nada, se tiene que limitar a juzgar según las leyes que ha hecho el legislativo.

Si se votase al judicial qué se votaría, si la gracia del sistema judicial en teoría está en que la independencia es tal que no hay ninguna diferencia de un juez a otro.

¿Acaso hemos estudiado derecho todos para saber si está aplicando correctamente las leyes?

Si no las aplicase correctamente sería un delito y retirarían a ese juez, ningún problema y, si juzgamos la justicia, la justicia de las leyes tiene que ver con el legislativo que ha hecho esas leyes, no con el juez que las tiene que cumplir obligatoriamente.

A mí me parece muy bien el sistema que ha propuesto UPyD para garantizar la independencia de este poder porque me parece que logra este objetivo y es que el objetivo tiene que ser ese, que la justicia sea independiente y totalmente sujeta a las leyes, no que represente nada.

Si le dices a la gente que vote me parece a mí que lo más probable es que los jueces empiecen a representar algo, cosa que es inadmisible, los jueces no pueden representar nada y por mucho que se informe la gente da igual, cualquier juez que sea responsable, trabajador e independiente es bueno para ir al TC o al CGPJ, así que es una tontería que plantees esto como una cuestión de democracia ya que ese es el único objetivo que hay que cumplir y el caso es simplemente escoger el sistema que consiga eso y lo que propone UPyD lo consigue, al contrario que el sistema actual que habiendo un 90% de jueces responsables, trabajadores e independientes y sin embargo eligen de entre ese 10% precisamente para que no sean independientes ni responsables.

Lo dicho, creo que cometes el mismo fallo que el ministro de justicia en su argumentación pero en otro nivel: el ministro de justicia dice que lo que da legitimidad democrática al poder judicial es que sean representativos del pueblo al ser elegidos por las cámaras, razonamiento totalmente abominable y erróneo de partida.

Hurty1311 escribió:Sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que eres tú el que comete otro error de concepto planteando la cosa como si en la justicia se tuviese que representar nada.

Los ciudadanos tienen que votar el legislativo y el ejecutivo para elegir que les representen y la justicia no tiene que representar nada, se tiene que limitar a juzgar según las leyes que ha hecho el legislativo.

Si se votase al judicial qué se votaría, si la gracia del sistema judicial en teoría está en que la independencia es tal que no hay ninguna diferencia de un juez a otro.

¿Acaso hemos estudiado derecho todos para saber si está aplicando correctamente las leyes?

Si no las aplicase correctamente sería un delito y retirarían a ese juez, ningún problema y, si juzgamos la justicia, la justicia de las leyes tiene que ver con el legislativo que ha hecho esas leyes, no con el juez que las tiene que cumplir obligatoriamente.

A mí me parece muy bien el sistema que ha propuesto UPyD para garantizar la independencia de este poder porque me parece que logra este objetivo y es que el objetivo tiene que ser ese, que la justicia sea independiente y totalmente sujeta a las leyes, no que represente nada.

Si le dices a la gente que vote me parece a mí que lo más probable es que los jueces empiecen a representar algo, cosa que es inadmisible, los jueces no pueden representar nada y por mucho que se informe la gente da igual, cualquier juez que sea responsable, trabajador e independiente es bueno para ir al TC o al CGPJ, así que es una tontería que plantees esto como una cuestión de democracia ya que ese es el único objetivo que hay que cumplir y el caso es simplemente escoger el sistema que consiga eso y lo que propone UPyD lo consigue, al contrario que el sistema actual que habiendo un 90% de jueces responsables, trabajadores e independientes y sin embargo eligen de entre ese 10% precisamente para que no sean independientes ni responsables.

Lo dicho, creo que cometes el mismo fallo que el ministro de justicia en su argumentación pero en otro nivel: el ministro de justicia dice que lo que da legitimidad democrática al poder judicial es que sean representativos del pueblo al ser elegidos por las cámaras, razonamiento totalmente abominable y erróneo de partida.

Alejandro Villuela escribió:
Elegimos diputados para que legislen, presidente para que gobierne y jueces para que juzguen.

Si elegimos a un gobernanate y no a otro es porque nos parece que lo hará mejor, lo mismo ocurre si votamos a un juez y no a otro, porque nos parece más capacitado.

Yo no busco representación de nada, sólo quiero que estén arriba en el poder judicial los jueces considerados mejores por el pueblo y no por el parlamento. de todos modos, ¿cual es la propuesta de UPyD para el poder judicial?

Hurty1311 escribió:

Alejandro Villuela escribió:
Elegimos diputados para que legislen, presidente para que gobierne y jueces para que juzguen.

Si elegimos a un gobernanate y no a otro es porque nos parece que lo hará mejor, lo mismo ocurre si votamos a un juez y no a otro, porque nos parece más capacitado.

Yo no busco representación de nada, sólo quiero que estén arriba en el poder judicial los jueces considerados mejores por el pueblo y no por el parlamento. de todos modos, ¿cual es la propuesta de UPyD para el poder judicial?

¿Mejor?, ¿mejor para quien?

Yo me pensaba que desde nuestra perspectiva cada uno tenía una perspectiva distinta de qué era lo mejor y para eso estaba la democracia, para que no se imponga la perspectiva de nadie sobre la de otro y poder alcanzar así un consenso en el que más o menos podamos estar conformes.

Por eso las elecciones, para que cada uno escoja lo mejor dentro de su propia perspectiva de qué es lo mejor.

Esto no pasa con los jueces, no hay jueces que lo hagan mejor o peor sino que hay jueces que siguen las leyes y la constitución y los que no, siendo estos últimos retirados de su ejercicio.

Luego no puede haber perspectivas -y por tanto no es necesario que votemos los ciudadanos- en el poder judicial porque la cosa es tan sencilla como o se cumplen las leyes o no se cumplen y si hay si acaso ambigüedad en las leyes la culpa es del legislador, no del juez.

Luego que digas eso del juez que lo hace mejor me parece muy mal, es como si dijeses que no pasa nada si hay jueces que en tal que lo hacen mal se saltan las leyes.

El concepto de lo mejor es perspectivístico, lo que acarrea según propones que se representen perspectivas y como ya he dicho en la justicia no se tiene que representar nada de nada.

Por último propuesta UPyD:
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110327114427/upyd-lleva-al-congreso-un-modelo-de-eleccin-del-cgpj-entre-juristas-para-evitar-el-mercado-persa-de-los-partidos

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SEPARACION DE PODERES

Leído por Álvaro Pombo el 6 de Diciembre de 2007

La separación de poderes es una de las bases fundamentales de la democracia moderna. Significa que cualquier persona tiene la garantía de que los jueces a los que puede acudir en demanda de justicia, o que un día puedan juzgarle, no trabajan para el gobierno ni son delegados de los partidos políticos. También que las leyes que aprueban los parlamentos serán aplicadas con rectitud por los tribunales y hechas cumplir por el gobierno. Pues bien, este principio elemental, sin el cual no podemos hablar de verdadero Estado de Derecho, corre serio peligro en España debido a las intromisiones de los principales partidos políticos en el poder judicial, y a causa de la constante manipulación de la fiscalía del Estado para que sirva a los intereses políticos del partido del gobierno de turno. El resultado ha sido una verdadera degeneración del sistema constitucional.


En España, las leyes aprobadas por el Parlamento se convierten con pasmosa facilidad en textos tan elásticos que no obligan a nada a las instituciones, se trate de la Ley de Partidos o de la llamada Ley de Banderas, mientras normas de rango muy inferior se aplican con inflexible dureza a los ciudadanos particulares. La igualdad ante la ley es un principio de vigencia muy discutible en nuestro país, empeorado por una nube de normativas autonómicas que demasiado a menudo convierten la Constitución en papel mojado: por ejemplo, el derecho de los niños a recibir educación en su lengua materna, absolutamente ignorado por las leyes educativas en algunos territorios de hegemonía nacionalista, como es el caso de Cataluña. En el País Vasco, los ciudadanos asistimos perplejos al constante desprecio y desprestigio de los tribunales de justicia por un gobierno que pone mayor empeño en reclamar impunidad y atacar a los jueces que en detener a los terroristas. En los últimos años hemos asistido, entre atónitos e indignados, a constantes intromisiones del gobierno y de los partidos políticos en el trabajo de los tribunales que deberían garantizar la imparcialidad de la justicia y la igualdad ante la ley, principios sin los cuales no hay democracia. En relación con el dictamen de posible inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, los recientes intentos de obligar al Tribunal Constitucional a alinearse con las tesis del PSOE o del PP, recurriendo a la recusación de los jueces que se consideran más o menos alejados o cercanos a las posiciones de cada cual, no sólo daña al Tribunal Constitucional paralizando su trabajo, sino que contribuye a deteriorar el funcionamiento de todas las instituciones democráticas y a debilitar la pobre confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y en la propia vigencia efectiva de la Constitución.


Unión Progreso y Democracia (UPyD) es un partido político nuevo que nace con la intención de modificar este estado de cosas, considerando que pone en peligro el sistema democrático en España. Nos preocupan especialmente los ataques contra la autonomía del poder judicial y los intentos de convertir a los jueces en delegados de esos viejos e insaciables partidos políticos que aspiran a controlarlo todo sin el menor escrúpulo por los daños al bien común del país que causen en el intento.

Hoy, seis de diciembre de 2007, Día de la Constitución, Unión Progreso y Democracia (UpyD) ha convocado esta concentración ante la sede del Tribunal Constitucional para apoyar la autonomía de la justicia, pedir la mejora constitucional de la separación de poderes y protestar contra las intromisiones de cualquier partido político en la administración de justicia. No son reclamaciones de derecha o de izquierda, sino principios generales que compartimos todos los partidarios del progreso y de mejorar la democracia.


Pensamos que estos objetivos requieren una reforma de la Constitución que logre reforzar la autonomía de jueces y tribunales, así como conseguir la independencia de la fiscalía, eliminando la intervención de los partidos políticos en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y restaurando las previsiones originales de la Constitución que encomendaban a los jueces la elección de sus representante. UPyD no pretende nombrar a jueces y fiscales que representen sus intereses o ideas. Sólo queremos impulsar las reformas constitucionales necesarias para desterrar esos vicios, y restaurar los principios pervertidos por malos desarrollos legislativos, como el que alteró la elección del Consejo General del Poder Judicial dando a los partidos representados en las Cortes la potestad de nombrar a los magistrados. Un propósito que, según pensamos, impulsará mejor un partido nuevo como el nuestro, sin hipotecas ni compromisos que le aten al pasado.

Queremos reafirmar aquí y ahora nuestra confianza en conseguir una mejor separación de poderes, y en la independencia de jueces, fiscales y tribunales de justicia. La una y la otra pueden ser mejorados mediante reformas constitucionales. Hoy en día, la defensa de la Constitución de 1978 exige reformarla en algunos capítulos importantes para conseguir la permanencia de su espíritu. De lo contrario, de proseguir las intromisiones y manipulaciones de los poderes establecidos en uno de los pilares esenciales de la democracia, nos arriesgamos a que la hermosa palabra democracia se convierta, en nuestra casa común, en un sonido sin ningún significado verdadero.

Fuente: UPyD

PROPUESTAS

1. Que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelva a los criterios de elección de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, más acorde y respetuosa con lo regulado en el artículo 122.3 de la CE.

2. Que el Tribunal Constitucional pase de 12 a 15 magistrados, con ello se evitan los empates del número par, a pesar del voto de calidad del Presidente, y se contribuye a aumentarlo en un número adecuado y no desmesurado, para descargar el excesivo trabajo que tienen sus magistrados. Modificación por tanto
del artículo 159.1 CE. Para aumentar su despolitización, los 3 nuevos magistrados los elegirá el Consejo General del Poder Judicial.

3. Que el Fiscal General del Estado se elija por los mismos criterios (mayoría de 3/5 del Parlamento) que el Defensor del Pueblo. Modificación del artículo 124.4 CE. Pudiera ser de una terna que presentara el CGPJ entre fiscales de carrera con más de 15 años de experiencia profesional.

Fuente: UPyD (pdf)

Capitulo segundo
De la composición del consejo general del poder judicial, de la designación y sustitución de sus miembros

Articulo séptimo

El consejo general del poder judicial estará integrado por el presidente del tribunal supremo, que lo presidirá, y por veinte vocales nombrados por el rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establece la presente ley; cuatro a propuesta del congreso de los diputados y cuatro a propuesta del senado, elegido en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo octavo.

Los doce vocales de procedencia judicial serán elegidos entre jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales, en los términos establecidos en la presente ley.

Integraran el consejo tres magistrados del tribunal supremo, seis magistrados y tres jueces.

Artículo noveno.

El consejo general se renovara en su totalidad cada cinco años, computados desde la fecha de su constitución. Transcurrido dicho plazo, el consejo continuara en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constitución del nuevo.

(...)


Articulo duodécimo.

Los vocales del consejo general de procedencia judicial serán elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo.

Articulo decimotercero.

La elección se llevara a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo.

Deberá convocarse con tres meses de antelación a la terminación del mandato del consejo.

La circunscripción electoral será única para todo el territorio nacional.

Articulo decimocuarto.

El reglamento de organización desarrollara el procedimiento electoral de acuerdo con lo establecido en esta ley, y especialmente con lo prevenido en las siguientes normas:

Uno. Las candidaturas habrán de ser completas, con un candidato titular y un suplente para todos los supuestos a cubrir en cada elección.

Dos. Las candidaturas serán siempre abiertas, pudiendo cada elector combinar nombres, dentro de cada categoría, procedentes de candidaturas distintas.

Tres. El sistema electoral será el mayoritario corregido para permitir la representación de un sector minoritario.

Cuatro. Las candidaturas habrán de estar avaladas por un diez por ciento de los electores, que comprendan, a su vez, un cinco por ciento al menos, de cada categoría o por una asociación profesional válidamente constituida. Nadie podrá avalar más de una candidatura.

(...)

Fuente: Derecho.com

CAPÍTULO II.
DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LA DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SUS MIEMBROS.

Artículo 111.

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por un período de 5 años por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

Artículo 112.

Los 12 miembros que conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución han de integrar el Consejo entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo.

La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis Vocales, por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cámaras por los Jueces y Magistrados conforme a lo previsto en el número siguiente.

(...)

Entre los 36 candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en el número anterior, se elegirán en primer lugar 6 Vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una vez elegidos estos 6 Vocales, el Senado elegirá los otros 6 entre los 30 candidatos restantes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo siguiente.

Artículo 113.

1. Los restantes 8 miembros que igualmente han de integrar el Consejo, elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, serán propuestos para su nombramiento por el Rey entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo.

2. El Pleno de cada Cámara elegirá 4 Vocales, por mayoría de tres quintos de sus miembros, en la misma sesión en que se proceda a la elección de los 6 Vocales a los que se refiere el artículo anterior e inmediatamente a continuación de ésta.

Artículo 114.

El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada 5 años,

(...)

Fuente: noticias.juridicas.com

Alejandro Villuela escribió:
No,no. Hay jueces muy inteligentes y otros muy torpones que malinterpretan las leyes. La ley es interpretable, no sólo saltable.

El modelo de UPyD es para el CGPJ, no para el TC.

La propuesta de UPyD para el CGPJ es:

4 elegidos por el congreo
4 por el senado
4 por los jueces
3 por los secretarios judiciales
3 por los fiscales
2 por los abogados

La mía es:

20 elegidos por el pueblo

Por qué sólo pueden votar juristas en las elecciones al CGPJ y sin embargo en las elecciones al parlamento pueden todos, juristas, licenciados en ciencias políticas y vendedores de altramuces?

El Sheriff (jefe de policia) no está para representar nada, sino para dirigir la policia y es elegido por el pueblo en USA.

Un tesorero no está para representar nada, está para dirigir la hacienda y sin embargo los hay mejores y peores...

Por último, si todos los jueces (no inhabilitados) son iguales.... por que no se elige el TC y el CGPJ a sorteo?

Pako escribió:Y dale con 'el pueblo'... allá va:

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SEPARACION DE PODERES

Leído por Álvaro Pombo el 6 de Diciembre de 2007

La separación de poderes es una de las bases fundamentales de la democracia moderna. Significa que cualquier persona tiene la garantía de que los jueces a los que puede acudir en demanda de justicia, o que un día puedan juzgarle, no trabajan para el gobierno ni son delegados de los partidos políticos. También que las leyes que aprueban los parlamentos serán aplicadas con rectitud por los tribunales y hechas cumplir por el gobierno. Pues bien, este principio elemental, sin el cual no podemos hablar de verdadero Estado de Derecho, corre serio peligro en España debido a las intromisiones de los principales partidos políticos en el poder judicial, y a causa de la constante manipulación de la fiscalía del Estado para que sirva a los intereses políticos del partido del gobierno de turno. El resultado ha sido una verdadera degeneración del sistema constitucional.


En España, las leyes aprobadas por el Parlamento se convierten con pasmosa facilidad en textos tan elásticos que no obligan a nada a las instituciones, se trate de la Ley de Partidos o de la llamada Ley de Banderas, mientras normas de rango muy inferior se aplican con inflexible dureza a los ciudadanos particulares. La igualdad ante la ley es un principio de vigencia muy discutible en nuestro país, empeorado por una nube de normativas autonómicas que demasiado a menudo convierten la Constitución en papel mojado: por ejemplo, el derecho de los niños a recibir educación en su lengua materna, absolutamente ignorado por las leyes educativas en algunos territorios de hegemonía nacionalista, como es el caso de Cataluña. En el País Vasco, los ciudadanos asistimos perplejos al constante desprecio y desprestigio de los tribunales de justicia por un gobierno que pone mayor empeño en reclamar impunidad y atacar a los jueces que en detener a los terroristas. En los últimos años hemos asistido, entre atónitos e indignados, a constantes intromisiones del gobierno y de los partidos políticos en el trabajo de los tribunales que deberían garantizar la imparcialidad de la justicia y la igualdad ante la ley, principios sin los cuales no hay democracia. En relación con el dictamen de posible inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, los recientes intentos de obligar al Tribunal Constitucional a alinearse con las tesis del PSOE o del PP, recurriendo a la recusación de los jueces que se consideran más o menos alejados o cercanos a las posiciones de cada cual, no sólo daña al Tribunal Constitucional paralizando su trabajo, sino que contribuye a deteriorar el funcionamiento de todas las instituciones democráticas y a debilitar la pobre confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y en la propia vigencia efectiva de la Constitución.


Unión Progreso y Democracia (UPyD) es un partido político nuevo que nace con la intención de modificar este estado de cosas, considerando que pone en peligro el sistema democrático en España. Nos preocupan especialmente los ataques contra la autonomía del poder judicial y los intentos de convertir a los jueces en delegados de esos viejos e insaciables partidos políticos que aspiran a controlarlo todo sin el menor escrúpulo por los daños al bien común del país que causen en el intento.

Hoy, seis de diciembre de 2007, Día de la Constitución, Unión Progreso y Democracia (UpyD) ha convocado esta concentración ante la sede del Tribunal Constitucional para apoyar la autonomía de la justicia, pedir la mejora constitucional de la separación de poderes y protestar contra las intromisiones de cualquier partido político en la administración de justicia. No son reclamaciones de derecha o de izquierda, sino principios generales que compartimos todos los partidarios del progreso y de mejorar la democracia.


Pensamos que estos objetivos requieren una reforma de la Constitución que logre reforzar la autonomía de jueces y tribunales, así como conseguir la independencia de la fiscalía, eliminando la intervención de los partidos políticos en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y restaurando las previsiones originales de la Constitución que encomendaban a los jueces la elección de sus representante. UPyD no pretende nombrar a jueces y fiscales que representen sus intereses o ideas. Sólo queremos impulsar las reformas constitucionales necesarias para desterrar esos vicios, y restaurar los principios pervertidos por malos desarrollos legislativos, como el que alteró la elección del Consejo General del Poder Judicial dando a los partidos representados en las Cortes la potestad de nombrar a los magistrados. Un propósito que, según pensamos, impulsará mejor un partido nuevo como el nuestro, sin hipotecas ni compromisos que le aten al pasado.

Queremos reafirmar aquí y ahora nuestra confianza en conseguir una mejor separación de poderes, y en la independencia de jueces, fiscales y tribunales de justicia. La una y la otra pueden ser mejorados mediante reformas constitucionales. Hoy en día, la defensa de la Constitución de 1978 exige reformarla en algunos capítulos importantes para conseguir la permanencia de su espíritu. De lo contrario, de proseguir las intromisiones y manipulaciones de los poderes establecidos en uno de los pilares esenciales de la democracia, nos arriesgamos a que la hermosa palabra democracia se convierta, en nuestra casa común, en un sonido sin ningún significado verdadero.

Fuente: UPyD