Roberto Centeno: ¿Quién tiene un plan anticrisis más creíble: Rajoy o Rosa Díez?

“Tengo un Plan”, exclamaba hace unos días un Rajoy eufórico que ya se veía presidente, “y en 48 horas puedo presentar un gobierno”. ¿Qué Plan? En todos y cada uno de los muchos lugares donde gobierna ni está ni se le espera. En cuanto al gobierno, si todo lo que tiene son los que se están manteniendo de perfil, sin hacer oposición ni haciendo nada, mientras España se hunde en el mayor proceso de ruina de su Historia en tiempos de paz, ¡apañado va el país!

El Plan de Rajoy

Supongo que se refiere al “Plan Anticrisis Global y Completo” del PP, tan ampuloso en su nombre como inconcreto y demagógico en su contenido. El Plan contiene doce propuestas con las que es imposible estar en desacuerdo. Solo dos problemas: primero, se trata de principios generales, sin explicar cómo abordarlos; segundo y esto es lo más grave, el PP gobierna en varias CCAA y un sinfín de ayuntamientos, y en ni uno solo de ellos ha hecho lo que predica, en realidad es peor aún, hace justo lo contrario.

Mencionaré cinco de las propuestas. Plan de austeridad de las AAPP, ciertamente imprescindible, y entonces… ¿cómo es que sus Comunidades, empezando por Valencia, y Ayuntamientos, Madrid y Valencia, por poner dos ejemplos significativos, son los campeones nacionales de gasto y deuda en relación al PIB? Gallardón, en concreto, se ha convertido en el paradigma del gasto sin control, y es con gran diferencia el mayor despilfarrador del Reino. Resulta más incomprensible aún que, cuando en diciembre, un Zapatero enloquecido, ofreció a las CCAA 11.000 millones de euros adicionales que España no tiene, en lugar de denunciar esta tropelía, las Comunidades del PP fueran las primeras en ir a poner el cazo a Moncloa.

Reforma fiscal, proclama la eficacia de las reducciones de impuestos para la recuperación económica, pero no dice cuáles ni cuánto, y lo inaceptable, sus CCAA y Ayuntamientos están a la cabeza de las subidas de impuestos, tasas y multas. Aquí el paradigma vuelve a ser Gallardón, que tiene las mayores subidas del IBI, impuesto de basuras por partida doble, etc, y algo inédito en el mundo, ha inundado la capital de radares recaudatorios, que multiplican por tres las multas de tráfico de todo tipo.

Reestructuración del sistema financiero, demagogia al por mayor, “transparencia, seguridad, confianza” (blá, blá, blá), y luego el BdE acusa a los barones del PP de ser los que más obstaculizan esa reestructuración. Recuperación de la unidad de mercado, imprescindible, pero con su ruptura del discurso nacional: Rajoy dice una cosa en un sitio y lo contrario en otro. Ha afirmado en Cataluña, donde se concentra el núcleo del problema, que “es deseable la unidad, pero no se puede imponer”, y uno anonadado se pregunta ¿Vamos a ver, Sr Rajoy, si ni siquiera es capaz de imponer la unidad de mercado sí o sí, cómo va a ser usted presidente?

Y por último, reforma del mercado energético, imprescindible también, pero lo mismo, generalidades y contradicciones flagrantes. Defiende la opción nuclear en Madrid y la ataca en Castilla-La Mancha. Pero sobre todo, el disparatado modelo energético actual no es de Zapatero, sino que es el Plan Eléctrico y Gasista del PP el que nos ha llevado al desastre. En definitiva, si no es capaz de arreglar su casa, ¿cómo pretende arreglar España? Rajoy carece de autoridad y de carácter para sacar al país de la crisis.

Y luego, el “milagro” de Rato, “lo hicimos una vez y lo volveremos a repetir” dicen. ¿Qué milagro? ¡Basta ya de tomaduras de pelo! Primero, la situación actual no tiene nada que ver con la del 96, pero sobre todo no hubo política económica alguna que encauzase el crecimiento para garantizar un desarrollo estable. Todo fue exógeno, tipos de interés, liquidez ilimitada, entorno exterior óptimo, igual que Solbes, pero con la inmensa fortuna de que les tocó el principio del ciclo. Saneamiento de las cuentas públicas, “se pasa de un déficit del 7% al equilibrio”. ¿Y cómo? Porque habíamos entrado en la fase alcista del ciclo y la recaudación subía exponencialmente sin mediar acción alguna, más el proceso masivo de privatizaciones, decenas de miles de millones de euros a las arcas públicas sin despeinarse.

Sigue el “milagro”: gastar un 10% más de lo que producimos, y Rato, en lugar de imponer racionalidad, echa más madera; familias y empresas se endeudan alocadamente, y en ocho años la deuda se multiplica por tres, el mayor incremento de nuestra historia. Medidas para cambiar un modelo productivo insostenible, cero; medidas para frenar el caos autonómico, cero; reducción del empleo público, “de cada cuatro bajas solo se cubrirá una”, mentira: más de 500.000 nuevos funcionarios del 96 al 04; medidas para reducir el endeudamiento limitando a bancos y cajas los préstamos exteriores, cero; reformas estructurales, cero. Peor aún (y esto lo viví en primera persona), Rato transforma los monopolios públicos con precios regulados en monopolios privados con precios libres, y pone las instituciones del Estado a su servicio. ¿Es así como piensan repetir el “milagro”?, vayan rezando lo que sepan.

El Plan de Rosa Díez

El lunes pasado, en estas mismas páginas McCoy, aclarando que “no soy sospechoso de simpatizar con Rosa Díez”, analizaba brillantemente su plan económico. Pues bien, servidor, sí simpatiza abiertamente con Rosa Díez, por varias razones pero les ofrezco dos: es el único partido que defiende ya la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, la defensa del idioma frente a la persecución separatista, y es el único con un plan solvente y carente de demagogia, capaz de sacarnos de la crisis. Que no les gusta Rosa porque fue socialista, o por su defensa del aborto, vale, pero si creen esencial la unidad de la Patria y si quieren salir de la crisis no tienen otra opción. Si votan PSOE o PP, serán cómplices de la partitocracia totalitaria que está arruinando el país, que acepta que vascos y navarros paguen ocho veces menos al Estado que el resto de ciudadanos, que aceptan que se proscriba y persiga la lengua española en un tercio de la nación, y dispuestos a cualquier cesión a los separatistas con tal de gobernar, España les importa un pimiento, y además no nos sacarán de la crisis.

El eje central de su programa es la recuperación del papel del gobierno central frente a las autonomías, más España frente al desmadre actual, y con medidas concretas, no como el PP, la Educación debe volver íntegra al Estado, y los recortes del gasto se centran esencialmente en el sistema autonómico y local, que tienen cinco veces más margen que el Estado. Régimen común para todos, el cupo de las Comunidades forales debe ser igual a lo que pagan los demás; no a la postura del PNV “recortes sí, pero ni un céntimo de lo nuestro”, no a la bilateralidad (Estatut), no al nuevo sistema de financiación, a los 11.000 millones de Zapatero, y las reducciones de gastos así conseguidas dedicadas a reducir el déficit estructural. Ni el PSOE ni el PP están dispuestos, ni de lejos, a nada parecido. Toda su filosofía, se basa en la cesión y el despilfarro.

Despolitizar las cajas, suspender y exigir responsabilidades a los malos gestores, terminar con los vetos autonómicos, y condicionar las entregas del FROB a la cesión total de supervisión al BdE. “Si se les da dinero público tendrán que aceptar las condiciones, y no ponerlas como sucede ahora”. Esta propuesta esencial fue rechazada por el PSOE, el PP y los separatistas. Tercero, política energética, reducción de costes y de dependencia. ¿Cómo? Energía nuclear hasta que las renovables lleguen a un nivel de coste asumible, no como el PP “nuclear sí pero no en mi pueblo”. Cambio del modelo productivo, con solvencia y sin demagogia. ¿Cómo? Educación recuperada por el Estado, autoridad del profesorado, y mejora radical de la calidad de la enseñanza pública para que vuelva a ser el ascensor social que fue en el pasado; reformas estructurales en profundidad, no los camelos de Rato; reforma laboral en línea con el manifiesto de los cien, etcétera. Este es el resumen. Ustedes deciden.

Pregunta clave: ¿Es Rosa Díez una alternativa también en lo económico?

@S. McCoy - 08/02/2010

No soy sospechoso de simpatizar demasiado con Rosa Díez ni con el partido por ella fundado, UPyD. De hecho discrepo en algunos puntos esenciales de su ideario, como el que hace referencia a la preeminencia de la voluntad democrática, manifestado a través de iniciativas legislativas parlamentarias, frente al derecho natural, que es aquél que asegura la continuidad y armonía social (punto 55, página 23 de su ponencia política, cuyo enlace les adjunto). Sin embargo, como lo cortés no quita lo valiente, he de reconocer en ella dos grandes virtudes, una de las cuales me afecta personalmente. ¿Cuáles son?

En primer lugar, su oportunismo, en el sentido menos peyorativo del término. Igual que Esperanza Aguirre logró transformar su imagen de tonta de los Gobiernos de Aznar a Dama de Hierro de la política madrileña, Rosa ha conseguido ser alternativa a los dos grandes partidos pese a un pasado pleno de derrotas electorales. Y lo ha hecho adueñándose de aquellos conceptos que deberían ser columna vertebral de cualquier interesado en la unidad y el futuro de España. Además, me gusta en segundo término su renuncia a la endogamia que caracteriza a la gran mayoría de las formaciones nacionales, permitiendo incluso que un modesto servidor acuda, en su condición de observador independiente de la realidad, a algún acto de UPyD sin cortapisa alguna al discurso a realizar o la temática a tratar. Y les garantizo que no le regalé, ni mucho menos, los oídos con mi intervención.

Aprovechando su reciente visita a El Confidencial, que ha coincidido con unos datos de la encuesta de CIS realmente buenos para UPyD, me he parado a bucear en el programa económico de su equipo, recogido en la ponencia a la que antes he hecho referencia y que nace del Primer Congreso Nacional, celebrado en Madrid entre el 20 y el 22 de noviembre del año pasado. Un documento en el que busco respuesta a las siete grandes Reformas a las que hacía referencia en mi encuentro con los lectores del viernes -a saber: de la Administración Pública, del Mercado Interior, Laboral, Educativa, Tributaria, Financiera y de la Seguridad Social- con objeto de ver las propuestas que realiza. En un momento como el actual, cualquier tercera fuerza que quiera consolidarse en tal posición ha de abordar estas cuestiones con la suficiente solvencia y ausencia de demagogia.

Lo primero que se percibe, a primera vista, es una honda preocupación por la cuarta de ellas, la de la educación, que aparece de modo transversal a lo largo de sus 71 páginas y a la que dedica un apartado específico de sus conclusiones, el Título Tercero. Una sección que, más allá de la anécdota de la defensa de una educación de la ciudadanía “constitucional” o el rechazo a la presencia de signos religiosos en las aulas (punto 127, página 50), es un compendio tal de sentido común que debería ser puesto en el frontispicio de cualquier renovación del sistema, tanto escolar como universitario, que se quisiera abordar. Se nota dónde tiene sus caladeros de militancia. Auditorías de calidad internas y externas, aumento del nivel de exigencia, limitación de permanencia, autoridad del profesorado, modificación de los requisitos de acceso al mismo, lucha contra el acoso e integración frente a multiculturalidad, entre otros, en el colegio; Bolonia con condiciones, homologación académica, eliminación del exceso de capacidad, movilidad de alumnos y profesores, pruebas de acceso y separación de docencia e investigación, por poner sólo unos ejemplos, en la facultad. Les recomiendo encarecidamente la lectura de sus 11 páginas, de la 47 a la 57.

Algo más etéreo es el contenido del Título IV, que versa sobre el cambio de modelo económico. Menos concreción y una larga serie de lugares comunes en el trabajo coordinado por el colaborador quincenal de Cotizalia con su Hablando Claro, Alvaro Anchuelo. No es un reproche; es tal la profusión de temas y los matices asociados a los mismos que, probablemente, sea imposible un mayor grado de precisión en un papel de este tipo que no es, ni pretende ser, programa electoral. Aún así, sobre los principios de competencia, eficiencia, equidad (equiparación salarial entre sexos y fomento de las ayudas a la infancia) y sostenibilidad medioambiental “para transmitir un planeta habitable a las generaciones futuras”, UPyD realiza las siguientes propuestas, que recojo en sus titulares (el orden es el del documento). Con ellas, que quedan sometidas a su juicio certero, les dejo por hoy. Buena semana a todos.



Defensa del libre mercado. El Estado ha de participar para corregir sus fallos y ayudar a la redistribución de la renta. Es complementario y no sustituto de la iniciativa privada.

Vinculación de las decisiones de carácter económico a la sostenibilidad económica del modelo a largo plazo, superando el cortoplacismo imperante en gobiernos y empresas.

Recuperación del papel del gobierno central frente a los autonómicos, aumentando así el margen de maniobra de aquél y el control sobre éstos. Destaco por su certeza: “con la actual organización territorial, es prácticamente inviable el desarrollo de una política para impulsar la salida de la crisis, pues el estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales” (punto 150, página 60).

Reforma financiera. Recogida en los apartados 152 a 156 recoge las tendencias internacionales sobre la materia. Evitación de riesgo sistémico, protección de la clientela, estandarización de productos, mejora de ratios de capital y liquidez de la banca, prohibición de los off balance y de la excesiva concentración de riesgos por parte de la misma, supervisión supranacional.

Reforma urgente del marco regulador de las Cajas de Ahorro que reduzca la participación de las AA.PP. en sus órganos de gestión. Mantenimiento de su carácter social.

Coordinación a nivel nacional de la política fiscal. Establecimiento de techo de déficit en el 3% de Maastricht. Preferencia siempre de la reducción del gasto corriente, especialmente en el ámbito regional y local, frente a las subidas de impuestos. Persecución del criterio de eficiencia en la programación de las inversiones públicas “de manera que incidan positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía” (punto 162, página 64). Mejora de las prestaciones sociales, especialmente de las no contributivas, y de la calidad de los servicios públicos.

Simplificación tributaria. Eliminación de la dualidad progresividad (trabajo)/proporcionalidad (capital) del IRPF. Búsqueda de la equidad como objetivo prioritario. Revisión del marco fiscal de los autónomos. Lucha contra el fraude fiscal con dotación adecuada de medios. Financiación privada de partidos y sindicatos.

Preeminencia de los principios de simplicidad, multilateralidad, solidaridad, suficiencia, corresponsabilidad y transparencia en la financiación autonómica con una sola meta: la igualdad entre los ciudadanos de todas las regiones del estado. Refuerzo de la recaudación central frente a la de las comunidades. Rechazo a cesiones tributarias de más del 50% de un determinado tributo. Equiparación fiscal de los distintos territorios con objeto de salvaguardar la unidad de mercado.

Reforma de la financiación local. Mayor participación de los Ayuntamientos en los tributos del estado y de las CC.AA.

Simplificación contractual en el mercado de trabajo. Unificación de sistema salarial y coste de despido, que deberá abaratarse. Mejora de las políticas activas de empleo a través de la formación y los incentivos, como reducción de las cuotas a la Seguridad Social por las nuevas contrataciones. Modificación del marco normativo de la negociación colectiva para adecuarlo a la realidad individual de las empresas. Mayor flexibilidad. Fomento de la conciliación.

Alargamiento voluntario de la vida laboral, mejora de los incentivos fiscales para la constitución voluntaria de fondos de pensiones privados, penalización fiscal a las prejubilaciones y eliminación de privilegios de determinados colectivos, como los parlamentarios, son los ejes de su reforma del sistema de pensiones.

Cambio de modelo energético alrededor de cuatro ejes: menor dependencia, mejora de eficiencia, rebaja de costes y limitación del impacto medioambiental. Hacer del mismo elemento dinamizador de la economía (empleo, I+D). Sí a la energía nuclear. Reducción de costes operativos en la producción renovable y eliminación progresiva de las subvenciones al sector. Fomento del ahorro. Aumento de la competencia a través de la simplificación tarifaria.

Restauración de la unidad del mercado interior mediante la eliminación de las barreras a la libre circulación e instalación de empresas y ciudadanos, especialmente lingüísticas. Unificación estatal del régimen de concursos públicos. Armonización normativa.

Liberalización de la economía. Aumento de la competencia. Control de las prácticas oligopolísticas. Simplificación del régimen administrativo para la creación de empresas.

Transformación del sistema nacional de innovación vinculando investigación con empresa. Participación de la financiación pública en proyectos y establecimiento de incentivos fiscales a la i+D+I. Estímulos para el retorno a España del talento profesional español que desarrolla su actividad en el extranjero.

Dinamización del mercado de alquiler con especial énfasis en la protección jurídica del arrendador.

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